Para determinar si son ilegales las retenciones y cobros de dinero que le ha hecho el gobierno a municipios, la Liga de Ciudades de Puerto Rico demandó a la Junta de Supervisión Fiscal. Los demandantes alegan que las retenciones de $340,000,000 hechas tras la aprobación de la Ley 29, son ilegales.
Fuente: El Vocero
