En una elección que se espera pueda ser cerrada, 1,100 electores pudieran quedarse sin el derecho al voto porque no tendrán tiempo de transferirse de lugar de votación luego que fueron recusados.
El registro electoral cerró en septiembre y estos electores tendrán que recurrir al Tribunal federal para procurar tener el derecho al voto.
Esta situación ocurre luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptó la recusación de estos electores presentada el 11 de julio aunque el límite según el reglamento presentado por unanimidad por los comisionados electorales establecía la fecha límite el 30 de junio.
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