El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, dio a conocer hoy el resultado de la consulta realizada por la agencia al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, que confirma la legalidad del contrato (“Acuerdo O&M”) otorgado entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA y la AAPP para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.
Según Fontanés Gómez la opinión emitida a raíz de la Consulta Núm. B-53-22, el Departamento de Justicia confirmó la legalidad del contrato al establecer que el mismo no es contrario a la ley, la moral ni el orden público, y tampoco contiene cláusulas o disposiciones contrarias a la ley, la moral o el orden público. El análisis y discusión de Justicia sobre la legalidad del contrato y los potenciales argumentos en cuanto a las posibles causales de nulidad del mismo fue realizado en el marco del derecho aplicable, incluyendo: (1) la Ley 29-2009 (Ley de Alianzas Público-Privadas), (2) la Ley 120-208 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico), y (3) el Código Civil y los conceptos de la ley, la moral y el orden público.
En específico, la referida opinión establece:
“En consecuencia, reconocemos que, de la lectura y estudio del derecho, del trasfondo legislativo y de las cláusulas del Acuerdo O&M, no surge, de su faz, algún elemento patente que nos pueda llevar a concluir que existen circunstancias contrarias a la moral, la ley y el orden público en el proceso de contratación efectuado para establecer la alianza público-privada con LUMA. Por el contrario, notamos que el proceso y posterior contratación fueron llevados a cabo de una manera pensada, velando por cada detalle y con la intención y el propósito genuino de tener como norte los más altos intereses públicos de Puerto Rico. De la documentación examinada es posible colegir que el proceso que llevó a la selección del LUMA como proponente y la posterior firma del Acuerdo O&M fue uno en estricto cumplimiento con la Ley de APP, la legislación que establece la política pública energética en Puerto Rico y los requerimientos de la JSAF. Además, no ha sido presentada ante nos información, documentación o fundamento alguno que demuestre que existen circunstancias contrarias a la moral y el orden público en dicha contratación, según los parámetros que ha delineado el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que han sido citados previamente”.
La opinión concluye, además:
“Por último, reiteramos que no debe perderse de perspectiva que la transformación de la infraestructura energética de la AEE es parte del plan fiscal de dicha corporación pública, así como el efecto que podría tener en el desembolso de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica un proceso de cancelación del Acuerdo de O&M”.
La AAPP divulgó la evaluación de Justicia a dos semanas para que expire el contrato suplementario de LUMA Energy y en medio de reclamos para que se cancele el acuerdo porque el consorcio no cuenta con la experiencia y el peritaje para administrar la red eléctrica.
La comisionada residente, Jennifer González Colón, también insistió esta semana en que el contrato debía ser evaluado “en todas sus dimensiones” por Emanuelli Hernández. Previamente pidió la cancelación de dicho acuerdo.
Hoy la organización CAMBIO advirtió que lejos de ahorros, el contrato de LUMA supone un aumento en gastos para el gobierno por la abultada lista de consultores y asesores legales que tiene el consorcio canadiense, que de acuerdo al contrato no tiene que invertir ni un solo centavo de su capital en la operación del sistema de transmisión y distribución. Según el análisis de CAMBIO, el consorcio privado gastó $100 millones en asesoría, que se sumó a los $117 millones que recibió por administrar la red eléctrica.
En octubre pasado, una Comisión cameral concluyó que el contrato de la privatizadora es “leonino e ilegal”.
