Debido a la interrupción causada por el huracán Fiona, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente extendió el término de la investigación preliminar que conduce el Departamento de Justicia sobre el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez relacionada a un acuerdo para recibir asfalto regalado para pavimentar las calles del ayuntamiento.
La portavoz de prensa de la agencia, Joan Hernández Marrero, explicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que el Panel emitió una resolución paralizando los términos y, por consiguiente, estableció un calendario nuevo de fechas de cumplimiento.
El periodo para entregar el informe de la pesquisa relacionada al asfalto acababa hoy, pero tras la decisión del Panel ese término se extendió hasta finales de noviembre. Hernández Marrero no ofreció la fecha específica por consideraciones de confidencialidad.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor inició la pesquisa tras recibir un referido de los excandidatos a la alcaldía capitalina Manuel Natal Albelo del Movimiento Victoria Ciudadana; Rossana López León del Partido Popular Democrático y Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño.
El referido contra los tres funcionarios se relaciona a unos trabajos de asfalto que realizó la compañía J.R. Asphalt en varios distritos de la capital previo a las elecciones del 2020. Según los tres políticos del Partido Nuevo Progresista, la empresa hizo las labores de forma “voluntaria y gratuita”, mientras éstos servían de facilicitadores entre la asfaltera y la comunidad.
Durante la campaña, los contrincantes de Romero Lugo cuestionaron sin éxito si ese regalo que hacía la asfaltera constituía un donativo electoral ilegal. Pero la relación entre los tres políticos y J.R. Asphalt volvió a convertirse en tema de debate cuando los dos socios de asfaltera, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, se declararon culpables a nivel federal por participar en un esquema de sobornos a alcaldes y funcionarios municipales a cambio de recibir contratos municipales.
