Pese a que aspiraban a presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), los tres candidatos evaluados y descartados por los comisionados electorales para ocupar ese cargo violaron el Código Electoral -la ley rectora de la institución- al votar fuera de su precinto electoral.
Hasta el momento solo había trascendido que el juez Jorge Rivera Rueda votó en un precinto en Cidra a pesar de que reside en el municipio de Caguas en las pasadas elecciones generales.
Pero este portal de noticias confirmó a través de dos fuentes que la actual presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, y el juez Raúl Candelario López también emitieron su sufragio en un colegio de votación que no les correspondía.
Según las fuentes, el dato afloró durante las entrevistas realizadas por los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. Como parte de las reglas del juego, el Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitó que no se divulgaran los nombres de los candidatos entrevistados para evitar que se les marcara como militantes de la colectividad.
Previo a la evaluación de los comisionados electorales, los candidatos y candidatas atravesaron por un proceso de evaluación interno del PNP. Luego el gobernador y presidente de la Palma, Pedro Pierluisi Urrutia, escogió a sus favoritos y los sometió a la consideración de la oposición.
Ninguno de los tres candidatos logró el consenso de los comisionados electorales, quienes solicitaron a Pierluisi Urrutia que presentara nuevos candidatos o candidatas. Pero el Presidente de la Palma descartó esa ruta. En cambio, sometió a la Asamblea Legislativa la nominación del juez Rivera Rueda para presidir la CEE y del juez Edgar Figueroa Vázquez para el cargo de presidente alterno.
De inmediato, la designación de Rivera Rueda recibió la censura de la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, quien aseguró que dicha infracción a ley electoral lo inhabilitaba para ocupar el cargo.
Ayer, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago, informó que la Asamblea Legislativa no evaluará las designaciones porque objeta el proceso establecido de selección establecido en el Código Electoral, aprobada por la mayoría del penepé el cuatrienio pasado a cuatro meses de las elecciones generales, y que algunos expertos en derecho aseguran viola la doctrina de la separación de poderes.
La decisión ahora recaerá sobre el Tribunal Supremo, cuya mayoría estadista debate la posibilidad de nombrar a sus propios candidatos.
