En cinco años la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios, la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, y la Ley 273 reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico han creado alrededor de 33,000 empleos y han aumentado en 2 por ciento la actividad económica en la Isla.
Estos son los datos a los que concluyó el economista José Caraballo Cueto en un estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Los datos analizados comprenden el periodo del 2012 al 2017.
Caraballo Cueto sostuvo “este estudio confirma que el impacto de las leyes 20, 22 y 273 del 2012 ha sido positivo pero modesto, y se proveen recomendaciones para explotar el potencial de éstas y mover a los participantes a realmente invertir y promover la actividad económica”.
Entre las recomendacione está: condicionar la participación bajo la Ley 273 y la Ley 20 a la creación de al menos 10 nuevos puestos de trabajo no existentes previamente.
Además, establecer una tasa impositiva mínima sobre la ganancia de capital para la Ley 22 del 12 por ciento y aumentar los impuestos a la propiedad para las propiedades de lujo y así evitar el problema del aprovechamiento gratuito.
“Las inversiones en bienes raíces en la residencia principal no deben considerarse parte del requisito de inversión. De manera similar, las segundas residencias ubicadas en áreas de más rápido crecimiento como el Viejo San Juan, Isla Verde y subdivisiones en Dorado, Vieques y Gurabo, entre otras, no deben contar para los requisitos de inversión. Muchas de estas áreas aún califican para los Incentivos de Zonas de Oportunidad”, sostuvo el economista que además es profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.
“Al desalentar las inversiones en áreas de crecimiento más rápido, el Gobierno controla las burbujas de precios que pueden perjudicar a los propios inversores”, agregó.
Caraballo Cuento recomienda además establecer un impuesto mínimo para las corporaciones bajo la Ley 20 y 273 del 10 por ciento. “Esta tasa es más baja que la que pagan las corporaciones en Irlanda6 y mucho más baja que la tasa impositiva corporativa legal en Puerto Rico”, destacó.
Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, dijo que se debe exigir la entrega anual de los documentos 1040R y 940R para conocer de forma actualizada la nómina real de los inversionistas con decreto.
“Esa exigencia de la 1040R y la 940R va a ser clave para poder monitorear por fin si, en efecto, están creando o no los empleos, si cumplen o no cumplen y si merecen el decreto o se les revoca. Definitivamente, la fiscalización tiene que ser más activa. Hacia eso hemos dirigido los esfuerzos en estos meses”, manifestó Cidre.
El titular del DDEC adelantó que discutirá todas estas recomendaciones con el gobernador Pedro Pierluisi.
Mientras, el director ejecutivo de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán, detalló que gracias al proceso de cumplimiento con los decretos establecido, se han identificado y notificado a 1,086 individuos sobre posibles incumplimientos.
