¿Tiene el Congreso la autoridad para negarle a Puerto Rico y a otros territorios beneficios de asistencia social?
Esta pregunta sirvió de guía a los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Estados Unidos, que hoy celebró una vista para escuchar argumentos relacionados al caso Vaello-Madero, que involucra la extensión del beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés) a los residentes de Puerto Rico. Este programa federal ofrece asistencia económica a personas de escasos recursos, ciegas, incapacitadas o mayores de 65 años que residen en los estados, Washington DC y las Islas Mariana del Norte.
Durante la audiencia, algunos jueces expresaron preocupación de que un fallo amplio a favor del trato igual o de la extensión del programa a Puerto Rico alteraría numerosas políticas federales que diferencian a los territorios y de los estados.
Como parte de la discusión también afloró la situación colonial del archipiélago, la quiebra gubernamental y la confusión que genera la ambigüedad el Estado Libre Asociado, actual estatus de Puerto Rico.
La audiencia arrancó con una breve exposición del procurador general adjunto, Curtis Gannon, quien planteó que era racional dejar en manos del Congreso la decisión de decidir si correspondía extender el SSI a Puerto Rico. Pese a que reconoció que el principio de igual protección de las leyes aplicaba en este caso, justificó el trato diferente que recibían los puertorriqueños debido a la autonomía fiscal de la Isla, que no paga impuestos federales.
Afirmó que tanto la Corte Federal en Puerto Rico como el Primer Circuito de Apelaciones erraron al concluir que era inconstitucional no extender ese beneficio a los residentes de Puerto Rico porque violaba el principio de igual protección de las leyes consagrado en la Constitución de Estados Unidos.
“Corresponde la Congreso hacer ese balance entre impuestos y beneficios. Ya el presidente pidió al Congreso extender los beneficios del SSI a los residentes de Puerto Rico”, afirmó.
Como parte de las medidas de asistencia social incluidas en el proyecto de reconsideración presupuestaria, el presidente Joe Biden solicitó extender el SSI a la Isla a partir del 2024. Esa medida está pendiente de aprobación.
A pesar de la posición de Biden, su administración defendió la exclusión insistiendo en que se trata de un asunto de política que corresponde atender al Congreso. Pero varios jueces mostraron escepticismo al cuestionar la “justificación racional” para dicha política.
En su turno, Gannon enfrentó preguntas sobre el alcance de la clausula territorial y su fundamento para permitir las acciones del gobierno federal; así como de los casos insulares, que concluyeron que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos.
“No creo que afecte el análisis de la Corte… Los casos insulares eran sobre si diferentes partes de la Constitución aplicaban de forma distinta a los territorios”, apuntó a preguntas del presidente de la curia, John Roberts.
En otro momento, el juez Neil Gorsuch preguntó ¿por qué no admitimos que los casos insulares de resolvieron de forma incorrecta?.
“La posición del gobierno en los casos insulares es que algo de ese razonamiento y de esa retórica son obviamente anatema y lo ha sido por décadas”, indicó.
La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor machacó en el asunto del trato diferente y la justificación económica para la exclusión puesto que se trata de un programa federal, que no contempla costos para los estados.
“Los puertorriqueños son ciudadanos y la Constitución les aplica a ellos”, apuntó. “Esas personas indigentes son tratadas de forma diferente a los indigentes en los 50 estados”, agregó Sotomayor.
El juez Stephen Breyer abordó la confusión que crea la relación de la Isla con Estados Unidos y mencionó el Estado Libre Asociado, que mencionó en español.
“Nadie sabe exactamente qué es eso”, esgrimió.
Como parte de esa línea de preguntas, Gannon aseguró que el gobierno “no le dijo algo a las Naciones Unidades que no era cierto” e insistió en la autonomía fiscal y política de Puerto Rico. Pero el juez replicó “ese es el mismo gobierno en bancarrota”. Continuó enumerando la Ley Promesa, la quiebra gubernamental y la Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso para tomar decisiones por la Puerto Rico.
Gannon aseguró que la ley era temporera en lo que Puerto Rico recuperaba su solidez fiscal.
El abogado de José Luis Vaello-Madero, Hernann Ferré repasó los inicios del caso. Resumió que Ferré vivía en Nueva York, donde recibía el beneficio del SSI. Luego de mudó a la Isla y continuó recibiendo el beneficio hasta que las autoridades revocaron la ayuda. También lo demandaron para recuperar los $28,000 desembolsados desde que se mudó a la Isla pese a que se encuentra incapacitado y no puede trabajar.
“La decisión del Congreso de excluir a los pobres e incapacitados de Puerto Rico se apoya solamente en la premisa falsa de que viven fuera de Estados Unidos”, indicó el letrado.
“Es simplemente irracional tratar a Vaello-Madero diferente solo porque ahora vive en Puerto Rico”, abundó.
Apuntaló también que esta situación afecta a todo ciudadano estadounidense que se muda al archipiélago. Aunque el Congreso apruebe la legislación propuesta por Biden, este caso no muere a menos que no se elimine la exclusión de forma retroactiva.
