La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detecta alrededor de 12,000 usos indebidos del servicio al año. La corporación pública los identifica a través de su sistema operativo y, en menor escala, mediante confidencias.
Estas ilegalidades conllevan multas, que oscilan entre $250 y $5,000.
El dato surge como parte del debate público que ha generado el desarrollo de viviendas ilegales en la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos, en Salinas. Informes periódicos han documentado que las residencias ubicadas en el lugar cuentan con servicio de agua y de luz. La invasión de estos terrenos de la reserva natural y la destrucción del mangle han provocado que Acueductos, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Justicia investiguen cómo estas personas adquirieron los servicios de agua potable y de energía eléctrica.
Fuente: El Vocero
