Como una “propuesta de consenso”, el senador Juan Zaragoza Gómez trabajó una enmienda para aclarar el lenguaje de la medida que aumentaría los recaudos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y evitar que se convierta en un impuesto adicional, que afectaría a la clase trabajadora y a las personas empobrecidas del país.
Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión senatorial de Hacienda, explicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que presentó la propuesta esta mañana al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y al presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, para lograr la aprobación del presupuesto, que entraría en vigor el 1 de junio.
El lunes ambas cámaras legislativas cerraron sus trabajos sin aprobar el presupuesto porque surgieron discrepancias en torno al Proyecto de la Cámara 1367, que permite la transición del arbitrio de las compañías foráneas y que contempla lenguaje para adelantar la llamada medida del CRIM.
Ante este escenario, la Cámara no envió el presupuesto al Senado para su ratificación esa noche, que vencía el término acordado con la Junta de Control Fiscal para completar el trámite. Tampoco remitió el proyecto de las foráneas. La situación provocó ayer una pelea pública entre los líderes de ambos cuerpos.
“Anoche Santa habla conmigo y me dice que el presupuesto está muerto. Para nosotros nunca ha estado muerto. La Cámara me dice que está muerto porque la aprobación del presupuesto para la Cámara está condicionado a que en el proyecto de las foráneas se incluya lo del CRIM. Ellos están dispuestos a colgar el presupuesto si eso no se incluye”, contó.
En síntesis, la propuesta permitiría la retasación de todas las propiedades, pero no cambiaría el pago de contribuciones al CRIM aunque el valor de la propiedad haya aumentado. Solo se pagaría más menos que la propiedad si sufrió mejoras o cambió su uso, como ocurre actualmente.
“La enmienda busca decir categóricamente que no se puede imponer un impuesto nuevo”, indicó Zaragoza Gómez.
“Le da el mandato al CRIM para que tase todas las propiedades y logra eso, que es algo que no se hace desde el 1957. La tasación la haría un tasador profesional. Va a tasar el CRIM, pero los municipios también pueden tasar y dar la información al CRIM”, agregó.
Los ingresos nuevos vendrían de las propiedades que no estén tasadas, tengan mejoras o cambios de uso. También se identificarían las propiedades que reclaman exoneraciones indebidas.
“Tatito está de acuerdo con la enmienda y partiendo de ahí libera el presupuesto”, aseguró Zaragoza Gómez.
Ante esa respuesta, Zaragoza Gómez inició conversaciones entre sus pares para tratar de lograr los votos para la aprobación de la medida y del presupuesto.
En entrevista separada, Santa Rodríguez se mostró confiando en que la enmienda zanjará las diferencias entre las cámara legislativas para lograr la aprobación del presupuesto.
Un día después de que el presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, denunció que el cuerpo hermano había secuestrado el presupuesto como ficha de canje para lograr la aprobación de la polémica medida, que aumentaría el pago de impuestos al CRIM, Santa Rodríguez admitió que la medida original traía consigo un alza en los impuesto pese a que esa no era la intención legislativa.
Santa Rodríguez también reconoció que el lenguaje de la versión actual del proyecto, por ejemplo, obligaría a una persona a pagar más impuestos si al refinanciar la vivienda la tasación refleja un aumento de valor en dicha propiedad.
“El lenguaje más taxativo no puede ser para garantizar que no se te a subir a perpetuidad lo que estás pagando en la actualidad siempre y cuando se mantiene el mismo uso y tú no la modifiques”, apuntó sobre la enmienda.
La propuesta del CRIM, que apoyan los alcaldes en su intento por salvar a los municipios que se encuentran al borde de la quiebra, también elimina la exención de 5 años en el pago de impuesto al CRIM tras la compra de la primera vivienda.
Santa Rodríguez señaló, que una pieza legislativa previa procuraba la eliminación total de la exención, pero que en esta ocasión se estipuló que la exención se mantendría para las personas que adquieran propiedades nuevas cuyo valor llegue a los $300,000. Eso se hizo, según dijo, para evitar que los inversionistas residentes, que compran propiedades lujosas, se aprovechen de este beneficio.
La tercera sesión ordinaria acaba mañana, 30 de junio.
