Contratistas del patio advierten pueden quedar fuera de reconstrucción de la red eléctrica

Hace cinco meses LUMA Energy pactó con el International Brotherhood of Electrical Workers Local 222 (IBEW 222), sindicato que representa a los empleados de la empresa, que toda la mano de obra para realizar los proyectos de construcción de la red eléctrica saldrá de las filas del gremio.

Pero ese acuerdo laboral preocupa a los contratistas del patio, quienes aseguran que este pacto evitará que participen en los trabajos para mejorar el sistema eléctrico del país, que se financiará con una partida de $10,510 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó el año pasado, y tendrá un efecto inflacionario que afectará adversamente la industria de la construcción local.

El acuerdo laboral firmado el pasado 18 de marzo establece que el sindicato “proveerá empleados calificados y eficientes para la construcción de todos los proyectos”. También establece escalas salariales, que van desde los $66 la hora para un foreman o capataz hasta $18.88 para un ayudante, que constituye el salario más bajo.

Además, estipula que el contratistas contratados para la obra tendrán que aceptar y honrar “los términos y condiciones” establecidos en el acuerdo “para comenzar a trabajar”. 

Ante su preocupación, miembros de la Asociación de Contratistas Generales emplazaron hoy al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para procure cambios en el acuerdo, que los obligaría a contratar con la IBEW 222, sindicato al que se integró la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (Uitice) luego que LUMA asumió la administración de la red eléctrica el pasado 1 de junio.

“En el lenguaje del PLA se establecen escalas de paga las cuales son exponencialmente más altas que las actuales en la industria, como por ejemplo $64 la hora para un foreman eso es sobre $120,000 al año, sabiendo que el 90% de las empresas de Puerto Rico son open shop y reconociendo el impacto inflacionario que este tipo de acuerdo tendría en la construcción privada”, apuntó el presidente de la ACG, Umberto Donato, en el preámbulo de su pregunta al mandatario.

“La imposición de este tipo de PLA (acuerdo) no tan solo atenta con dejar fuera de la construcción a la mayoría de las empresas locales sino también expondría a que roben los empleados de las empresas que no trabajan para LUMA creando así un efecto inflacionario que causaría verdaderamente efectos devastadores en los costos y la viabilidad de otros tipos de proyectos que no sean de la red eléctrica”, agregó.

Al reconocer la situación, Pierluisi Urrutia dejó claro que el contrato que cedió la administración de la red eléctrica a LUMA, le otorgó la responsabilidad de “supervisar” el uso de los fondos federales.

Indicó también que ya planteó al presidente de LUMA, Wayne Stensby, la preocupación por el alcance y los efectos del acuerdo, pero no indicó si Stensby expresó algún reparo o se mostró abierto a la posibilidad de alguna excepción.

“Le exhorté que si fuera posible que no le aplicara a todo el personal que labora en estos proyectos, a todos los proyectos, a todas las empresas, ¿por qué? Esto quizás lo tenga que negociar con el IBEW porque esto es otro mercado totalmente diferente y no debe ser así que aplique automáticamente a todo el personal no importa quien sea”, apuntaló el mandatario. 

“Vamos a ver si eso se logra algún tipo de excepción que se ajuste a las realidades del mercado de Puerto Rico”, añadió.

Pero también trató de minimizar al impacto del acuerdo al insistir en que los trabajos de renovación de la red eléctrica se realizará en etapas y que la asignación de fondos para esos proyectos formaba parte de una inversión de fondos federales que excederá los $69,000 millones.

“Son obras que van a tardar 4 o 5 años. No será todo mañana y no van a acaparar todo el mercado. Aquí van a haber un montón de otras obras, si algún personal va a laborar en esas, quizás sea el mejor pago en Puerto Rico. Pero el que no labore en esas, tiene que laborar en algún otro proyecto o se queda desempleado y va a recibir la paga que el mercado pueda ofrecer para el resto de los proyectos en Puerto Rico”, aseguró el gobernador.

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