LUMA Energy se queda con compensación agrandada

Pese a que LUMA Energy negó que hubiera solicitado un aumento de presupuesto de $7 millones, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia confirmó hoy que el contrato del operador privado contempla un ajuste por costo de inflación precisamente de $7 millones, que elevaría el pago fijo anual que recibe a $122 millones.

El dato trascendió durante la rueda de prensa para anunciar oficialmente que el gobierno extendió el contrato suplementario de LUMA Energy de forma indefinida luego de que esta mañana la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ayer la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) refrendarán la transacción a través de un polémico trámite, que podría ser impugnado en el tribunal.

“Todo esto está estipulado tanto en el acuerdo suplementario como en el contrato de 15 años, el contrato base, conforme al acuerdo suplementario LUMA cobró en este año que acaba de pasar alrededor de $115 millones. Para el próximo año hay un ajuste que está dispuesto en el propio contrato a base del costo de inflación entre otras cosas, que entonces aumenta la cantidad alrededor de $122 millones. Eso es bajo el acuerdo suplementario”, respondió el primer ejecutivo.

La compensación que recibe el operador privado ha creado confusión porque inicialmente el gobierno anunció que había firmado un acuerdo a 15 años, que contemplaba una tarifa fija escalonada que comenzaría en $70 millones anuales y que podría alcanzar el tope de $105 millones.

Pero ese acuerdo contenía un anejo o contrato suplementario, que garantizó a LUMA el pago fijo de $115 millones al año durante los primeros 18 meses del acuerdo. Durante ese término, que expiraba hoy, la AEE debía completar la reestructuración de su deuda, cosa que no ocurrió.

De cara a la expiración automática del contrato, LUMA rechazó aceptar las condiciones del acuerdo de administración a 15 años, que inmediatamente suponía un tijeretazo a su compensación.

“Hay una reducción sustancial en el pago que reciben entonces pues no estuvo en disposición de aceptar esa reducción en el pago mientras se dilucida el proceso de la quiebra”, apuntó el mandatario a preguntas de la prensa.

“El acuerdo a 15 años establece que tan pronto culmine el proceso de la quiebra de la autoridad entonces a LUMA se le pagaría, todos los años varía, en el primer año son $70 millones y tendría derecho a unas bonificaciones o estaría sujeta a unas penalidades dependiendo de su desempeño y el desempeño se juzgaría a base de las métricas principalmente que establezca el Negociado de Energía”, añadió en otro momento.

Esas métricas, sin embargo, todavía no están listas. Los sectores que reclaman la cancelación del contrato han criticado la falta de fiscalización y de criterios para medir el desempeño de LUMA. También han cuestionado las generosas condiciones del contrato y la incapacidad del operador privado para evitar los apagones, que se han convertido en parte de la rutina diaria.

Hoy, el gobernador también descartó que un litigio impugnando la validez de la votación de la Junta de Directores de la AAPP prospere en los tribunales.

“Estoy plenamente convencido de que nos asiste la razón. La postura de los miembros del interés público fue que se cancelara el contrato de LUMA y que LUMA entrara en un periodo de transición de 18 meses en el cual la AAPP tendría que comenzar todo un proceso de APP para sustituir a LUMA. Ese es el escenario que yo dije que sería una locura y una pesadilla”, apuntó el gobernador.

Ayer, la Junta de Directores de la AAPP aprobó dicha extensión, en un controvertible trámite que ignoraba el voto de los dos representantes del interés público Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes en protesta a la determinación del cuerpo rector se abstuvieron de la votación y amenazaron con recurrir a los tribunales para impugnar la validez de la extensión.

Aunque la Ley de Transformación del Sistema Energético exige que estos funcionarios –recomendados por los presidentes legislativos y nombrados por el propio gobernador– aprueben todas las transacciones de alianzas público privadas en el sector de energía, los representantes del gobierno en esta Junta realizaron la votación conforme a las disposiciones de la ley orgánica de las AAPP, que solo requiere una mayoría simple o tres de sus cinco miembros.

La extensión quedó aprobado solamente con los votos de Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; y Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación.

Esta mañana la Junta de Gobierno de la AEE también validó la extensión con el voto en contra del representante de los consumidores, Tomás Torres Placa.

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