Tres casos que han sonado en la prensa internacional reflejan la poca fiscalización que ha tenido el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para con los individuos que han llegado a aprovecharse del decreto de Individuo Residente Inversionista (IRI), que otorga la Ley 22 y que ahora cobija la Ley 60.
Esta ley ha estado bajo lupa durante las pasadas semanas y se realizaron vistas públicas para un proyecto en el Senado que busca hacer más rígidos los requerimientos de inversión para estos individuos, a quiénes el gobierno ahora mismo no les requiere mucho más que la compra de propiedades para recibir los incentivos
Miremos primero el caso de Giovanni Feroce, un exlegislador de Rhode Island que llegó a Puerto Rico en el 2019, se hizo residente y comenzó a beneficiarse de los incentivos tipo IRI, dónde no paga impuestos sobre ingresos, compró un edificio en Quebradillas con vista al mar, el San José Hills, e intenta desde diciembre pasado sacar de ahí a sus residentes, para convertir la estructura en una mina de alquileres de lujo tipo AirBnB.
El caso de Feroce en Quebradillas fue reseñado en Puerto Rico por la periodista camuyana Bianca Graulau. Feroce, incluso, explicó en entrevista con Graulau cómo fue que arribó a Puerto Rico y cuán sorprendido se encontraba con la renta de vivienda asequible que los inquilinos de San José hills pagaban en aquel momento.
Pero lo que parece que no sabía el DDEC y su Oficina de Incentivos, que aprobó su decreto de IRI, es que Feroce llegó a Puerto Rico a la vez que tenía deudas con el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés).
Un reportaje del Boston Globe de finales de abril de este año señala que Feroce, de Newport, Rhode Island, debe $1.23 millones en impuestos en este estado, en el cual recibió 3.5 porciento de los votos durante la primaria a la Gobernación del Partido Republicano en 2018.
Esta lista del División de Impuestos de Rhode Island coloca a Feroce como el segundo individuo más moroso en la lista de evasores para el pasado año fiscal en Rhode Island, debiendo la friolera de $ 1,232,476.96. La lista contiene el nombre, la dirección y el monto de la morosidad de cada contribuyente malapaga, incluidos los intereses y las multas. Los intereses se han devengado hasta el 21 de febrero de 2021.
Un reportaje de 2017 del Providence Journal resaltó también que el nativo de la localidad de West Warwick fue expulsado abruptamente en marzo de 2014 de la multimillonaria empresa conocida como Alex and Ani, que pertenece a la joyería Cranston. En aquel entonces, Feroce había comprado BENRUS, una marca de relojes de estilo militar, y prometió convertirla en una etiqueta global de mil millones de dólares. También, resalta el artículo del Providence Journal, lanzó un equipo de baloncesto semiprofesional, invirtió en un club nocturno de Florida, se hizo cargo de una revista publicitaria local, inició una empresa de inversión, financió a músicos locales, patrocinó un torneo de golf y apareció en un lanzamiento para un programa de televisión de realidad empresarial, llamándose a sí mismo “El arreglador” o The Fixer.
Pero este imperio que una vez tuvo Feroce en el más pequeño de los estados de la unión americana, de repente se vio asedidado por acreedores. Ha recibido demandas y gravámenes de parte del ayuntamiento de Newport, del IRS, de exempleados y de varios proveedores. Tanto la revista de publicidad como el night club en la Florida se fueron a la quiebra previo al 2017, mientras que buscaba nuevo capital para su marca de relojes BENRUS, según reportó el Providence Journal.
A pesar de que los informes del IRS son públicos y hay varios reportes de prensa que indican que Feroce, a quién apodan ‘John’, presenta problemas financieros desde 2014, el DDEC señaló que no encontró nada que les pareciera sospechoso en la verificación de sus antecedentes.
“Como toda solicitud de Individuo Residente Inversionista, (IRI) se obtuvieron dos background checks y de ninguno surgió convicción por delito grave contributivo. Si ese hubiese sido el caso, tal hecho hubiera constituido razón de peso para denegar la solicitud. Y ante la eventualidad de que el peticionario hubiese recurrido a un foro judicial, entenderíamos que la denegación se hubiera sostenido, por el factor de convicción reciente de delito grave contributivo”, articularon.
Entonces, está el caso de Aaron Vick. Luego de un escándalo de inicio de pandemia que lo vinculaba a un fraude por venta de pruebas para el COVID, Vick demandó en el foro federal a la Oficina de Servicios para Antelación a Juicio, alegando violaciones a la cláusula constitucional de privilegios e inmunidades. En la demanda, este señor, beneficiario de Ley 22, indica claramente que tiene su residencia en Virginia, y no en Puerto Rico.
Vick volvió a cobrar protagonismo durante el pasado mes, al asomar su cabeza en una de las vistas del Proyecto del Senado 684, que empuja el senador Juan Zaragoza en pos de darle más fiscalización a estos decretos de IRI. Un peculiar intercambio se suscitó en aquella vista senatorial, entre el licenciado Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos de Desarrollo Económico, y la senadora María de Lourdes Santiago.
“Esta persona [Vick] se hizo muy conocida en el país porque es uno de los coacusados junto a Juan Maldonado, del fraude para la compra de pruebas COVID, no es exacamente el tipo de persona que queremos que venga a Puerto Rico…”, comenzó la senadora Santiago
“¿A usted no le levantó bandera? ¿Dónde está la auditoría de Aaron Vick?”, prosiguió.
“Las auditorías emitidas, como hemos establecido, se tomó una muestra de 482 casos, y e sa es la auditoría que se está haciendo… Esa información si nos la hace llegar…”, respondió Fontán, antes de ser atajado por la senadora.
“¿Si se las hago llegar? Pero si eso estaba en las noticias, eso fue en noviembre del año pasado, esto fue el escándalo de las pruebas Covid, hay gente q esto le ha costado el título, hay acusasiones… Mi pregunta, licenciado, ¿usté no conocía el caso de Aaron Vick, que había alegado residencia en Virginia? ¿Sí o no? ¿Sí o no, licenciado?”, fustigó Santiago.
“ Pero por eso trabajamos en equipo, usté me pasa la información…”, contestó Fontán.
“Mire lo que pasa, licenciado… de las noticias mas impactantes de este país ha sido lo de las pruebas de Covid. Este señor – Sale en primera plana – alegó en el tribunal, a mi no me traten porque yo soy residente en Virginia… Y el Departamento de Desarrollo económico y Comercio si yo no se lo digo en una vista pública no se enteran…”, ripostó Santiago.
“Tomaremos las medidas correspondentes…”, dijo Fontán.
“¿Cuáles serán esas medidas?”, indagó Santiago.
“Y así como hemos revocado 257 decretos, eh…”, expresó Fontán.
“Pero hoy, no tienen la auditoría de Aaron Vick… Esta persona es residente en Puerto Rico, es residente en Virginia y el DDEC no ha tomado acción y su decreto está vigente… No tengo más preguntas”, puntualizó Santiago.
Posterior a esto, el DDEC informó a Cuarto Poder que “Aaron Vick no cuenta con decreto vigente de Ley 22”.
“Pero es bien importante no caer en la generalización de ciertos programas de incentivos, como este. Máxime cuando más allá de opiniones, los estudios realizados sobre los mismos establecen que la Ley 22 ha sido positiva para nuestra economía. Según hemos indicado, la fiscalización es primordial para el DDEC y estamos tomando acción al respecto. Para que tengan una idea, en poco menos de año y medio hemos revocado 257 decretos de Ley 22. En los 9 años previos, se revocaron 29. Más aún, aquí hay empleados públicos que día a día trabajan arduamente en estos esfuerzos y se desmoralizan ante premisas donde se generaliza y se resta mérito a la labor titánica fiscalizadora que se está realizando”, agregó la agencia que dirige Manuel Cidre.
A principios de junio, trascendió que Vick se entregó a a las autoridades, pues en su contra pesaba una orden de detención, luego de que la jueza Iraida Rodríguez Castro encontrara causa para su arresto e impusiera una fianza global de $200,000 el pasado 4 de noviembre.
Precisamente, fue en aquella vista senatorial que el DDEC estableció que en vez de realizar una auditoría a cada uno de estos decretos IRI, la ley les cobija para que se realicen una muestra de 492, de un total de 4863 decreta emitidos. Es decir, en 10 años que lleva la ley el Gobierno recientemente comenzó a auditar poquito más del 10 % de quienes han llegado a comprar propiedades a diestra y siniestra bajo la sombrilla de la Ley 22.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo reveló en junio del del año pasado que, en casi 10 años, el DDEC no auditó a las 3,311 personas amparadas por la Ley 22, a pesar de que estaba obligado a hacerlo por ley desde 2015. No verificaron los informes anuales que los concesionarios presentaban cada año, la única herramienta de supervisión de la agencia. En junio del año pasado, el DDEC envió, por primera vez, 1,086 notificaciones de incumplimiento a los concesionarios de la Ley 22 que no presentaron sus informes. En aquel momento, el CPI indicó que una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.
Oye, ¿y qué del caso de Brock Pierce? Pierce, un critpo-mesías que desde chiquito quiere ser presidente, consiguió un trampolín desde Borinquen para incrementar sus ingresos en bienes raíces.
Pierce, el niño actor de The Mighty Ducks que creció hasta volverse el señor Bitcoin, un ‘Jesucripto’ de portadas de Rolling Stone que habló en el New York Times de un embeleco llamado Puertopia, no es extraño a los escándalos.
Se le vincula incluso con Jeffrey Epstein, aquel señor de la red pedófila que era pana de Trump y que terminó suicidándose, pero eso es otro cuento, aun cuando la gente se lo escriba en las paredes de su edificio.
Llegó a Puerto Rico en 2013 velando la güira de la Ley 22 y ahora pulula por el archipiélago adquiriendo propiedades y terrenos en lugares estratégicos y de alto valor turístico. En 2018 compró el Museo del Niño por casi tres millones y el año pasado adquirió el antiguo hotel W en Vieques. También, en el 2020, justo antes de la pandemia, compró el monasterio más antiguo de Las Américas, una edificación de siglo 17, de nueve habitaciones, ubicada en el 250 del camino de la Calle del Cristo, a un costo de 5 millones de chelitos.
“Va a ser un club. Mi vecino es el Gobernador de Puerto Rico”, le dijo al NY Post Pierce, del Bitcoin Foundation, quien también busca remodelar una antigua iglesia en el East Village en Nueva York, y un edificio histórico de 1746 en Amsterdam.
Pierce hizo su torta con las criptomonedas y la empresa de blockchain, Block.One, que para 2019 había vendido más de $200 millones de dólares de una moneda virtual cuya circulación ya se estima en al menos cinco mil millones de dólares. Además, ha cuadrado su lanzamiento formal en la política, junto a manduletes como Steven Bannon, notorio exalicate de Donald Trump, entre sus asesores.
Oigan, pero no es que Pierce retará a Pierluisi o que le quiere quitar la alcaldía a Miguel Romero.
No, no. Si con Pierluisi andaba en la Fortaleza en febrero luego de recibir tremendo abucheo en medio del bochinche de Miss Mundo, y a Romero le donó $2,800 pesitos en el 2020, una chavería para este magnate digital con pinta de jockey de hipódromo en concierto de Draco Rosa, quien tan reciente como hace un mes también adquirió una propiedad aledaña al Lago Carite en Guayama.
Ante nuestros cuestionamientos sobre la manera en que Pierce lanzó su carrera política en Vermont mientras reside en Pe Erre, la oficina de Incentivos del DDEC explicó vía email que “bajo los parámetros de la Constitución de Estados Unidos, Pierce es elegible para ser candidato al Senado de Estados Unidos aun residiendo en Puerto Rico, siempre y cuando sea residente de Vermont el propio día de las elecciones”.
“Si resulta electo, acepta el cargo y finalmente se traslada al Estado que lo eligió, perdería su estatus como residente bona fide de la Isla, lo que daría lugar a un proceso de revocación del Decreto de Individuo Residente Inversionista, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley”, explicaron.
Pero… reportes recientes indican que, cuando radicó su candidatura para senador en Vermont, Pierce estableció que residía en ese estado y no en Puerto Rico. A Pierce intentamos conseguirlo por teléfono y mensaje de texto, pero pichó mejor que Roger Clemens cuando se puyaba anabólicos. Incluso, Jay Fonseca le tiró en Twitter cuando vio que se puso goloso con la prensa, pero lo único que recibió fue un corito sano de coquíes y grillos.
Los chavos que pierde Puerto Rico por no cobrar impuestos a estos millonarios
Mientras los cabilderos y un sector del Gobierno cantan las cuestionables loas de la Ley 22, en un documento del propio Departamento de Hacienda – su Informe de Gastos Tributarios para el Año Fiscal 2023 – se establece en números todo lo que ha perdido Borinquen gracias a esto.
En la tabla 4 de la página 33 de ese documento de Hacienda, se indican los ingresos sacrificados en forma de incentivos y exenciones de impuestos. Según este renglón del Informe de Gastos Tributarios para el Año Fiscal 2023 – y que incluye los costos para los años 2017-2022 – la Ley 22 le costará al pueblo en ingresos no devengados $342 millones en el año fiscal 2023. Y esto es luego de costarle $337 millones en el año fiscal 2022. Eso es más del 70 % del lo que el fondo general le asignó a la Universidad de Puerto Rico: $441.2 millones.
Mira ese informe aquí:
Claro, que todo esto sucede debido a que hay un movimiento de cuello blanco y con muchas conexiones en el Gobierno que empuja para que no se aprueben medidas más fiscalizadoras en la Ley 22, legislación que también tiene un sector en contra, pues buscan derogarla.
Previo a salir al aire en televisión con esta historia nos comunicamos vía email con Giovanni Feroce, buscando una reacción sobre esta historia, pues tan cercano como en abril de este año, el IRS lo tenía como el segundo deudor más moroso en el estado de Rhode Island, dónde figura con una deuda de impuestos de $1.2 millones.
Y, qué elegancia la de Francia… el señor Feroce, ni corto ni perezoso, respondió amablemente a nuestras inquisiciones, con sosiego y armonía, indicando que esto ha sido un error del Gobierno que espera sea corregido “con suerte para fin de año”.
Aquí está ese intercambio:
Cu4rto Poder: ¿Cómo describiría el background check al que lo sometió la Oficina de Incentivos de Desarrollo Económico? ¿No ve conflicto en venir a aprovecharse de un decreto en otra jurisdicción cuando tiene una deuda millonaria de impuesto en su antigua jurisdicción de residencia?
Giovanni Feroce: “El elemento que menciona es un error y una vez corregido (con suerte para fin de año; la pandemia causó enormes retrasos en los procedimientos), con gusto le enviaré los resultados.
Aparte de eso, me mudé a Puerto Rico porque había oído hablar de su visión de futuro en lo que respecta a Blockchain, la Ley 20/22 fue solo un beneficio que permitió un interés aún mayor en generar inversiones en la isla.
Mi experiencia como filántropo está bien documentada y no puedo permitir que un informe erróneo de un problema en el pasado me distraiga del trabajo de mi vida creando empleos y ayudando a las personas.
Todo lo mejor para usted y su publicación. Espero poder contribuir de muchas maneras positivas ahora y en el futuro”.
Además, Feroce también incluyó varios enlaces que demuestran su labor filantrópica y política, el más reciente correspondiente al año 2013, en Rhode Island. Se los dejamos a continuación:
https://www.golocalprov.com/news/rhode-islands-man-of-the-year1
http://www.davincicenter.org/2013/images/pdf/DAV-GFEROCE-BIO-WEB.pdf
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