La presidenta de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, confirmó hoy que esa oficina concedió inmunidad al presidente de Apex General Contractors, Robert Rodríguez López, luego que el empresario accedió a colaborar con los fiscales especiales independientes.
Rodríguez López figura como el segundo testigo de cargo en las denuncias presentadas en contra del licenciado Juan Maldonado de Jesús y de Aaron Vick, quienes enfrentan cargos criminales por su participación en la fallida compra de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno durante los primeros días de la pandemia.
“Una de las personas que también iba a ser acusada, el señor Robert Rodríguez está cooperando. Tenemos una persona a quien se le concedió inmunidad y que está aportando información”, apuntó en entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos, que WAPA Televisión transmite diariamente.
Ayer, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Manuel Nuñez Corrada y Juan Catalá Suárez presentaron cargos contra Maldonado de Jesús y Vick por supuestamente actuar en concierto y común acuerdo para presentar una resolución corporativa falsificada de Apex, que autorizaba a Vick a representar a la empresa en la venta de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por un valor de $38 millones.
La jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para el arresto de ambos. En el caso de Vick, ordenó su arresto porque los cargos se presentaron en ausencia puesto que los fiscales especiales no dieron con su paradero.
El Departamento de Justicia investigó preliminarmente la malograda venta, pero recomendó al PFEI no asignar un fiscal especial independiente para realizar una investigación a fondo. Pero el Panel ordenó una investigaciónque desembocó en la presentación de cargos en contra de Maldonado de Jesús y de Vick. Los fiscales, sin embargo, no presentaron cargos en contra de los funcionarios públicos involucrados en la transacción, que se aprobó de manera rápida en los primeros días del lockdown ordenado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El Departamento de Hacienda desembolsó un depósito de $19 millones, que llamó la atención del banco Oriental, que paralizó el trámite tras activar sus protocolos de seguridad internos. Apex es una empresa que se dedica a la construcción y no manejaba esa cantidad de dinero.
“Ciertamente existe prueba que podría apuntar a responsabilidad de otras personas, pero lo que sucede es que no basta con tener prueba para superar una etapa de Regla 6 o de determinación de causa para el arresto. La prueba con la que tienen que contar los fiscales antes de presentar cargos en los tribunales, es aquella que ellos entiendan que se puede sostener más allá de duda razonable, sino hay ese quantum de prueba los fiscales no lo van a presentar”, respondió Cotto Vives sobre la razón para imputar delitos a los funcionarios que participaron en la polémica transacción.
“A ellos (Maldonado de Jesús y Vick) se les responsabiliza por las actuaciones en las cuales incurrieron, obviamente esto no descarta que si ellos tienen información que quieran aportar, así lo hagan”, añadió en otro momento.
Las denuncias presentadas ayer en contra de Maldonado de Jesús y de Vick indican que Maldonado de Jesús falsificó la firma del presidente de Apex en una resolución corporativa para autorizar a Vick a representar la empresa ante el gobierno.
“Como demuestra la prueba, Juan Maldonado y Aaron Vick resultaban beneficiados con las ganancias y dineros producto del contrato gubernamental”, reza una de las denuncias.
El ministerio público cuenta con 18 testigos, entre ellos, el exsecretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.
La defensa de Maldonado de Jesús, ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, impugnó la jurisdicción de los fiscales especiales y anticipó que acudirá al Apelativo en un intento por revocar la decisión de ayer. Según la licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Alberto Rivera Ramos, los fiscales carecen de facultad para presentar las denuncias porque la Ley de la Opfei solo le permite acusar personas privadas cuando participan como coautores junto a un funcionario público. De lo contrario, esa facultad de encausamiento recae sobre el Departamento de Justicia, que en este caso recomendó archivar el caso.
