Hasta el momento, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se prepara para juicio y anticipa que sentará a declarar a unos 5 testigos.
Así lo indicó esta tarde su abogado, Osvaldo Carlo Linares, durante una vista con antelación al juicio ante la jueza federal Aida Delgado Colón.
“En este momento, a la espera de que el gobierno nos entregue la totalidad del descubrimiento de prueba, mi cliente parece estar listo para ver su caso en un juicio”, afirmó Carlo Linares a preguntas de la togada sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Durante la video conferencia, que se extendió unos 10 minutos, el fiscal Nicholas Cannon apuntó que el ministerio público había entregado toda la evidencia en su poder y que la próxima semana entregaría la prueba que se extrajo de un celular ocupado durante el arresto de Pérez Otero.
“No usamos ese material para la acusación”, apuntó el fiscal.
Cannon también aseguró que el desfile de prueba del ministerio público se extendería una semana y que estimaba que utilizaría de 10 a 15 testigos.
“Esto es un caso fáctico”, apuntaló.
Ante los asuntos que quedan pendientes, la jueza Delgado Colón pautó otra vista para el 5 de julio a las 3:00 p.m. Ese día la defensa el acusado deberá informar si continúa con su plan de ir a juicio y se escogerá la fecha del proceso judicial.
En una vista previa, el fiscal federal Scott Anderson había informado que la evidencia del caso era robusta y que no descartaba alguna negociación. En esa audiencia, detalló que había entregado a la defensa tres vídeos y cinco o seis grabaciones de llamadas telefónicas, que mostraban al acusado recibiendo sobornos del otrora contratista del ayuntamiento Oscar Santamaría Torres.
Pérez Otero enfrenta cargos por participar en un esquema de sobornos para enriquecerse. La acusación federal en su contra imputa delitos de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales (kickbacks), así como soborno y extorsión por recibir $5,000 mensuales desde finales del 2019 hasta mayo pasado. Por los delitos imputados, se expone a una pena de hasta 35 años de cárcel.
La acusación no identifica al contratista pero consigna que era dueño y tenía interés financiero en una compañía de construcción. Posteriormente la entonces vicealcaldesa del ayuntamiento, Luis Colom García, identificó la empresa como Island Builders y ordenó la cancelación del contrato que mantenía con el municipio. La empresa es otro frente corporativo vinculado a Santamaría Torres, quien hizo alegación de culpa en noviembre pasado y coopera con las autoridades federales.
