El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó una demanda presentada por dos operadores de gimnasios contra la gobernadora Wanda Vázquez en la que cuestionaron la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva que prohíbe su apertura durante la pandemia.
De acuerdo al Tribunal, “surge de la normativa constitucional aplicable que ante un estado de emergencia provocado por la propagación pandémica de un coronavirus novel, para la cual la información y los criterios científicos se desarrollan continuamente y de manera dinámica, el Estado tiene amplia latitud para tomar decisiones de política pública y establecer clasificaciones económicas como las que se impugnan en el caso”.
“Tras incluso realizar todas las inferencias posibles su favor, no es posible concebir un escenario en el cual la parte demandante o la parte interventora puedan demostrar que ante el aumento exponencial y progresivo en los casos de contagios y muertes por causa del COVID-19 en Puerto Rico y el mundo ahora mismo, el cierre temporero de los gimnasios —entre otros comercios que propician la conglomeración de personas— sea claramente arbitrario o que el Estado carezca de interés legítimo o racional alguno para haber tomado dicha determinación”, agregó el juez.
