El fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario, junto al fiscal especial delegado Miguel Colón Ortiz, presentará cargos por violaciones a la Ley de Ética y evasión contributiva contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, en los próximos días, confirmaron fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV).

La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó que la radicación de cargos será el 3 de mayo, pero no divulgó los cargos que se imputaran a la abogada.

De cara a la presentación de cargos, la legisladora y miembros del MVC denunciaron que las acciones del Panel y del Departamento de Justicia respondían a un patrón de persecución política por su trabajo de fiscalización desde la Cámara de Representantes.

“En ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar la corrupción en las instituciones que ya no nos sirven. La Oficina del Fiscal Especial Independiente se apresta a presentar una patraña que fabricó durante casi un año, una patraña solicitada por Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental”, afirmó Nogales Molinelli en rueda de prensa desde el Colegio de Abogados y Abogados en Miramar.

“Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además se siente atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidades por su verticalidad. Cuando presenté mi autoreferido no podían creerlo. No había ni tan siquiera un procedimiento pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de 38 otros legisladores que sí pudieron enmendarlo a mí no se me permitió”, agregó.

Flanqueada por el coordinador general del MVC, Manuel Natal Albelo, y el senador Rafael Bernabe Riefkohl, la representante aseguró que luchará en contra de las imputaciones que aseguró son falsas y que buscan silenciarla.

“Yo no tengo miedo. No temo enfrentarme a los poderosos”, apuntaló rodeada de militantes del movimiento político.

Natal Albelo cuestionó los 355 días que tomó la pesquisa del Panel y los recursos destinados para “perseguir” a la representante cuando dicho organismo investigativo no encontró méritos en otras investigaciones, como ocurrió con el caso del ahora convicto federal exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, y las denuncias por el lío del asfalto regalado al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

“Esto es una injusticia y lo vamos a combatir en todos los espacios posibles”, afirmó.

El año pasado, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó su decisión de designar un fiscal especial independiente para investigar a fondo a Nogales Molinelli tras acoger la recomendación del Departamento de Justicia.

En ese momento, el Panel informó que el curso legal de la pesquisa inició tras formalizarse tres querellas ante Justicia de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, y del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas.

Afirmó que las querellas estaban centradas en el contenido del informe financiero que la representante radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental y varias versiones públicas que ofreció, donde ofreció información contradictoria.

La médula de la controversia gira en torno a la empresa Ocean Front Villas Corporation, que posee varias propiedades en alquiler en el complejo de Palmas del Mar, en Humacao, y el papel de la legisladora en dicha corporación.

Según el Panel, la representante no incluyó información relevante sobre sus propiedades, participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales. También alega que la legisladora incurrió en irregularidades al omitir información al CRIM y no pagar el impuesto de ocupación por las propiedades de alquiler.

Nogales Molinelli reconoció que omitió información en su informe financiero por error y renunció a todas las posiciones que tenía en las corporaciones familiares. Indicó que no recibía una remuneración por su participación en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria, ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

La propia legisladora pidió al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que refiriera el caso a la Comisión de Ética. Al concluir su investigación, el informe de la Comisión de Ética recomendó el pago de una multa de $2,000 por la radicación del informe financiero incompleto. El pleno de la Cámara acogió la recomendación y la representante pagó la multa.