El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia indicó hoy que su administración acudirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos para impugnar la determinación de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, quien anuló la reforma laboral que entró en vigor en junio pasado.
En su sentencia del 3 de marzo, la jueza Taylor Swain consignó que “es indiscutible que el Gobernador nunca ha proporcionado a la Junta Fiscal una certificación de que la Ley 41, que se promulgó el 20 de junio de 2022, es o no es consistente con todo el período del Plan Fiscal 2022”.
Pero hoy, luego de balbucear un poco ante las preguntas de la prensa, el primer ejecutivo rechazó esa conclusión.
“La jueza lo que básicamente, aparentemente entiende es que no se cumplió con todos los requisitos de (la Ley) Promesa. Pero déjeme ser claro. Primero que nada, aquí se sometió la certificación exigida en promesa bajo la sección 204 de la Ley, una certificación en la que el ejecutivo dice que este proyecto de enmiendas a la reforma laboral no era significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado por la Junta. Segundo, no una, dos entidades del gobierno certificaron que la medida no tenía impacto fiscal significativo. Es decir, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Tercero se sometió un estudio sobre el impacto macroeconómico de la medida. La firma Devtech preparó el estudio”, afirmó Pierluisi Urrutia al concluir un anuncio oficial en Hato Rey.
Taylor Swain señaló que el Gobernador en vez de presentar la debida certificación ante la Junta de Control Fiscal optó, en vez, por proporcionar “supuestas certificaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de Hacienda relacionadas a los efectos en los gastos e ingresos de esas unidades gubernamentales para 2021-2022, el año anterior a la promulgación de la Ley 41”.
Tras la anulación del estatuto ha surgido preocupación entre patronos y empleados del sector privado sobre el alcance de la decisión, que tiene carácter retroactivo. Algunas empresas, por ejemplo, han planteado la posibilidad de exigir el recobro del bono de navidad, mientras los empleados temen que se vuelvan a ajustar los días de vacaciones y el periodo probatorio.
Al defender la reforma laboral, el gobernador señaló que desde su aprobación hace nueve meses han subido la tasa de empleo y los recaudos del gobierno.
“Vemos que el empleo ha crecido sustancialmente. Vemos que los recaudos de Hacienda ha crecido sustancialmente y vemos que la economía ha crecido sostenidamente o sea que los hechos comprueban que teníamos y tenemos la razón. ¿Dónde va a acabar esto? Esto va a acabar en una solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, apuntaló.
En pasados días, el senador popular y potencial candidato a la gobernación Juan Zaragoza Gómez acusó al gobierno de Pierluisi Urrutia de aprobar leyes para las gradas y luego darle una especie de veto tácito al no defenderlas adecuadamente ante la Junta de Control Fiscal. Por eso, exigió la renuncia de Omar Marrero Díaz, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y cuya oficina tiene la responsabilidad de cumplir con los requerimiento de la Ley Promesa.
“Aquí constantemente nuestra agencia fiscal, la Aafaf, está sometiendo informes. La Junta a veces recibe un informe y no es de su agrado. Pide otro informe y nosotros hacemos el esfuerzo de cumplir con sus requerimientos. Pero llega el momento en que uno dice ‘ya’ y toma una decisión”, indicó el gobernador.
