Según la Declaración Informativa aprobada por la jueza Laura Taylor Swain hasta el pasado 13 de junio, los gastos y honorarios legales, financieros y de consultores de los casos de Título III totalizaron $939,137,623.49.
En contraste, según la JSF, la reestructuración por concepto de bonos ha resultado en un alivio de unos $27,500 millones por principal e intereses dejados de pagar.
La JSF alega que el gobierno central también verá otros $932 millones en ahorros como resultado de la anulación de la Ley 129 el estatuto que condonaba a los municipios, el pago de la aportación a la reforma de salud y las pensiones.
