Amigo del Gobernador suma nuevo abogado a pesar de declararse culpable en el foro federal

El contador público autorizado Joseph Anthony Fuentes Fernández reforzó su representación legal con la contratación de un exfiscal federal luego de que se declaró culpable el pasado el pasado 5 de mayo.

Ese día también se declaró culpable el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico, que Fuentes Fernández creó para promover la campaña en contra de los contrincantes políticos de su amigo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Según una anotación en el “docket” del caso, el licenciado Peter Koski del bufete Covington & Burling LLP, con sede en Washington D.C.,  se sumó al equipo legal compuesto por los abogados Joaquín Monserrate Matienzo y José Aguayo.

El perfil de Koski en la página web del bufete indica que representa a empresas y personas involucradas “en asuntos gubernamentales y de cumplimiento regulatorio sensibles y de alto riesgo e investigaciones internas”.

Koski formó parte del equipo de fiscales que procesó al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y encabezó el equipo que acusó al exsenador Héctor Martínez y al senador estadounidense Bob Menéndez. Perdió los tres casos de alto perfil.

El pasado 18 de julio presentó una moción para unirse a la defensa a través de un trámite conocido en inglés como “pro hac vice” o una admisión de cortesía puesto que no tiene autorización para practicar la abogacía en Puerto Rico.

La vista de sentencia de Fuentes Fernández y de Salvemos a Puerto Rico estaba pautada para el 15 de agosto ante el juez federal Joseph Laplante, pero quedó aplazada para el 26 de agosto a las 9:00 a.m. 

Fuentes Fernández y el Súper Pac se declararon culpables de mentir en los informes presentados ante la Comisión Federal de Elecciones para encubrir los donantes reales de dicho comité de acción política, que apoyaba a Pierluisi Urrutia.

El ahora convicto también grabó conversaciones como parte de un operativo encubierto del caso de Bancrédito International Bank & Trust, según reveló la acusación presentada la semana pasada en contra de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, del dueño del banco Julio Herrera Velutini y del exagente del FBI, Mark Rossini.

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