Junta Fiscal advierte que para cumplir con retiro habría que despedir empleados públicos

La Junta de Supervisión Fiscal informó al Gobierno de Puerto Rico que se requerirían reducciones significativas de empleados públicos -más allá de lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado- en aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en las Leyes 80, 81 y 82.

Dada la inconsistencia significativa con los Planes Fiscales Certificados, la Junta de Supervisión también informó al Gobierno que estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios pueden y serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales.

La gobernadora promulgó las tres leyes en agosto sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir esos costos incrementales. Incluso, después de repetidos intercambios con la Junta de Supervisión, el análisis del Gobierno sigue estando incompleto. El análisis de la Junta de Supervisión con respecto al impacto de las tres leyes concluyó que, combinadas, podrían aumentar los gastos del Gobierno hasta en $8,300 millones durante los próximos 30 años.

“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes”.

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