Luego de un análisis jurídico y penal y sopesando “las extraordinarias circunstancias” que experimentaron las primarias celebradas por Ia Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el 2020, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concurrió con el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR) en el análisis de este caso, y no asignó un fiscal especial contra el expresidente del organismo electoral, Lcdo. Juan E. Dávila Rivera.
El Panel citó jurisprudencia contenida en Pueblo v. Miranda Ortiz (117 DP.R 188,193) de que no encontró intención criminal en todos los aspectos que incidieron en los procesos administrativos para la celebración de las primarias de los partidos políticos.
El informe de investigación preliminar del DJPR, recibido en el PFEI, consignó que Justicia había entrevistado y tomado declaraciones juradas a las siguientes personas: Orlando Fiallo Perez, presidente de Printech; Ángel Luis Rosa, Secretario de la CEE; José A. Santana, gerente de Producción de Printech; Rafael Cardona Aponte y Rafael Cardona Andújar, presidente y vicepresidente de Mudanzas Torres, respectivamente; Eduardo Nieves, exdirector de Sistemas de Información en Ia CEE; Aníbal J. Zambrana, Director de OSIPE; Julio Bonnet, Director de Operaciones Electorales de Ia CEE; Daniel González Ramo, subdirector de la misma oficina; Jossiana Resto Melecio, jefa de Ia Oficina de Compras; Juan Serrati, de la empresa Dominion y Francis Maldonado, Gerente de proyecto de Rock Solid.
Luego de un minucioso relato sobre cómo se manejaron todas las incidencias del evento electoral, donde los retos impuestos por el COVID reflejaron su carga adicional atendiendo elementos extraordinarios en el itinerario de trabajo, el Panel sopesó los hallazgos desde el punto de vista de negligencia criminal y no se halló constitución de delito.
