La ACLU de Puerto Rico condena enérgicamente lo que a toda luz aparenta ser una ejecución sumaria de un joven desarmado de 16 años de edad

Condenamos expresiones prematuras por el alto mando policial, prejuzgando lo acontecido en la  escena de los hechos informados, y conducentes a justificar lo injustificable; condenamos  cualquier intento de engañar al pueblo con una investigación cuyo fin es aparente, y cuyos  hallazgos seguramente no serán transparentes; y, condenamos que policías, experimentados o no,  sigan armados sin que antes culmine ni siquiera una investigación preliminar; y, sin que estos  oficiales sean evaluados por trabajadores de la salud mental según el protocolo.  

Las ejecuciones extrajudiciales (o sumarias) por el estado no son nada nuevo en Puerto Rico;  recordemos las ejecuciones en el Cerro Maravilla de Villalba (1978), y no olvidemos la ejecución  de Miguel Cáceres en Humacao (2007), entre otros; y, deberíamos conocer sobre la ejecución de  Jorge Luis Polaco Jiménez, joven de 27 años de edad en Carolina (2007), también desarmado,  dejado muerto, con siete balas en su espalda, en una acera de la avenida Campo Rico. Jorge Luis  cayó abatido a tiros por dos agentes de la policía, uno de los cuales de inmediato abandonó el país  – el caso nunca fue investigado.  

Lo que distingue el caso que ahora está ante la opinión pública, y que ha causado revuelo en  Puerto Rico, es que se trata de Javier Antonio Cordero Nevares, un menor de 16 años de edad,  desarmado, que fue acribillado con más de 13 impactos de balas, en una balacera no respondida,  de más de 60 tiros realizados por un sinnúmero de agentes de la Policía de Puerto Rico.  

En estos últimos dos días hemos escuchado que los oficiales de la policía en la escena,  respondieron a un intento de agresión del joven, utilizando el vehículo de motor. Hemos escuchado  al alto mando de la policía insistir en que el automóvil es un arma letal y que el joven puso sus  vidas en peligro, todo ello para justificar la balacera.  

Especulativo, prematuro, y contrario al cuadro que nos muestra la escena. Los representantes  del gobierno de Puerto Rico y la oficialidad de la Policía deberían desistir de especular y prejuzgar  los hechos de este caso; están obligados a desarmar a los oficiales involucrados hasta tanto se  investigue lo acontecido. La ACLU de Puerto Rico insiste que, para esclarecer casos como este, necesitamos una entidad independiente desvinculada del gobierno de Puerto Rico que lleve a cabo  una investigación objetiva de los hechos. Es inconcebible que el NIE, cuerpo que cae bajo la misma  sombrilla gubernamental que el Negociado de la Policía y que rinde cuentas al mismo jefe, esté a  cargo de esta investigación. Insistimos en que este caso sea investigado por una comisión  independiente, dentro o fuera de Puerto Rico; le corresponde al gobernador ordenar la formación  de dicho cuerpo investigativo. De igual forma, el Senado podría ordenar la creación de una  comisión investigativa independiente para este caso.  

Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, la Policía de Puerto Rico está fuera de control; anda  por la libre, o como indicó la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados  Unidos al presentar su informe en el 2011 – el Departamento de la Policía de Puerto Rico está roto  (“broken”).  

Con estas expresiones, y por un historial nefasto de violaciones de derechos civiles, la Policía de  Puerto Rico fue demandada por violaciones reiteradas a los derechos fundamentales del pueblo; lo  que culminó en un fallido acuerdo para reformar este cuerpo policial. No es suficiente redactar  protocolos, a los cuales reiteradamente se refieren para implicar que se está reformando a la  policía.  

Muchísimos acontecimientos, posteriores a la firma del acuerdo para reformar a la policía, apuntan  a lo contrario. La Policía de Puerto Rico no está reformándose, solo hace lo necesario en el  momento, para quitarse de encima al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo,  no hemos perdido la esperanza; una verdadera reforma requiere voluntad, actos contundentes y  efectivos, transparencia, rendición de cuentas al pueblo; y un cuerpo policial bien adiestrado y  entrenado, con ánimo de cambio.  

El trabajo policial es duro y mal compensado, pero no por eso debemos tolerar abuso de poder y  falta de respeto a los derechos fundamentales del pueblo.  

Si el término ejecuciones extrajudiciales (o sumarias) les deja mal sabor, es porque así debe  ser. El trabajo de todo policía es prevenir la criminalidad, dentro de un marco de  constitucionalidad. Ante una escena de actos delictivos, deberían intentar detener y procesar a los  acusados, utilizando solamente la fuerza que requiera la situación.  

Los policías de Puerto Rico no pueden ser agentes de detención, fiscales, jueces y verdugos.  En nuestro sistema de justicia se supone que todo acusado, o sospechoso, tiene derecho a ser  sometido al proceso judicial, asistiéndole la presunción de inocencia. Este joven nunca tendrá su  día en corte; y nunca habrá de recibir los servicios de intervención temprana que quizás lo hubieran  encaminado en otra dirección.  

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