Causa para arresto contra el Alcalde de Mayagüez y la directora de finanzas del municipio

La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto del alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, y de la directora de Finanzas del ayuntamiento Yahaira Valentín Andrades por supuestamente defraudar al municipio de $9 millones en fondos legislativos destinados para mejoras al hospital de trauma.

La vista preliminar quedó pautada para el 14 junio. El Programa de Servicios con Antelación al Juicio difirió la fianza de $100,000 impuesta a cada imputado. Ambos tendrán que presentarse a la Oficina del Panel para el Fiscal Especial Independiente este viernes para el fichaje.

Específicamente, los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada presentaron denuncias por un cargo de negligencia en el cumplimiento del deber y otro de malversación de fondos públicos. Ambos se exponen a 8 años de cárcel.

Los cargos están relacionados a los fondos legislativos y no a las transacciones realizadas a través de la empresa municipal Mayagüez Economic Development (MEDI) y que desembocaron en la presentación de cargo contra siete personas.

Rodríguez Castro divulgó su determinación tan pronto el ministerio público y la defensa compuesta por los abogados Harry Padilla Martínez y Ramón Parga Cuevas culminaron sus argumentaciones y pareció tomar por sorpresa al alcalde, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo.

Colón Ortiz inició su exposición indicando que los delitos imputados no requerían el elemento de beneficio sino que imputaban el uso indebido de fondos públicos para inversiones no autorizadas y el ocultamiento de ese trámite.

“Recibieron un dinero de unas resoluciones conjuntas destinadas a terminar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez y ese dinero se depositó. Se enviaron unos cheques trimestralmente y se depositó en una cuenta de resoluciones conjuntas. Varios años después no se habían utilizado y se hace una transferencia de este dinero a un banco en Estados Unidos a manera de una inversión”, argumento el fiscal especial.

“La Ley de Municipios Autónomos provee para que se hagan inversiones, pero no pueden utilizar un dinero que está destinado por Legislatura para un propósito para hacer otro. Eso fue lo que hicieron. La prueba es que la señora Yahaira llenó una documentación de Banco Popular y se envió ese dinero a un banco en Nueva York y puso de beneficiario a MEDI y a la persona que iba a hacer la inversión. Se desprendieron de $9 millones. Se lo dieron a unas personas privadas. ¿Qué pasó? Se lo tumbaron. Se lo robaron”, añadió.

 Aseguró que esa actuación constituyó un acto ilegal e impropio puesto que no iba acompañado de un plan de inversiones o de cotizaciones. Según Colón Ortiz, el trámite se realizó mediante “un papelito”.

Cuestionó que los $1.8 millones que el ayuntamiento recibió posteriormente fueran realmente el resultado de los intereses devengados por la inversión.

“Quién se cree eso. Quién se cree que $9 millones pueden dejar $1.8 millones en tres meses”, apuntaló.

Planteó también que la Junta de Directores de MEDI nunca aprobó la transacción y que los imputados comenzaron a cubrir sus acciones cuando se percataron que había una investigación federal en curso y la Oficina del Contralor comenzó a auditar las finanzas del ayuntamiento.

Durante la argumentación reconoció que el municipio recibió $4 millones como parte de una transacción que logró un bufete privado contratado por MEDI para recuperar el dinero de la inversión fallida.

“Eso no los devolvieron las personas que se lo apropiaron. No los devolvieron las personas que hicieron esa transacción. Los devolvió un tercero con una responsabilidad vicaria, pero qué pasa. Los cheques llegan a nombre de MEDI y peor aún se le ha pagado la friolera de $1.2 millones de la transacción de $4 millones a los abogados, un 30%. La Ley de Municipios Autónomos provee que no se puede cobrar más de un 10% en honorarios contingentes, como los chavos no son de ellos y como había metido la pata”, subrayó.

En una larga exposición, el licenciado Padilla Martínez, quien representa al alcalde, desmenuzó los cargos imputados para asegurar que no se configuraron los elementos de los delitos imputados porque su representado había sido timado y posterior al timo tomó medidas para recuperar el dinero de la inversión fallida.

Apuntó que el alcalde procuró asesoramiento financiero de sus exasesores Eugenio García Jiménez, Roberto Mejill Tellado y Arnaldo Irizarry Irizarry; así como del entonces director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández para tomar sus decisiones. Todos enfrentan cargos a nivel federal por el caso del fraude con las inversiones de MEDI.

Señaló también que la Oficina de la Contralara auditó las finanzas del ayuntamiento y que no realizó ningún señalamiento.

“La impresión del alcalde es que todo estaba funcionando completamente normal”, afirmó.

“Cuando viene esa investigación federal en marcha se alerta el municipio de la situación y comienza el proceso de indagar y ¿qué resulta? Resulta que al alcalde y al personal de la oficina del alcalde los han timado al extremo que el gobierno federal tiene que iniciar un proceso que culmina en el año 2021 con la radicación de cargos penales contra siete personas y dentro de esas siete personas están cuatro que eran los funcionarios del municipio a cargo de la inversión”, agregó.

Ante esa situación, según el abogado, el alcalde tomó medidas para recuperar el dinero del timo, que enfatizó se realizó tan bien que tomó tiempo a las autoridades estatales y federales identificarlo.

“El municipio sacó de sus arcas $9 millones y el municipio recibió en sus arcas más de $9 millones porque aún pagando honorarios quedaron los $9 millones”, insistió el letrado.

Además, refutó la alegación del pago indebido a los abogados que recuperaron los $4 millones al aclarar que esa contratación se realizó a través de MEDI, una corporación municipal a la que no le aplica el límite del 10% de los honorarios de abogados.

Finalmente argumentó que se trataba de un caso selectivo porque en los 43 informes de auditoría que presentó en evidencia quedaba demostrado que esos municipios también habían usado fondos para un propósito diferente al asignado y no se les encausaba sino que se les pedía recuperar el dinero. Además, indicó que el caso federal desvinculó a su representado de la comisión de delito.

El licenciado Parga Cuevas acogió los planteamientos de su colega y argumentó brevemente que la Ley de Municipios Autónomos permitía las inversiones y que su representada actuó conforme a sus deberes.

Los fiscales especiales sometieron su caso con las declaraciones juradas de Wanda Said Pérez, una oficial de la Oficina de la Contralora y de Alfred Soto, un empleado del ayuntamiento. También presentaron para la evaluación de la jueza una certificación de la presidenta de la Legislatura de Mayagüez, indicando que no existía una ordenanza para la transacción de $9 millones, documentos para establecer la jurisdicción del caso, una certificación de Instituciones Financieras “de que la compañía que se utilizó para hacer la transferencia de dinero a unos bancos fuera de Puerto Rico no tenía licencia para realizar este tipo de transacción al momento de la transacción” y una carpeta llamada “expediente de resoluciones conjuntas”.

El licenciado Padilla Martínez presentó tres carpetas con 43 informes de auditoria de la Oficina de la Contralora y diversas certificaciones municipales que enumeró para récord.

Parga Cuevas no presentó prueba, pero argumentó sin éxito que la jueza carecía de jurisdicción para atender el caso, que debía realizarse en Mayagüez y no San Juan. Además, planteó que las denuncias imputaban un “quid pro quo” entre los imputados que nunca existió.

En una exposición inicial, reveló que el ministerio público realizó una oferta de inmunidad a su representada, pero el fiscal especial Ortiz Colón aclaró que “lo que pedimos a doña Yahaira es que hiciera una oferta de prueba para ver si su testimonio nos servía y ella decidió permanecer en silencio”.

Fuera de sala, el fiscal Colón Ortiz subrayó que si el alcalde hubiera cumplido con la Ley “estas cosas no ocurren”.

“Se recuperó un dinero del SEC (Comisión de Intercambio y Valores) que llega a $4 millones, de los cuales $1.2 millones se lo pagaron en honorarios de abogados”, indicó el fiscal.

¿Es falso lo que dice el licenciado Padilla de que se recuperaron más de $9 millones?, preguntó este medio.

“Es totalmente falso. Tan reciente como unas semanas atrás volvimos a pedir a finanzas de Mayagüez que nos certificara el dinero recibido y no llega a lo que alega. Nuestra prueba y lo que tenemos acreditado es que se recibieron $4 millones a través del SEC”, apuntó.

Padilla Martínez indicó que la evidencia no sostenía la determinación de causa.

“Hay varias partidas. La primera partida de $1.8 millones que se devolvió. Hay tres partidas adicionales, una que suma $4 millones brutos de una institución financiera de Estados Unidos. Otra partida que suma $4 millones y algo y otra partida del Securities Exchange Commission, que impone una multa a las instituciones financieras de $700,000 y pico y dice que como el municipio no tuvo culpa y no incurrió en actos de negligencia y que fue que los timaron, el Securities Exchange Commission no retiene para sus fondos la multa sino que se la devuelve al municipio. Cuando sumas todas las partidas te suman más de $9 millones”, apuntó el abogado.

“Va a surgir una controversia bien seria en el proceso porque hay certificaciones del municipio que acreditan que se recibió en las arcas del municipio y que esa cuenta está al día”, agregó.

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