Se sigue engordando la lista de allegados de la Gobernadora y Rivera Schatz para que queden con empleo en el Gobierno

La gobernadora Wanda Vázquez Garced designó a las asesoras del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Milagros Jennisca Correa y Rosario Soto como miembro asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y miembro asociada de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG), respectivamente.

Además, nombró como jueces superiores a la subsecretaria del Senado, Cristina Córdova y a los asesores Juan A. Robles Adorno y Hamed Santaella Carlo.

Asimismo, la primera ejecutiva designó al asesor legislativo de La Fortaleza, Alex López Echegaray como miembro asociado de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales y al asesor de Asuntos Municipales de La Fortaleza, Luis Roberto Rivera Cruz como juez superior.

El anuncio fue hecho tras enmendar la convocatoria a la sesión extraordinaria. Estos nombramientos ahora deben ser evaluados por la Asamblea Legislativa.

Gobernadora nombra a la judicatura al Secretario de Corrección y a su asesora legal

Wanda Vázquez. Vía Facebook.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró esta tarde como jueza del Tribunal de Apelaciones a su asesora legal, Grisel Santiago y al secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey como juez superior.

La licenciada Santiago era subsecretaria cuando la gobernadora Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia.

El nombre de Santiago saltó a la palestra pública cuando el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo que como la asesora legal de La Fortaleza llamó a la exsecretaria de Justicia, Wandymar Burgos para que detuviera la entrega de los seis referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en el caso que investiga a la gobernadora por alegaciones de que despidió a la entonces secretaria de la Familia, Glorimar Andujar luego de denunciar el mal manejo de los suministros para los afectados por los terremotos de enero.

Osvaldo Soto no se rinde, ahora quiere ser comisionado de Telecomunicaciones

La gobernadora Wanda Vázquez Garced nominó al secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto como comisionado asociado de la Junta de Telecomunicaciones.

La designación ocurre luego que Soto no tuvo los votos para ser confirmado como contralor de Puerto Rico.

Este cargo como comisionado asociado a la Junta de Telecomunicaciones había sido designado para la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián.

Sin embargo, esta semana la gobernadora retiró el nombramiento de la periodista y hoy anunció la nominación de su secretario de Asuntos Públicos al cargo.

Como comisionado asociado de Telecomunicaciones, de ser confirmado por la Legislatura, Soto será el segundo al mando de fiscalizar y reglamentar a las empresas de telecomunicaciones en la Isla.

Fortaleza tiene tapón de contratos sin aprobar, Junta Fiscal le hala las orejas porque esto afecta servicios al Pueblo

Cortesía Discover Puerto Rico

La Junta de Supervisión Fiscal urgió a La Fortaleza a terminar la revisión de más de 300 contratos en manos del secretario de la Gobernación y que por falta de su aprobación están deteniendo los servicios a la ciudadanía.

En una carta con fecha del 28 de septiembre de 2020, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, solicitó al Gobierno una lista de todos los contratos de las agencias pendientes por aprobar en la Oficina de la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La información proporcionada al 16 de septiembre de 2020 muestra que hay 615 contratos abiertos de los cuales 304 están siendo revisados por la oficina del Secretario de la Gobernación. Además, 385 contratos se presentaron antes del 1 de septiembre de 2020 y han estado bajo revisión durante un promedio de 35 días hábiles entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina del Gobernador, creando así un “tapón” en el proceso de revisión de contratos del Gobierno.

Una fuente de este portal de noticias aseguró que el “tapón” en la evaluación de los contratos en La Fortaleza se debe a que, durante el periodo previo a las primarias de partido, La Fortaleza detuvo la aprobación de todos los contratos mientras se hacía un “background check político” o una verificación de la relación que tenía el contratista con el opositor político de la gobernadora Pedro Pierluisi o si el contratista apoyaba la candidatura a la Gobernación de Vázquez Garced.

Como consecuencia, varias agencias gubernamentales no han podido retener servicios contractuales y han tenido que detener diversas iniciativas del Plan Fiscal.

Entre algunos de los casos que se han señalado a la atención de la Junta de Supervisión son:

1. Servicios de consolidación del sistema contable de las entidades de Desarrollo Económico

han estado bajo revisión desde el 30 de junio de 2020.

2. Se está revisando un contrato de tecnología y telecomunicaciones desde el 6 de agosto de

2020. Este acuerdo es para servicios relacionados con el personal administrativo y las operaciones dentro del Departamento de Seguridad Pública, que es la columna vertebral de sus servicios administrativos.

3. Una modificación del contrato de servicios relacionados con la administración general y la coordinación de trabajo de recuperación, gastos de capital, planificación, programación y asistencia pública de FEMA ha estado bajo revisión desde el 20 de mayo de 2020.

4. Se está examinando un acuerdo de servicios relacionados con el centro de datos interinstitucional desde el 29 de junio de 2020. Dichos servicios admiten varias aplicaciones gubernamentales para la Oficina de Gerencia Presupuesto, el Departamento de Justicia y el Registro de la Propiedad.

Educación gasta $84 millones en pagos a empleados que ya no trabajan en la agencia y hasta fallecidos

La Junta de Supervisión Fiscal informó que contactó a las autoridades federales y estatales para que investiguen luego de descubrir que el Departamento de Educación gastó $84 millones en pagos a personas que ya no trabajaban en la agencia y a otros que hasta habían fallecido.

Hasta el momento sólo han recobrado 15 por ciento, informó hoy la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko en una conferencia de prensa virtual.

Por su parte, el secretario de Educación, Eligio Hernández, dijo que “desde el 2017 se hizo el ejercicio de detener los pagos por depósito directo de aquellos empleados que no estaban ponchando como mecanismo para asegurar que se registrara la asistencia en los ponchadores digitales adquiridos para esos propósitos”.

Informó que el Departamento continúa haciendo las gestiones para el recobro del dinero que se haya desembolsado indebidamente.

“Desde hace cerca de trece años se ha estado llevando a cabo la transición del cambio del registro de asistencia de forma manual a una digital. Será necesario una validación y una auditoría forense para la certificación final de los balances de los empleados señalados en el proceso. El Departamento ha mostrado apertura para que se lleve a cabo la intervención”, agregó.

Dijo que su administración ha implementado una nueva política de registro de asistencia. “Esta nueva directriz, entre cosas, pretende que haya una sincronización de los sistemas de asistencia con el área de nómina. Asimismo, contiene las salvaguardas para evitar pagos indebidos de los funcionarios de la agencia”, concluyó.

AEE gasta $192 millones para proyectos que nunca se completaron

La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló hoy que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) gastó $192 millones en la compra de terrenos o desarrollo de proyectos que no se construyeron o no se completaron.

La AEE invirtió $62,205,965 en la cancelación del proyecto Gasoducto del Sur, desembolsó $31,911,596 en el proyecto Vía Verde que nunca comenzó, y pagó compras y servicios por $85,533,332 para el proyecto de conversión de unidades en la Central Cambalache, Central San Juan, Central Palo Seco y Central Aguirre, que luego canceló.

Tras dos años desde la cancelación del contrato de la AEE para el proyecto del Gasoducto del Sur, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desembolsó $51,855,640 para la adquisición de algunos de los activos y por la línea de crédito que asumió de la AEE.

De los activos, la AAA vendió 35 tubos a la AEE por $45,500, ya que éstos no podían ser utilizados para transportar agua. Los auditores de la Contraloría confirmaron que dichos tubos estaban en desuso y deteriorados en el Almacén 5 de la Central Palo Seco.

La auditoría de seis hallazgos señala también que la AEE adquirió en el 2011, dos aerogeneradores por $3,714,21. Uno de los aerogeneradores está instalado para servir a la Planta de Tratamiento de Aguas Usadas de la AAA, y el otro está almacenado en la Central Palo Seco. Los auditores hallaron que el equipo instalado también presenta problemas técnicos.

En el 2011, la AEE adquirió seis predios de terreno y edificios colindantes a las oficinas centrales de la Autoridad en Santurce por $2,140,960, que se encuentran abandonados y en desuso . De hecho, los terrenos y las estructuras no están registrados en el sistema de contabilidad de la Autoridad.

Contrario a las leyes y reglamentación vigente sobre contratación, la AEE no solicitó propuestas de al menos tres profesionales para ninguno de los servicios contratados en el desarrollo del Proyecto Vía Verde. Además, se identificaron pagos antes de formalizar contratos, y que el director ejecutivo no había presentado un contrato de cuantía mayor a $500,000 para la aprobación de la Junta. De 2009 al 2012, la Autoridad había formalizado 15 contratos y siete enmiendas.

La AEE no suministró a los auditores, las evaluaciones sobre la capacidad administrativa operacional y financiera de un contratista para desarrollar Via Verde a quien se le pagó $12,576,262. Además, desembolsó $393,630 en servicios de publicidad y planificación, en exceso a lo contratado.

Luego de 78 años de haberse constituido la Autoridad de Energía Eléctrica como una corporación pública, la División de Contabilidad no cuenta con un manual de normas y procedimientos de contabilidad.

La Oficina del Contralor exhorta a que se tome en consideración el impacto y la carga de proyectos de esta envergadura en sus presupuestos. Los proyectos que comprometen los presupuestos presentes y futuros, pueden representar una carga financiera en momentos de crisis fiscal como la que se vive desde la aprobación de leyes que declaran el estado de emergencia fiscal en Puerto Rico desde el 2006.

Este informe de la AEE cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018.

Empate entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado Altieri en encuesta

Una encuesta de El Nuevo Día reveló que tanto Pedro Pierluisi como Charlie Delgado Altieri tienen índices de apoyo estadísticamente equivalentes, es decir, prácticamente iguales. Si las elecciones fueran hoy, Pierluisi recibiría el 38% de los votos, mientras Charlie Delgado Altieri tendría el 37% de los sufragios. La tercera posición la ocuparía Alexandra Lúgaro con un 13% de los votos, mientras Juan Dalmau estaría en una cuarta posición con el 6%. César Vázquez estaría en quinta posición con el 1% y Eliezer Molina en sexta posición con el 0.1% de los votos.

Fuente: El Nuevo Día

Representante PNP le da jugoso salario a empleada por asesoría de imagen y contrata a su compadre a $70 la hora

Vía Facebook

El representante, Urayoán Hernández, defendió ayer el sueldo de $7,200 de una de sus empleadas quien en un red social dice ser asesora de imagen en la Cámara. Aunque el legislador dijo que tiene otras funciones nunca pudo justificar por qué su empleada cobra más que él. Simplemente se limitó a decir que la fémina tiene más funciones que él. El compadre de bodas también figura como contratista del legislador. El hombre que es dueño de una hielera y de una compañía que da servicios de construcción cobra $70 la hora por acompañarlo a repartir becas, a viajes y hasta por supervisar trabajos para poner postes.

Fuente: Telemundo PR

Investigarán posible incumplimiento de la Policía con protocolo de secuestro en caso de Rosimar

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, ordenó una investigación administrativa cuyos resultados revelan si la uniformada cumplió con el protocolo establecido en caso de que se reporten secuestros. La pesquisa surge a raíz de denuncias sobre el caso de Rosimar Rodríguez. Familiares y usuarios en las redes sociales acusaron a la uniformada de comenzar la búsqueda de la joven días después de haberse reportado la desaparición.

Fuente: Primera Hora