Redes sociales abonan a problemas de depresión y ansiedad en menores

Las redes sociales son un riesgo para la salud mental de los niños y niñas. Por eso, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, abogó para que se tomen medidas a nivel individual y colectivo para proteger la integridad de estos menores.

La advertencia y sus recomendaciones están contenidas en un informe de 25 páginas, que describe el impacto adverso de las redes sociales en niños y adolescentes. En Estados Unidos, el uso de las redes sociales entre menores es casi universal. El 95% de los adolescentes usa redes sociales, mientras que un 40% de los niños de 8 a 12 años tiene acceso a dichas plataformas. 

Murthy reconoció que las redes sociales pueden ofrecer algunos beneficios para los menores, como un espacio de expresión y de conexión particularmente entre jóvenes de comunidades vulnerables, pero afirmó que, cada vez más, surge evidencia que consigna el daño que estas plataformas causan a la niñez.

Aunque el informe apuntó que los 13 años suele ser la edad mínima requerida para utilizar redes sociales en los Estados Unidos, en expresiones previas Murthy aseguró que es “demasiado temprano” permitir que niños y niñas de esa edad usen redes sociales porque todavía están desarrollando su identidad.

“Los niños y adolescentes en las redes sociales comúnmente están expuestos a contenido extremo, inapropiado y dañino, y aquellos que pasan más de tres horas al día en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de problemas de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad”, apuntó en su informe.

“Esto es profundamente preocupante ya que una encuesta reciente entre adolescentes reveló que, en promedio, pasan 3.5 horas al día en las redes sociales”, añadió.

Ante este cuadro, reclamó mayor transparencia a las compañías de tecnología para que se pueda medir el impacto de sus productos en la niñez y urgió a los políticos a tomar medidas para fortalecer las medidas de seguridad y procurar maneras para limitar el acceso a estas plataformas. Además, emplazó a los padres y madres a establecer horarios para el uso de estas tecnologías, entre otras medidas.

Pierluisi: Aspiración de JGo para gobernar es una “distracción”

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia despachó como distracciones las expresiones recientes de la comisionada residente Jenniffer González Colón reiterando su interés en buscar la candidatura a la gobernación y reiteró que se presentará a un segundo término.

“Esas son distracciones. Yo estoy enfocado en mi trabajo. Ya todos saben que yo voy a radicar mi candidatura cuando sea el momento de hacerlo que es cuando se abre el proceso de candidatura. No tengo tiempo para distracciones”, afirmó a preguntas de la prensa tras participar en el congreso de la Asociación de Constructores en San Juan

¿No le teme?, insistió una periodista.

“En lo más mínimo. No voy ni a contestar porque realmente es distraerme. Yo estoy enfocado en brindarle al pueblo de Puerto Rico el servicio de excelencia que se merece. Estoy enfocado en que la economía de Puerto Rico siga como va. Estoy enfocado en que la reconstrucción se esté dando se está dando, a plena capacidad, básicamente la industria de la construcción está a plena capacidad. En eso es que estoy enfocado. En su momento, seguro que voy a presentar esa candidatura y ya veremos quiénes serán los demás candidatos y candidatas. Yo no le temo a nadie en particular. Yo voy de frente. Yo voy a esa reelección a base de mi hoja de trabajo, no a base de habladurías”, afirmó el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El artículo 6.4 del Código Electoral estipula que las candidaturas a puestos públicos se presentarán a partir del 1 de diciembre y hasta el mediodía del 30 de diciembre del año previo a las elecciones generales.

En los pasados meses, la comisiona residente ha expresado su interés en buscar la gobernación, lo que provocaría una primaria en el PNP. A tono con esa intención, ha estado visitando alcaldes y procurando apoyo entre las huestes del PNP.

También ha estado realizando actividades para resaltar su trabajo. Ayer, mientras el gobernador anunciaba una iniciativa para descentralizar el Departamento de Educación junto al secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, la comisionada residente celebraba su propia conferencia de prensa en Arecibo para anunciar la reconstrucción con fondos federales del Centro Job Corps de ese pueblo.

Desde agosto cada director de escuela contará con una tarjeta de débito para comprar materiales

Pedro Pierluisi junto al secretario de Educación federal, Miguel Cardona.

Desde agosto próximo cada director de escuela tendrá una tarjeta de débito para comprar materiales, informó el gobernador Pedro Pierluisi.

El programa para la tarjeta de débito se llama P-Card, permitirá comprar de la lista de materiales preaprobados y estará sujeta a unos topes por escuela y por mes. Del mismo modo, todo plantel escolar recibirá una canasta básica agrandada de materiales educativos antes del comienzo del semestre escolar. 

El secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés dijo que la tarjeta opera con un presupuesto y los gastos serán monitoreados y los directores y directoras podrán comprar en comercios ya pre aprobados.

El tope de compra con la tarjeta de débito será de $800 y luego según el presupuesto podrá hacer otras compras.

El primer ejecutivo explicó que el programa se trabaja en colaboración con el gobierno federal.  

“Hoy lanzamos la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional del Departamento de Educación, IDEAR, porque vamos a idear un Departamento ágil y responsivo a las necesidades de nuestros estudiantes. La iniciativa IDEAR es una acción conjunta liderada por mi oficina, en unión a nuestro Departamento de Educación, con el total apoyo del Departamento de Educación federal, directamente del secretario Miguel Cardona. La meta es viabilizar esa descentralización del sistema educativo para que todos nuestros estudiantes, así como sus padres y madres, y sus maestros y maestras, puedan tener confianza en su futuro y en el de las próximas generaciones”, sostuvo el primer ejecutivo.

La orden crea un Comité Ejecutivo compuesto por funcionarios, que incluye a la secretaria de la Gobernación, los secretarios de Educación y Hacienda, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como a un representante del secretario del Departamento de Educación federal y un representante de la comunidad escolar. 

Dicho comité buscará la asesoría de expertos del campo educativo para diseñar la estrategia de segregación de funciones, evaluar los modelos de gobernanza existentes y las mejores prácticas de otras jurisdicciones, trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Educación federal. Además, recibirá el insumo de la comunidad escolar, y recomendará las acciones necesarias, adaptadas a Puerto Rico, que serán implementadas en el nuevo modelo organizacional.   

El gobernador destacó que “esta iniciativa tiene el total compromiso mío y de mi equipo de trabajo, así como del gobierno federal, a través del secretario Cardona y su equipo. Esto significa que desde La Fortaleza estaremos promoviendo este esfuerzo para asegurar que implementamos los cambios que necesitamos y que todos nuestros estudiantes se merecen. Voy a nosotros, pues sé que esta colaboración estatal y federal va a rendir grandes frutos”. 

Pierluisi explicó que el Departamento de Educación ha trabajado arduamente en la encomienda de agilizar los procesos de compras para que los materiales y las herramientas necesarias lleguen a los planteles escolares de una manera más eficiente, así como el buen uso de los fondos asignados para el mejoramiento escolar. 

“Quiero anunciar que antes del comienzo del próximo semestre escolar, el Departamento de Educación hará público un Portal de Transparencia, similar a los que tiene COR3, Vivienda y la AAA, en el que se irá publicando toda la información de los fondos que recibe el Departamento de Educación y en cuales iniciativas se están utilizando”, sostuvo Pierluisi quien explicó que los datos que incluirá el Portal incluye el uso de los Fondos ESSER y los Fondos Restart.  

Mientras, el secretario de Educación federal expresó su apoyo a la decisión del gobernador de descentralizar el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).

“En los últimos dos años el Departamento (de Educación de Estados Unidos) ha participado en un riguroso proceso deliberativo con el DEPR y otras agencias gubernamentales locales y el público. El Departamento también ha proporcionado ayuda técnica y fiscal sin precedentes al DEPR. La decisión de descentralizar el DEPR es una estrategia para superar los desafíos que enfrenta el sistema educativo de Puerto Rico y así garantizar que los estudiantes y las familias tengan un sistema escolar que responda directamente a sus necesidades”, sostuvo el secretario federal Cardona.

 “Aplaudo al gobernador Pedro Pierluisi por dar este paso para descentralizar el sistema educativo de Puerto Rico, porque sabemos que a los estudiantes les va mejor cuando las escuelas responden a las necesidades de los jóvenes y cuando colaboran directamente con los padres, las familias y las comunidades a las que sirven. Mi Departamento está listo para apoyar esta transición y colaborar directamente con el DEPR para re-imaginar el sistema escolar de Puerto Rico y transformarlo en uno verdaderamente capaz de poner a los estudiantes primero”, agregó Cardona.

El DEPR es el sexto distrito escolar más grande de Estados Unidos y actualmente opera como un sistema de educación unitario. Esto significa que el DEPR sirve como la Agencia de Educación Estatal (SEA) y Agencia de Educación Local (LEA). Pocas otras jurisdicciones en Estados Unidos  operan sus sistemas escolares bajo esa estructura – específicamente Hawái, Guam, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana – y todas ellas tienen poblaciones significativamente más pequeñas.

Causa para juicio contra abogada acusada de sobornar testigos, mientras otro abogado levanta las manos

CAGUAS – El juez Elmer Rodríguez Díaz encontró esta mañana causa probable para juicio contra la licenciada Ana Luisa González Cabrera por supuestamente pagarle dinero a una testigo para que no llegara a declarar en la vista preliminar relacionada a un doble asesinato ocurrido el 19 de marzo de 2022, en el complejo de vivienda pública Dr. Pedro Palou en Humacao.

González Cabrera enfrenta tres cargos de conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos por supuestamente pagarle una estadía a una testigo en un alquiler a corto plazo para evitar que el ministerio público le entregara la citación en persona y provocar la desestimación del caso contra su cliente. El juez fijó la fecha de la lectura de acusación para el 21 de junio y el inicio del juicio para el 19 de julio.

Mientras, Cuarto Poder (WAPA-TV) supo que el otro acusado, el licenciado Juan Enrique Cátala Suárez levantó las manos tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía para cumplir solo probatoria.

El pasado 18 de mayo, al retomarse la vista preliminar, Catalá Suárez renunció al procedimiento, pero según dos fuentes, esa movida se debió a que alcanzó un acuerdo con las fiscales Teresita Morales Arteaga, Naydik Ramos Montesinos, Phoebe Isales Forsythe y María Hernández Medina para una sentencia de suspendida de cuatro años. Como parte de la alegación de culpa, el ministerio público reclasificará los tres cargos.

Así las cosas, la vista de lectura de acusación Catalá Suárez quedó señalada para el 1 de junio de 2023, día en que debería anunciarse el acuerdo, y el juicio para el 28 de junio.

Pese a que la vista preliminar se celebró en Caguas, el juez Rodríguez Díaz del Tribunal de Bayamón presidió el procedimiento. Aunque el tribunal negó la petición de las fiscales para trasladar el caso a otra jurisdicción para “garantizar la imparcialidad y la pureza de los procedimientos” puesto que ambos imputados litigaban en la jurisdicción de Caguas, designó a juez de otra jurisdicción para atender la vista que se extendió cuatro días.

La presentación de prueba arrancó el 25 de abril, pero debido a una situación de salud de González Cabrera se aplazó hasta el jueves pasado. Durante el procedimiento, el ministerio público sentó a declarar a tres testigos: Gianka Cuadrado Díaz, Jazmín Gómez Reyes y la agente Ignerí Negrón. También presentó tres grabaciones de los días 3, 19 y 30 de noviembre de 2022.

Los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Joaquín Monserrate Matienzo objetaron la admisibilidad de las grabaciones porque se realizaron sin el consentimiento de la licenciada González Cabrera y en violación a disposiciones constitucionales. Pero la fiscal Morales Arteaga arguyó que existían excepciones y que, en este caso, las grabaciones se realizaron ante la comisión de delito y sin que mediara la intervención o el conocimiento del estado.

Al momento del doble asesinato, Jazmín Gómez convivía con George Opio Serrano, uno de los dos acusados por el doble el asesinato. Luego del crimen, la mujer de 34 años estuvo en el Albergue de Testigos del Departamento de Justicia y desde allí envió un mensaje de voz a su pareja y varios mensajes de textos, en los cuales aseguraba que estaba dormida al momento de los hechos y que no había visto nada. También indicaba que no quería declarar en el proceso judicial. En ese momento, Opio Serrano estaba prófugo. Las autoridades lo arrestaron el 22 de octubre de 2022.

La primera testigo, Gianka Cuadrado, declaró que grabó una conversación telefónica entre su amiga Jazmín Gómez y la licenciada González Cabrera el 3 de noviembre. Grabó con el teléfono celular de una de sus hijas y luego envió la grabación a su amiga a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

En la grabación, que no está completa, se escucha a la licenciada indicarle a la testigo que tiene en su poder los mensajes que envió a Opio Serrano, donde señalaba que no había visto nada y que no quería declarar.

“Lo fui a ver hoy. Te manda saludos”, comentó la abogada.

Como parte de la conversación, González Cabrera le indicó la fecha de la próxima vista y explicó que el caso de su cliente se podía desestimar si pasaban 30 días desde su detención y no se celebraba la vista preliminar. También le anticipó que recibiría presión y amenazas para que fuera a declarar, pero que debía responder a su propia “consciencia”.

“No te dejes citar. Yo te hago llegar algo y te vas a un hotel por ahí pero no digas que hablamos”, apuntó ante una respuesta de la testigo de que no tenía dinero para irse a un hotel.

La segunda llamada del 19 de noviembre era más extensa. También la grabó Gianka Cuadrado, pero en esta ocasión con su celular mientras estaban en la oficina de la licenciada González Cabrera en Caguas. Tampoco está completa. En esa grabación se escuchan las voces de ambos abogados.

“Tú eres víctima del sistema carcelario y de la corrupción de la Policía. No puedo decir que los fiscales son corruptos”, señaló la licenciada González Cabrera.

En el sonido, que se escuchó en sala con la ayuda de una bocina de la fiscal Morales Arteaga, Jazmín Gómez aseguró que no quería declarar y que el agente investigador del caso la estaba presionado para declarar cosas que no había visto. Afirmó que el agente y la fiscal Rosa Molina la estaban amenazando con quitarle sus dos hijos. Indicó que la habían tiroteado porque se había propagado en el complejo de vivienda donde vivía que iba a declarar en el proceso judicial.

“La fiscal me quiere hundir”, indicó la mujer en la grabación.

Ambos abogados reiteraron a la mujer que las autoridades no podían hacerle daño porque no había citado entregándole la orden a la mano.

“Si no vas a la próxima vista no pueden hacerte nada. Solo un desacato que es algo menor”, afirmó la abogada.

“No te va a pasar nada”, agregó Catalá Suárez.

La licenciada González Cabrera entonces volvió a plantear la posibilidad de que alquilar una propiedad en Boquerón o Cabo Rojo para que la testigo se alejara de todo.

“Nosotros estamos protegiendo la verdad”, aseguró González Cabrera. “Con la verdad al final del mundo”, agregó en otro momento.

En sus contrainterrogatorios, el licenciado Andreu Fuentes confrontó a las testigos con las múltiples inconsistencias en sus testimonios. Jazmín Gómez ha ofrecido varias declaraciones juradas que se contradicen entre sí. También la llevó a afirmar que no tenía problema con mentirle a los fiscales.

Luego de la determinación de causa, a su salida de sala, el licenciado Andreu Fuentes se mostró sorprendido con la determinación del juez debido a la “mendacidad de la testigo” y afirmó que el caso se va “desboronar” a nivel de juicio.

“Ella está manipulando el sistema y las fiscales no se dan cuenta de eso”, apuntaló.

Ante preguntas sobre las aseveraciones que la abogada realizó en las grabaciones, aseguró que son válidas y que la testigo engañó a González Cabrera que solo buscaba proteger a la testigo.

“Lo que la abogada estaba haciendo es permitido por nuestro Tribunal Supremo. Nosotros podemos entrevistar los testigos. Quien no puede entrevistar los testigos de las defensa son los fiscales”, insistió.

Argumentó, además, que el dinero que la licenciada dio a la testigo “nada” tenía que ver con impedir que declara en el proceso judicial en Humacao sino que era para atender situaciones como reparar una goma y ayudar con su protección.

Según las dos testigos, la abogada entregó $1,200 para el alquiler de una propiedad en Ceiba o Fajardo, entre otras cantidades. Catalá Suárez, por su parte, envió $100 por ATH Móvil a Gianka Cuadrado para reemplazar una goma, que se había averiado.

No habrá paro en el Cardiovascular

La Unión General de Trabajadores (UGT) y el Centro Cardiovascular alcanzaron un acuerdo que pone fin al anuncio de paro indefinido que se había decretado el pasado 9 de mayo de 2023 y que estaba programado a comenzar este próximo lunes 22 de mayo de 2023.

”Luego de múltiples reuniones, logramos alcanzar un acuerdo que evita el que la Union General de Trabajadores ejecute el paro indefinido anunciado para el próximo Lunes 22 de mayo. Es importante que la ciudadania, nuestros pacientes, sus familiares, nuestros médicos y proveedores estén tranquilos y confiados de que las operaciones del Centro Cardiovascular no se van a ver interrumpidas de ninguna manera ya que hemos alcanzado un acuerdo con el fin de dar el espacio para firmar el nuevo Convenio Colectivo y completar el Plan de Clasificación y Retribución que es requisito para que la Junta de Supervisión Fiscal pueda aprobar incrementos salariales” expreso el Lcdo. Javier Marrero Marrero.

Con fecha la vista de causa para arresto en alzada contra senador Albert Torres

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó hoy, jueves, una moción solicitando una vista de Regla 6 en alzada contra el senador Albert Torres Berríos y la jueza Nerisvel Durán emitió una orden para celebrar la vista el 7 de junio a las 10:00 a.m. en la sala 1104 del Tribunal de San Juan.

El legislador popular se apuntó una victoria el pasado 18 de abril cuando la juez Alfrida M. Tomey Imbert determinó No Causa para su arresto por cargos de soborno, represalia e interferencia con testigos.

Las denuncias presentadas por la FEI Zulma Fúster Troche ante el Tribunal de San Juan incluyen alegaciones de “gritos, insultos y palabras soeces y ofensivas” contra una empleada a la que le manifestó que ‘lo tenía jarto, que en su oficina mandaba él y que no tenía que ir a la Oficina de Recursos Humanos, que dejara la changuería y que el que quisiera ir que se fuera’ y ‘que el que era electo y tenía las bolas era él”.

Esta trama comenzó en agosto de 2021, cuando una querella anónima presentada ante la Comisión de Ética del Senado alegaba que el senador por el distrito de Guayama había elaborado un esquema de sobornos en su oficina que consistía en financiar gastos personales. En aquel momento, este negó las acusaciones y la Comisión determinó que no tenía jurisdicción sobre las mismas.

Posteriormente, la investigación del Departamento de Justicia inició luego de que Alba M. González Rivera, una empleada del Departamento de Agricultura que trabajaba en destaque en la oficina de Torres Berríos, declaró en octubre de 2021 que el novato legislador utilizó recursos públicos y empleados para asuntos político-partidistas, solicitó dinero a sus empleados para atender asuntos personales y que, además, tomó represalias en su contra por haber presentado una querella de acoso laboral ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado.

El cargo por represalia corresponde al Artículo 4.2 C del Código Anticorrupción, el de soborno corresponde al Art. 259 del Código Penal y el de interferencia con testigos, al 281 de la misma ley. Todos los cargos son de carácter grave.

El FEI Ramón Mendoza Rosario formó parte de la investigación.

“No ha lugar” del Apelativo a petición de Mariana Nogales para que jueza se inhiba de su caso

El Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” a un recurso de certiorari sometido por la defensa de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, quien enfrenta 24 denuncias sometidas por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

La defensa liderada por el licenciado José Andreu Fuentes, alegó que el Tribunal erró al no permitir la inhibición de la jueza, Iraida Rodríguez, por esta haber tenido contacto con parte de la prueba que se presentó contra la legisladora al emitir una orden de allanamiento de las cuentas bancarias de Nogales Molinelli, su madre Rita Molinelli y la corporación de ambas.