Durante una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, varias agencias del gobierno relacionadas con los recursos humanos mostraron reservas con el Proyecto del Senado 1143 y la Resolución del Senado 394, que proponen reducir la jornada laboral de los empleados públicos, sin que esto conlleve a una reducción salarial.
“El propósito de la medida es que veamos la posibilidad de ofrecerle a nuestros empleados una jornada de cuatro días sin reducción de salario. Lo que tiene el gobierno actualmente es reducción de jornada y reducción de salario. Esta medida habla de un plan piloto que le tocaría a la OATRH ver la viabilidad y conveniencia no de lo que está, sino de lo que podría ser…esto se está viendo en muchas partes del mundo y al parecer está dando buenos resultados”, destacó la presidenta de la comisión, Ana Irma Rivera Lassén.
Durante su ponencia, Diocelyn Rivera de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) expresó que “en el área del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, aún cuando la base legal bajo la que se propone elaboremos un Plan Piloto para que ciertos empleados puedan trabajar y completar una jornada laboral de cuatro días y 32 horas sin reducción salarial, no es cónsona con el ordenamiento jurídico vigente, por afectar la uniformidad en la implementación del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme y los principios constitucionales de igual protección de las leyes y de igual paga por igual trabajo, no favorecemos el Proyecto”.
Ante esto, Rivera Lassén preguntó cuáles serían las preocupaciones específicas en torno a la implementación de un plan piloto para evaluar cuáles serían los beneficios, si alguno, de una jornada reducida sin reducir salarios. La deponente expresó que “no estamos rechazando lo propuesto, pero estamos en ánimo de que se evalúe la propuesta porque, como está radicada, hay que evaluarla para poder implementar algún tipo de análisis. Nos reiteramos en la ayuda para hacer ese análisis”. De igual forma, Gustavo Cartagena, de la OATRH dijo que están abiertos al análisis de la medida, pero hizo hincapié en que hay que auscultar la posibilidad de que esto conlleve a un aumento. También, estableció que otro análisis que debe realizarse son los servicios a la ciudadanía, los cuáles podrían verse afectados.
En su turno, el licenciado Heriam Martínez de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dijo que la “medida como está redactada en el plan piloto no tiene impacto presupuestario, pero el análisis no puede ser aislado”.
En la misma línea, Naiomy Álamo en representación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos mostró reservas por su impacto fiscal. “La propuesta de este proyecto reduce la jornada en el servicio público sin reducción de salario, lo cual podría tener un impacto fiscal. El Artículo 204 l de la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), requiere se certifique el impacto fiscal de cada ley y su consistencia con el Plan Fiscal”.
Además, la deponente explicó que la Ley 8-2017 contempla medidas de reducción de jornada como acción para evitar cesantías ya que, de ordinario, representan un ahorro para el Gobierno de Puerto Rico. “Asimismo, se permiten las reducciones de jornada voluntarias a solicitud del empleado público mediante acuerdo con su patrono en las cuales el empleado puede acogerse a una jornada semanal cuatro días y devengar el ochenta por ciento 80 por ciento de su retribución bruta”, detalló. De igual manera, Álamo aclaró que el DTRH administra la legislación laboral pertinente al sector privado de Puerto Rico, “por lo que este proyecto no se encuentra dentro de los asuntos bajo la jurisdicción de peritaje de nuestra agencia”.
Por su parte, Javier Flores de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres expresó que. “respaldamos la intención legislativa que enmarca este proyecto. Ello, puesto que considerando que gran parte de la fuerza laboral de Puerto Rico está integrada por mujeres, al tiempo que son nuestras mujeres quienes también llevan la carga mayoritaria del trabajo no remunerado en nuestro país”.
Igualmente, Josué González, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), manifestó su respaldo al proyecto. “Nos parece, que en momentos en que el Gobernador hace un llamado a que nuestra juventud procrea lo que serán las y los trabajadores del futuro, que si de verdad desea lograr dicho objetivo es menester crear las condiciones para ello. Por tanto, nos unimos en apoyo al presente proyecto”, dijo.
A su vez, Raúl González en representación de la Asociación de Maestros mencionó que “aún cuando el personal docente, a quienes con orgullo representamos no se encuentra incluído en este grupo de trabajadores, cuya jornada oficial sobrepasa las 37 horas semanales y que se reduciría su jornada a 32, entendemos apropiado realizar el plan piloto de manera que podamos recopilar, analizar y por ende, interpretar resultados desde nuestra perspectiva como sociedad y no necesariamente adoptar, sin mayor estudio, los planes y estrategias de otros países”.
Igualmente, se expresó a favor del proyecto la licenciada Ariadna Godreau de Ayuda Legal Puerto Rico. “Estamos a favor de la medida como patrono que estamos experimentando este proceso dentro de la organización sin afectar los servicios que ofrecemos”. En la misma línea, se manifestó en apoyo Veronika Banuchi de la organización One Fare Wage, al mencionar que “respaldar un proyecto de ley que reduzca la jornada laboral sin reducir el salario es una medida justa y necesaria. No solo mejoraría la calidad de vida de las personas que trabajan al permitirles disfrutar de más tiempo libre, sino que también promovería la productividad, el bienestar y la equidad de género”.
