El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández aseguró que ha estado observando lo acontecido durante el juicio federal por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y que cuando culmine el proceso evaluará la comisión de delitos en la jurisdicción estatal.
“Habiendo un proceso judicial en desarrollo en la jurisdicción federal, hay que brindar el espacio para que este se complete. No obstante, una vez la fiscalía federal concluya de manera final y firme el proceso judicial que se está llevando a cabo, estaremos en posición de, responsablemente, realizar la coordinación requerida con las autoridades federales para llevar a cabo la evaluación correspondiente de la evidencia y auscultar la posible comisión de delitos en la jurisdicción estatal. Esto, de conformidad a la normativa vigente en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, por supuesto”, señaló el secretario.
El titular de Justicia dijo que implementará los mecanismos legales disponibles para recobrar los fondos públicos que se han perdido por culpa de esquemas de corrupción ejecutados por funcionarios o contratistas privados que se han lucrado ilegalmente de las arcas gubernamentales.
“Vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador, Pedro Pierluisi, hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Entre estos, se encuentran la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. Para esto tendremos que realizar una evaluación caso a caso. Queremos que devuelvan lo que le han robado al pueblo”, manifestó el secretario de Justicia.
A esos fines, el año pasado el gobernador también aprobó una enmienda al Código Penal de Puerto Rico, mediante la Ley 76-2022, que dispone la pena de restitución, ya sea satisfecha en dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados. “A través de este estatuto, podríamos recobrar el dinero en el procedimiento penal”, explicó Emanuelli Hernández.
