La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga si la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres Rodríguez incurrió en un conflicto de interés al solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que concediera un indulto total a su pareja Edwin Domínguez Torres.
Pero al momento, la OEG no investiga imputaciones relacionadas al alegado incumplimiento del deber de Torres Rodríguez, quien ha estado inmersa en una controversia pública por pegarse tenedores al cuerpo alegando que está imantada por vacunarse contra el COVID-19. La cabildera devenga un salario de $90,000 al año y tiene derecho a reclamar $30,000 en gastos por abogar por la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. La ley que creó la delegación congresional exige que trabaje a tiempo completo. Por esta última controversia, voces dentro del Partido Nuevo Progresista han comenzado a exigir su renuncia.
Hoy, en entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV), el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, explicó que su agencia investiga una queja que recibió en septiembre pasado planteando un posible conflicto de interés por usar su posición para pedir una clemencia ejecutiva, pero no ofreció detalles adicionales para no afectar la investigación.
“Sí, la oficina tiene una investigación sobre ese asunto en particular”, señaló.
Domínguez Torres es el exesposo de Alexandra Lúgaro y extinguía una pena de cinco años por violar una orden de protección a favor de la hija de la excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero antes de dejar el cargo, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced le extendió un indulto condicionado que requiere que permanezca bajo arresto domiciliario por un término de dos años, entre otras restricciones.
En septiembre pasado, Pierluisi Urrutia confirmó que evaluaba una petición de indulto que Torres Rodríguez realizó durante una visita a La Fortaleza tras ganar la elección especial y convertirse en cabildera por la estadidad.
Pérez Vargas también señaló que espera a que el Departamento de Justicia culmine la investigación que realiza tras recibir una carta del Consejo Ejecutivo de la Juventud Demócrata de Puerto Rico, que solicitó a la agencia que inicie el proceso de destitución de Torres Rodríguez puesto que en su primer informe de logros pidió al gobernador la disolución de la delegación congresional, que tildó de un “embeleco” cuyo gasto no se justificaba.
Apuntó que esto evitaba la duplicidad de esfuerzos y garantizaba que quedaran claras las líneas de jurisdicción de las posibles infracciones cometidas por la cabildera.
“Estamos mirando las redes y lo que acontece. En este asunto particular, la investigación está activa en Justicia y podemos colaborar de la misma manera en que hemos hecho referidos en otros casos, lo podemos hacer ahora. En este asunto particular, la oficina atiende otros aspectos de los delegados”, apuntaló.
La cabildera colgó un vídeo en sus redes sociales pegándose tenedores al cuerpo, mientras pedía a los padres y madres que no vacunaran a sus hijos contra el covid. También participó en un programa de entrevistas para mostrar el alegado magnetismo de su cuerpo debido a la vacunación, alegaciones que han sido descartadas por la comunidad científica.
“Si surgiera de ella o de algún otro delegado o cualquier servidor público un asunto cuando toquen los informes financieros en mayo, bueno eso es una jurisdicción de entrada de la oficina y se investiga y se hacen requerimientos de surgir alguna situación”, agregó.
