Alcaldes de los dos partidos de mayoría han utilizado la figura jurídica de las empresas municipales a conveniencia, y las han convertido en extensiones de las alcaldías para evadir regulaciones, al argumentar que son entidades privadas.
Según la contralora Yezmín Valdivieso, muchos de los alcaldes designan a empleados del ayuntamiento para realizar labores en las empresas municipales, a pesar de que, por ley, esas plazas no deben ser cubiertas por servidores públicos. Valdivieso también recomendó que se obligue a las empresas municipales a registrar y remitir a la OCPR los contratos que otorguen.
