A 10 días para que expire el contrato suplementario de LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró hoy que toma medidas para evitar la cancelación del acuerdo de operación de la red eléctrica.
Ante un reclamo de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa para que no extienda la vigencia del contrato, el primer ejecutivo despachó la petición como un “asunto trillado” y señaló que los detalles de la extensión del polémico acuerdo se divulgarán próximamente.
“La decisión se anunciará antes de final de mes que es cuando vence el contrato suplementario. Como yo he dicho, lo que queremos evitar es precisamente una cancelación porque sería nefasta. Es realmente una pesadilla”, apuntó en rueda de prensa en Yauco.
¿Da por sentado que se va a extender ese contrato?, preguntó la prensa.
“No nos adelantemos. Vamos a ver qué es lo que se decide exactamente. Pero sí yo estoy evitando, yo estoy haciendo todo lo posible por evitar una cancelación”, respondió.
El 1 de junio de 2021 inició contrato suplementario que estableció un término de 18 meses para que la corporación pública atendiera la restructuración de su deuda y entrara en vigor el acuerdo o contrato a 15 años. Ese término acaba el 30 de noviembre próximo. Desde el inicio, el acuerdo pactado entre las partes ha recibido críticas porque no exige al operador privado invertir ni un solo centavo de su propio capital. También establece tarifas fijas y contempla reembolsos de gastos de entretenimiento para los directivos de LUMA.
“Está trillado el asunto. Ya básicamente se ha dicho y se he repetido que las consecuencias de una cancelación serían nefastas porque atrasaría la reconstrucción que todos queremos en nuestro sistema eléctrico. Por otro lado, conllevaría también unos costos enormes para el gobierno y conllevaría que entonces tendría a LUMA a la salida como mínimo un año o un año y medio sin ningún tipo de motivación para mejorar el servicio que es lo que todos queremos” indicó Pierluisi Urrutia.
“Yo respeto la democracia y puedo entender a los que pues por alguna razón no están satisfechos con el servicio de LUMA. Todos queremos que mejore ese servicio, pero llevarlo al extremo de una cancelación, no hace sentido alguno. La secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos nos hizo las advertencias. Todos debemos fiscalizar a LUMA para que mejore y es en el interés de todos el que mejore”, añadió.
La semana pasada, la organización CAMBIO advirtió que lejos de ahorros, el contrato de LUMA supone un aumento en gastos para el gobierno por la abultada lista de consultores y asesores legales que tiene el consorcio canadiense para compensar por la falta de peritaje para administrar la red eléctrica. Según el análisis de CAMBIO, el consorcio privado gastó $100 millones en asesoría, que se sumó a los $117 millones que recibió por hacerse cargo del sistema de distribución y transmisión.
En octubre pasado, una Comisión cameral concluyó que el contrato de la privatizadora es “leonino e ilegal”, pero el Departamento de Justicia evaluó el contrato y le dio su visto bueno.
