Departamento de Justicia continuará procesamiento del expresidente de la legislatura municipal de Caguas

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) emitió una  resolución, el pasado 18 de mayo, mediante la cual concedió al Departamento de Justicia  90 días para iniciar una investigación preliminar contra el expresidente de la Legislatura  Municipal de Caguas, José R. Torres Torres, al amparo de la Ley 2 – 1988, conocida como  la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Así lo informó el secretario  de Justicia, Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández.  

Posteriormente, la OPFEI concedió una prórroga de 90 días adicionales, conforme a dicho estatuto, que establece la jurisdicción del organismo para procesar casos de corrupción  pública. A pesar de esto, en el día de ayer la OPFEI regresó el caso a Justicia por entender  que carece de jurisdicción para investigar.  

“No es hasta ahora que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente  determina que no asumirá jurisdicción, por lo que el Departamento de Justicia continuará los procedimientos relacionados con la investigación y procesamiento del caso, como lo  hemos hecho en todas las investigaciones que tenemos activas fuera del ámbito de la Ley  2 de 1988”, confirmó Emanuelli Hernández. 

Desde el pasado 1 de marzo, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor  (DIPAC) del Departamento de Justicia notificó a la OPFEI el inicio de la evaluación de un  referido contra Torres Torres por el uso indebido de propiedad y servicios públicos para  beneficio personal. 

“Se informó a la OPFEI debidamente quienes eran las partes querellantes y querelladas,  los cargos que ocupaban, así como en qué consistían las alegaciones contenidas en el  referido. No obstante, ante la nueva decisión, continuaremos el proceso en el  Departamento de Justicia”, aclaró la fiscal Yolanda Morales Ramos, directora de la  DIPAC.  

“La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia está muy activa  investigando casos de corrupción al amparo de la Ley 2 de 1988 y otros estatutos. De  hecho, ha completado más investigaciones que en años anteriores. “Es un mal que  combatimos en distintos niveles y continuaremos incrementando esfuerzos para  erradicarlo”, añadió el secretario. 

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