El contrato para privatizar la operación y el mantenimiento de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) impone una nueva carga económica a la corporación pública, que podría redundar en un aumento en la factura de la luz, advirtió el representante de los consumidores Tomás Torres Placa en su voto disidente.
“Mediante este acuerdo, se contrata a un tercero para la operación, mantenimiento y el “decommissioning” de las plantas térmicas existentes de la AEE. Este acuerdo conlleva un pago fijo anual más un pago de incentivos en seis áreas: Eficiencia de Costos Operacionales; Factor de Disponibilidad Equivalente; Cumplimiento en Seguridad; Cumplimiento Ambiental; Desarrollo de Informes; y Ahorro de Combustible. Este costo se une al costo del operador del sistema de transmisión y distribución, lo cual limita los recursos financieros de la AEE para
enfrentar sus demás obligaciones, resultando en posibles aumentos en la tarifa”, señaló Torres Placa en la explicación que acompañó su decisión y que la Junta de Gobierno de la AEE hoy colgó en su página de internet.
En su voto disidente, el ingeniero argumentó que el acuerdo resulta innecesario porque la AEE invirtió de sus recursos para estabilizar el sistema de producción de energía y tiene un plan para atender los retos que enfrenta ante la fragilidad de su infraestructura.
“El grupo ejecutivo de la AEE ha realizado mejoras significativas al sistema de generación lo cual va a ser suplementado por generación de emergencia temporera por FEMA para estabilizar el suplido de energía mientras se realizan trabajos de mantenimiento en las unidades principales de mayor capacidad en la isla, por lo que ya existe una ruta seguir en cuanto al mantenimiento y reparación de las unidades”, apuntaló.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó una partida de $9,500 millones para reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso de los huracanes Irma y María. También otorgó cerca de $2,000 millones para mejoras de emergencia y recientemente autorizó otros $700 millones para tomar medidas para estabilizar el frágil sistema eléctrico, como establecer barcazas de generación temporeras.
Ayer, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó el contrato en una reunión que se extendió unas dos horas. El presidente del cuerpo Fernando Gil Enseñat, Carlos Yamín Rivera, Gerardo Lorán-Butrón y Memphis Cabán Rodríguez avalaron el acuerdo para que el consorcio Genera PR, administre las plantas generatrices de la AEE por un término de 10 años en una movida que crearía un monopolio privado en la producción de energía. Solo Torres Placa rechazó el acuerdo y pidió que se divulgara su voto disidente.
La aprobación del contrato tomó impulso, luego de que la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) convocara una reunión el domingo para aprobar de forma unánime la transacción. En esa votación, los llamados representantes del interés público, Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, avalaron el contrato tras incorporar “enmiendas” al acuerdo de administración y operación solicitadas por los líderes legislativos.
Pese a que se les conoce como representantes del interés público, ambos abogados fueron recomendados y representan al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Por tanto, la transacción cuenta con la bendición de la Pava, aunque su reglamento interno rechaza la privatización de servicios esenciales.
El presidente cameral y el presidente del Senado inicialmente expresaron reparos ante la transacción, pero la semana pasada revelaron que darían su aval al contrato si se acogían seis recomendaciones, que incluían medidas para bajar la factura de la luz y de protección a los empleados de la AEE para evitar el desplazamiento ocurrido cuando LUMA Energy asumió la administración del sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica.
Pero conforme afloran detalles del acuerdo, que no exige al operador privado invertir un centavo de su propio capital en la operación, crecen las preocupaciones de que el contrato tenga las mismas deficiencias que el acuerdo de LUMA Energy, que no tiene garras para su fiscalización.
En su exposición escrita, el ingeniero Torres Placa también apuntó que el contrato no tenía garantías suficientes para los empleados de la corporación pública, que pasarían al operador privado, aunque ofrecía mejores condiciones que las contenidas en el contrato de LUMA. El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, había reconocido que el contrato no contemplaba una cláusula de patrono sucesor.
Censuró la falta de transparencia que ha permeado durante el proceso. Mencionó, por ejemplo, que el Negociado de Energía no facilitó un proceso de consulta abierto con participación ciudadana. El Negociado ni siquiera informó que había aprobado el domingo pasado el certificado de cumplimiento, dando el visto bueno al contrato. Ese dato trascendió ayer de manera incidental durante la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE.
Torres Placa también recalcó que nuevamente la AAPP quedaría a cargo de la administración del contrato a pesar de su falta de pericia y los problemas que ha confrontado para fiscalizar el contrato de LUMA Energy.
Ahora el contrato pasa a la Oficina del Gobernador que tiene un plazo de 30 días para la firma. Esta función, según El Vocero, se le delegó a la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales.
La Junta de Control Fiscal revisará las últimas enmiendas, pero ya había dado su aval al borrador original.
Organizaciones ambientales como Queremos Sol y Cambio han rechazado la transacción, mientras que algunos legisladores del PPD han pedido cuentas a sus líderes por apoyar el contrato. El Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Proyecto Dignidad y el representante independiente Luis Raúl Torres también se oponen al contrato, que técnicamente liquidaría la AEE.
El rechazo surge, entre otras razones, por la trayectoria de New Fortress Energy, que forma parte del consorcio Genera PR, y no cuenta con experiencia en la administración de un sistema del tamaño de la AEE. También existen señalamientos de conflicto de interés ya que New Fortress tiene un contrato de $1,500 millones para suplir gas natural a la AEE y a la vez mantiene una disputa con la AEE por incumplimiento con dicho contrato. A pesar de que la empresa señaló al periódico El Vocero que ha cumplido con ese acuerdo, la AEE reclama una deuda de $35 millones. Además, ha surgido preocupación porque la transacción daría a la empresa acceso a información de competidores.
Mira el documento aquí: Voto Disidente Tomás Torres Placa
