El Tribunal de Apelaciones sostuvo la determinación de la Junta de Revisión Administrativa (JRA) del Departamento de Educación que otorgó a la empresa Require Puerto Rico, Inc. la adjudicación de una propuesta para crear una plataforma digital de contenido para todos los grados del sistema escolar público. La
La subasta de $35 millones para una plataforma digital para estudiantes y maestros se había detenido por impugnaciones debido a actuaciones indebidas de la Oficina de Compras del Departamento de Educación. El Departamento de Educación nunca compareció al tribunal para plantear una posición sobre este trámite, lo que provocó un regaño del juez Roberto Sánchez Ramos.
“Es altamente inusual y desafortunado que el Departamento de Educación haya optado por no asumir postura ante este Tribunal en cuanto al asunto objeto de revisión: la corrección de la adjudicación de un RFP (request for proposal) que conlleva el desembolso de decenas de millones de dólares. Por su parte, el Procurador General tiene la obligación, más todavía en casos de alto interés público donde la agencia pudiese confrontar algún problema o conflicto interno, de adoptar, comunicar y defender, ante este Tribunal, aquella postura razonable que resulte más cónsona con el bien común, en defensa de los intereses del Estado Libre Asociado”, sostuvo.
