Las moratorias federales para evitar los desalojos y desahucios en tiempos pandémicos no han frenado las demandas de ejecuciones de hipotecas, ni las peticiones de desahucios.
En lo que va de año, se han presentado ante los tribunales más de 408 acciones legales nuevas para solicitar la salida forzosa de inquilinos y 719 peticiones de ejecuciones de hipotecas en contra de dueños morosos, afirmó Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva y cofundadora de Ayuda Legal Puerto Rico.
“Esto te da un panorama de lo que va a pasar cuando se levanten las moratorias”, apuntó sobre los datos que recopila su organización de la evaluación individual de los expedientes judiciales.
Recientemente, la Administración Federal Vivienda extendió la moratoria en el pago de las hipotecas hasta el 30 de septiembre. El martes pasado, la administración de Joe Biden, a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, amplió la prórroga en el pago de las propiedades alquiladas en las comunidades afectadas por el repunte en los contagios del COVID-19 hasta el 3 de octubre. El aplazamiento en el pago de alquiler venció el viernes pasado.
A pesar de que una tercera parte de las viviendas en la isla son unidades de alquiler, Godreau Aubert señaló que la realidad de los arrendatarios y arrendatarias apenas se discute.
“Cuando aquí se habla de vivienda no se piensa en los derechos de la gente que alquila. Por ejemplo, tu casero puede venir mañana cuando se acabe el contrato y subirte $500 en la renta y no tienes protecciones”, apuntó a este portal de noticias.
Indicó que más del 40% de la gente que alquila invierte más de 30% de su ingreso en el pago de la renta. El 56% de las familias que alquila tiene ingresos de $14,499 o menos al año. La mediana de renta es $478.
“Los desahucios ahora mismo están paralizados. Aunque se están presentando, no se ven. No es que no los quieren presentar. Es que no se están viendo porque el tribunal no ha estado viendo lanzamientos por su plan de reapertura del covid”, afirmó.
Ante ese estado de precariedad y de invisibilidad de las personas que viven bajo un régimen de alquiler, la abogada emplazó al Ejecutivo a promover con mayor ahínco el programa de ayuda para el pago de la renta atrasada por el COVID-19, que presentó el mes pasado.
El Programa de Asistencia para la Renta del Departamento de Vivienda ayuda a las personas y familias se encuentran en peligro de perder su hogar tras sufrir pérdidas de ingresos o un aumento en sus gastos durante la pandemia.
La iniciativa de pago de alquiler atrasado, que se sufraga con fondos de la Ley para Asignaciones Suplementarias de Alivio y Respuesta al Coronavirus del 2021, repartirá $325 millones. Según estimados oficiales, este programa podría beneficiar a unas 55,000 familias a través de la isla, pero hasta el momento solo 7,687 personas o familias han completado el proceso de solicitud de la ayuda.
