El Senado aprobó una medida que enmienda la Ley del Departamento del Seguridad Pública de Puerto Rico con el fin de aclarar los derechos o beneficios que ostentará un exgobernante, para establecer que no disfrutará de los beneficios de escolta si decide renunciar al cargo y además, eliminar la discreción del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico para proveer escoltas a un exfuncionario.
