El Tribunal de Apelaciones falló en contra de las legisladoras de Proyecto Dignidad (PD), senadora Joanne M. Rodríguez Veve y representante Lisie J. Burgos Muñíz en su intento de conseguir una orden judicial para detener la implantación del currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza.
El Apelativo concluyó que las legisladoras no tenían legitimación para presentar la demanda porque las actuaciones del Ejecutivo están permitidas bajo la Ley 62 de 2017 para “la integración de la comunidad educativa en un proyecto de reflexión y acción para lograr la equidad de género”y porque no presentaron ningún fundamento para sustentar que habían sufrido un daño con esas actuaciones ejecutivas.
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