El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adelantó que mañana ofrecerá los detalles de la extensión del contrato de LUMA Energy, a pesar de que existen diferencias sobre el trámite que debe seguir la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para refrendar ese acuerdo.
El director ejecutivo de AAPP, Fermín Fontanés Gómez, y Pierluisi Urrutia apoyan la permanencia del operador privado, pero los líderes camerales han expresado su oposición a ese acuerdo para la administración de red eléctrica y han anticipado que pedirán a sus dos representantes ante el cuerpo rector, que voten en contra de la extensión.
Actualmente LUMA opera el sistema de transmisión y distribución mediante un contrato suplementario que expira automáticamente el 30 de noviembre.
Por eso, esta tarde la Junta de Directores de la AAPP se reunirá para evaluar una petición de Fontanés Gómez para extender dicho suplementario. Pero según el análisis legal que acompaña la solicitud, ese cuerpo rector puede tomar la decisión en una votación de mayoría simple y sin el aval de los dos miembros del interés público.
La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, y dos personas en representación del interés público Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.
Ambos representantes del interés público fueron nombrados por Pierluisi Urrutia. Ferrer Ríos representa al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y Ortiz Camacho representa al presidente de la Cámara de Representes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
Ante el choque, Hernández Montañez y Dalmau Santiago solicitaron una reunión con el primer ejecutivo, que se celebra en la Fortaleza previo al cónclave de la Junta de la AAPP, para buscar algún tipo de acuerdo.
Esta mañana, luego de evento en Santurce, Pierluisi Urrutia avaló el análisis del director ejecutivo de la AAPP, que se apoya en una enmienda a la Ley de las Alianzas Público Privada. Esa enmienda del 2017 establece que las decisiones de la Junta de Gobierno se puede tomar por mayoría simple y no por mayoría extraordinaria como estipulaba el estatuto originalmente.
Pero el lenguaje confuso de esta enmienda junto a otras disposiciones de la Ley de Transformación del Sistema Eléctrica han provocado una controversia legal entre el Ejecutivo y el Legislativo, que amenaza con desembocar en los tribunales.
“La extensión del contrato no conlleva una enmienda al contrato. No conlleva una nueva transacción que requiere ese voto a favor de ambos representantes”, apuntó el gobernador a preguntas de la prensa.
“Si terminara en los tribunales, yo estoy confiado de que los tribunales estarían fallando a favor de la posición de la Rama Ejecutiva. No nos adelantemos. Vamos a ver que tal nos va en esa reunión, siempre está la posibilidad de que llegamos a algún tipo de consenso y eso voto afirmativo lo pueden dar los dos miembros que representan al presidente del Senado y la Cámara”, añadió.
El 1 de junio de 2021 inició contrato suplementario que estableció un término de 18 meses para que la corporación pública atendiera la restructuración de su deuda y entrara en vigor el acuerdo o contrato a 15 años. Ese término acaba el 30 de noviembre próximo. Desde el inicio, el acuerdo pactado entre las partes ha recibido críticas porque no exige al operador privado invertir ni un solo centavo de su propio capital. También establece tarifas fijas y contempla reembolsos de gastos de entretenimiento para los directivos de LUMA.
Recientemente, la organización CAMBIO advirtió que lejos de ahorros, el contrato de LUMA supone un aumento en gastos para el gobierno por la abultada lista de consultores y asesores legales que tiene el consorcio canadiense para compensar por la falta de peritaje para administrar la red eléctrica. Según el análisis de CAMBIO, el consorcio privado gastó $100 millones en asesoría, que se sumó a los $117 millones que recibió por hacerse cargo del sistema de distribución y transmisión.
En octubre pasado, una Comisión cameral concluyó que el contrato de la privatizadora es “leonino e ilegal”, pero el Departamento de Justicia evaluó el contrato y le dio su visto bueno.
