Un Gran Jurado federal emitió una acusación formal que acusa a Félix Verdejo-Sánchez y Luis Antonio Cádiz-Martínez por delitos federales derivados del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.
El anuncio fue hecho hoy por el fiscal federal W. Stephen Muldrow, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Rafael Riviere-Vázquez y Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El FBI está a cargo de la investigación con estrecha colaboración y apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
Félix Verdejo-Sánchez y Luis Antonio Cádiz-Martínez enfrentan un cargo de robo de auto con resultado de muerte, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2119 (3) y (2); un cargo de secuestro con resultado de muerte, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1201 (a) (1) y 2; y un cargo por matar a un niño por nacer, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1841 y 2, también conocida como “Ley de Víctimas de Violencia por Nacer de 2004”.
Además de estos cargos, Félix Verdejo-Sánchez enfrenta un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c) (1) (A )(I).
La acusación incluye un aviso de hallazgos especiales sobre hechos y factores relevantes que hacen que el caso sea elegible para la pena de muerte:
-Cada imputado mató intencionalmente a la víctima (Keishla Rodríguez Ortiz).
-Cada acusado cometió el delito de una manera especialmente atroz, cruel o depravada, ya que implicó un abuso físico grave a la víctima.
-Cada acusado cometió el delito después de una planificación y premeditación sustanciales para causar la muerte de la víctima.
-Félix Verdejo-Sánchez consiguió la comisión del delito mediante el pago o promesa de pago de cualquier cosa de valor pecuniario.
-Luis Antonio Cádiz-Martínez cometió el delito como contraprestación por el recibo, o en espera del recibo, de algo de valor pecuniario.
“Keishla Rodríguez-Ortiz fue separada de una familia que la amaba, y a ella ya su hijo se les negó el derecho más fundamental a la vida, y la alegría de saber cómo pudo haber sido esa vida”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos Muldrow. “Esperamos que este proceso brinde algo de consuelo a la familia de Keishla. Este caso también subraya el mensaje de cooperación con las fuerzas del orden público que he estado repitiendo a la comunidad: si tiene conocimiento de actividad delictiva, incluso si participa en esa actividad, haga lo correcto y preséntese ante las autoridades. Los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley que han trabajado incansablemente y que continúan ayudando en la investigación en curso de este caso, son dignos de elogio”, agregó.
“El FBI se enorgullece de haber trabajado junto con nuestros colegas de laPolicía de Puerto Rico y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico en este caso”, dijo Rafael Riviere-Vázquez, agente especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
“Reconozco el trabajo en equipo y los esfuerzos de los siete fiscales y el fiscal jefe asignado a este caso junto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico”, dijo Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. “El mensaje es claro y contundente. Quién viole la ley, amenace la seguridad y la vida de las mujeres, pagará”, sostuvo.
“Seguimos trabajando de la mano con nuestros socios a nivel local, estatal y federal para llevar justicia a Keishla. Nuestro objetivo es llegar al fondo de este caso y procesar a los responsables de este delito ”, dijo Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública. “Se lo debemos a Keishla, a su familia y al pueblo de Puerto Rico. Tenga la seguridad de que el DSP no descansará hasta que se haga justicia en este caso y en todos los demás en nuestra jurisdicción”, concluyó.
El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar, Jonathan Gottfried, Jefe de la Sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional de la Fiscalía Federal y Fiscal Federal Auxiliar Jeanette Collazo.
Las penas legales por violaciones de los estatutos de secuestro y robo de vehículos incluyen cadena perpetua o pena de muerte y cadena perpetua por el asesinato intencional de un niño por nacer. Verdejo Sánchez también enfrenta una sentencia de cadena perpetua por la violación de arma de fuego, la cual debe imponerse consecutivamente a cualquier otro delito relacionado con la condena.
Las autoridades recordaron al público que una acusación contiene solo cargos y no es evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
