El proceso de selección del próximo administrador del programa de farmacia del Plan Vital quedó pendiente luego de que la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES) determinó pedir información adicional a las empresas que participan en el proceso de licitación, informó el portavoz de la agencia Ramón Alejandro Pabón.
“No se adjudicó. Todavía está en evaluación. Lo que se hizo fue pedir información adicional como parte del proceso de evaluación”, indicó.
Los licitantes tenían hasta el viernes 13 de noviembre para entregar la información. Ahora corresponde a la Junta escoger una fecha para la próxima reunión y adjudicar el contrato. Según Pabón, la Junta todavía no ha determinado cuándo se reunirá nuevamente.
Indicó también que el director de ASES, Jorge Galva, se inhibió de participar en el proceso y delegó en la subdirectora ejecutiva, Roxanna Rosario la presentación del informe con recomendaciones al cuerpo directivo.
“Lo hizo por transparencia”, respondió sobre la razón de la inhibición.
Cinco empresas participan en el proceso de licitación de servicios profesionales para administrar el contrato anual de $44 millones, que incluye el programa de farmacia y el programa de reembolso de medicamentos y que cubre a 1.5 millones de personas. El nuevo contrato entraría en vigor el 1 de febrero de 2022.
Este proceso de petición de propuestas para la administración del programa de farmacia surgió de una auditoría de la Oficina de Contabilidad General (GAO, en inglés) porque la misma empresa, MC21, administra el programa desde hace 16 años.
La Junta de Directores de ASES tiene 11 miembros, entre ellos, el comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, y el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.
Esta reunión del miércoles debía celebrarse la semana pasada, pero quedó aplazada en medio de una pugna legal entre ASES y la Administración de Servicios Generales (ASG), que solicitó a la corporación pública información del trámite a raíz de una queja que recibió y que cuestionaba el proceso de solicitudes de propuestas, según una investigación del programa Cuarto Poder, que WAPA Televisión transmite los martes.
La controversia giraba en torno Al alcance de la Ley 73 de 2019, que centralizó el proceso de compras y servicios del gobierno.
Inicialmente, ASES rechazó entregar la información del proceso, que indicó realiza de forma ciega o anónima, y cuestionó la jurisdicción de la ASG para fiscalizar e intervenir en el trámite. Argumentó que su única participación en el proceso se limitaba a elaborar el Registro Único de Profesionales.
Por eso, la ASG acudió al tribunal para reclamar la entrega de los documentos que necesitaba para evaluar si la petición de propuesta cumple con los criterios de servicios profesionales que reclama ASES o si se trata de un trámite de compra que debe realizarse a través de la agencia.
Finalmente, ASES entregó la información y la ASG desistió de la acción civil.
