Asociación Puertorriqueña de la Judicatura critica decisión de la jueza presidenta del Supremo

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos Salgado Schwarz, levantó bandera hoy sobre la decisión de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, luego que anunció la reasignación de los casos de violencia de género en la Región Judicial de Caguas.

La decisión de la jueza presidenta ocurre ante reportes que hicieron sobre la jueza Ingrid D. Alvarado Rodríguez, jueza municipal en Caguas, que atendió una Vista de Causa para Arresto al amparo de la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal en el caso de Andrea Ruiz Costas.

“Ordenar una investigación contra una jueza por ejercer la discreción que le otorga el puesto al cual fue nombrada, sin concederle un ápice de debido proceso a esta funcionaria, resulta en un ataque a la dignidad de la toga que representa nuestra profesión”, sostuvo el juez.

“Retirar a un magistrado de la sala que preside, y para la cual ha recibido adiestramientos especializados, por tomar una decisión antipática y para la cual nadie ha solicitado revisión, infringe el principio de independencia judicial que los Cánones de Ética Judicial promulgan”, sostuvo.

Salgado Schwarz añadió que “es importante que la respuesta institucional no sea más perjudicial que el mal que pretende resolver”.

Se une el Colegio de Abogados y Abogadas

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó preocupación por las acciones de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz sobre el manejo del caso de Andrea Ruiz Costas en el Tribunal de Caguas, ya que estiman se envía el mensaje equivocado de que los jueces tienen que ceder a la presión ciudadana.

“Debemos recordar que la función judicial se rige por unos cánones de ética y un compromiso de verticalidad y justicia, lejos de presiones indebidas o influencias por el clamor público. Las expresiones de la Honorable Jueza Presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz además de mencionar una preocupación genuina sobre la situación que atraviesa el país, emite juicios y da directrices sobre la función ejercida por un honorable juez lo que a nuestro juicio envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y ejerce una presión indebida sobre los juzgadores de futuros casos de solicitudes de ordenes de protección y delitos de ley 54”, expresa el Colegio en declaraciones escritas.

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