El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que del 5 al 7 de junio se hará una toma en el Congreso.
El evento se hizo en 2012 y en 2021 para visitar congresistas durante la sesión y orientar sobre la necesidad de que se apruebe un proyecto vinculante para resolver el status.
El anuncio lo hizo a través de la red social Facebook luego de salir de impartir una clase en la Universidad, informó.
A casi dos años de la radicación de la medida, el Senado finalmente aprobó esta tarde una pieza legislativa que atempera las leyes estatales al estatuto federal de Family First, que promueve mantener las familias unidades y garantiza al Departamento de la Familia recursos adicionales para atender y prevenir escenarios de maltrato entre la niñez del país.
Tras el trámite administrativo de rigor, la medida pasará para la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Durante los trabajos de la quinta sesión ordinaria, los senadores y senadoras aprobaron varias medidas de justicia social entre ellas el segundo Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 537, que propone establecer la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Dicha pieza legislativa, que contó con 14 votos a favor y 11 en contra, busca garantizar el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la Ley del Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services Act. De paso, deroga la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.
“Esta legislación fomenta el proveer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar los vínculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique al menor, evitando el trauma de la separación innecesaria de los padres e hijos. La política pública se enfoca en brindar los servicios y realizar esfuerzos razonables para evitar remociones, mantener la unidad familiar o reunificar al menor con su familia”, detalla el proyecto.
La Ley también implementará un “procedimiento estándar para el manejo de acciones judiciales de menores extranjeros que no ostentan el estado migratorio de residentes permanentes para alinear estas prácticas con los nuevos requisitos federales”.
La Cámara de Representantes había aprobado el Informe del Comité de Conferencias el pasado 28 de marzo.
La Cámara Alta también aprobó el Proyecto del Senado 839 de la autoría del senador novoprogresista, Gregorio Matías Rosario, que busca añadir un inciso a la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico a los fines de incluir entre sus poderes y deberes la facultad para identificar y crear las herramientas que permitan a las personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down poder insertarse y mantenerse en la fuerza laboral. También, busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 a los fines de establecer una deducción contributiva a los patronos de empresas privadas que empleen a personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa “el panorama sigue siendo desalentador, con uno de cada tres adultos con autismo que no han tenido un trabajo remunerado o educación posterior a la escuela superior. Ese porcentaje de personas excluidas del mundo laboral es más alto que en el caso de otras discapacidades. Ello es incluso peor para individuos provenientes de familias con bajos ingresos”.
Durante su turno, Matías Rosario expresó que “este proyecto es uno de justicia y lo que busca son herramientas para insertar en el mundo laboral a la comunidad con autismo y con síndrome Down… aquí hay un proyecto donde dice que vamos a darle un incentivo a los que contraten a las personas de la comunidad de autismo y síndrome Down, personas vulnerables y la Junta de Supervisión Fiscal hace unos cálculos que puede ser de $2 a $5 millones y por eso ellos no le van a dar paso… [Pero ellos, la Junta] ya han gastado sobre dos millones de dólares en asesores… No vamos a dejar que la insensibilidad de ellos nos arrope a nosotros y vamos a luchar por los más vulnerables”.
La senadora de la delegación Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén dijo que “me parece que a la Junta hay que confrontarla en todo momento y hay que radicar proyectos, aunque no necesariamente la Junta este a favor de ellos y hay que confrontar a la Junta con las necesidades del pueblo de Puerto Rico, cuando son necesidades justas para garantizar los derechos de las personas; así que nuestra delegación va a votar a favor de este proyecto”.
A su vez, el senador por el distrito de Bayamón, Carmelo Ríos Santiago enfatizó que “en esta medida si hay que enfrentar a la Junta. Vamos a enfrentarla, más que una retórica de un proyecto legislativo, hay que ponerle cara y espíritu a esta medida… y mi voto será a favor”.
El senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves dijo que “es muy triste que tengamos que recurrir a enmendar el Código de Rentas Internas para tener que darles un incentivo contributivo a los patronos para que le den el derecho que les asiste a estas poblaciones de participar en un empleo digno y de poder desarrollarse… No es una pieza legislativa más, es una pieza para hacerle justicia a una población [que lo necesita]”.
El cuerpo legislativo, además, aprobó el Proyecto del Senado 733 de la autoría del portavoz popular, Javier Aponte Dalmau, que busca enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, a los fines de permitir que los pacientes que serán estudiantes matriculados en Universidades, Colegios Tecnológicos y otras Instituciones educativas post secundarias que estudian en áreas o municipios distintos a su lugar de residencia, tengan la opción de escoger a su médico primario alterno en el área de estudio.
Como parte de los trabajos de hoy, se le dio paso a la Resolución del Senado 751, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y la senadora Elizabeth Rosa Vélez, que busca ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura realizar una investigación sobre los procedimientos de otorgación y la eficiencia administrativa de todos los contratos otorgados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, dirigidos a reducir o eliminar el hurto de agua por los ciudadanos y para otras tareas realizadas o que pueden ser realizadas por los empleados de la corporación pública.
De igual forma, el cuerpo avaló la Resolución Conjunta del Senado 94, de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón para que se le ordene al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico lanzar una campaña educativa por medios de comunicación masiva sobre las protecciones que ofrece la Ley 22-2013.
“Estudios relacionados al efecto de la publicidad social han concluido que las mismas pueden ayudar a expandir el conocimiento que tienen las personas sobre problemáticas particulares e incidir sobre las emociones de 1os ciudadanos. Una estrategia publicitaria creativa y bien planificada puede incentivar comportamientos positivos ante interacciones con personas género diversas”, detalla en su exposición de motivos la pieza legislativa.
Otras medidas aprobadas fueron los Proyectos del Senado 245, 747, 487 y 1038, las Resoluciones Conjuntas del Senado 343 y 384; los Proyectos de la Cámara 913, 1639 y la Resolución Conjunta de la Cámara 128.
El representante José Aníbal Díaz Collazo falleció hoy tras batallar contra el cáncer, confirmo el portavoz de la mayoría del Partido Popular en la Cámara, Ángel Matos.
“Hoy, la Cámara de Representantes pierde a un extraordinario legislador, un amigo solidario, un hombre de altos valores morales, un ser humano sencillo, humilde y de gran corazón.
Aunque nos embarga un sentido de tristeza por la partida física de nuestro compañero, queremos honrar su vida y su legado, ya que en su paso por la Legislatura se distinguió por presentar legislación para hacerle justicia a los servidores públicos y a los empleados municipales, al igual que para adelantar diversas causas de los pueblos de Cayey y Cidra, que tan dignamente representó. A la familia Díaz Collazo, nuestras condolencias y más sincero abrazo en estos momentos de aflicción. Aníbal dio la batalla y ese espíritu de guerrero es el que siempre recordaremos. Descansa en paz querido amigo”, sostuvo por su parte el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.
Hernández informó que las actividades previamente calendarizadas como la Sesión Especial en honor a Los Hispanos, la entrega de la Beca de la Cámara de Representantes Don Luis Vigoreaux y la reunión del caucus de la Delegación de Mayoría, quedan canceladas hasta próximo aviso.
Díaz era representante del Distrito 29, que compone los municipios de Cayey y Cidra y tenía 52 años.
La Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), sumó un nuevo esfuerzo contra los ataques cibernéticos, al anunciar una alianza entre el Gobierno de Puerto Rico, autoridades federales y organizaciones sin fines de lucro para proteger los datos de ciudadanos y defender a las organizaciones que los custodian.
Según detalló la directora ejecutiva de PRITS, Nannette Martínez Ortiz, el Puerto Rico Cyber Force está compuesto por PRITS, el Negociado de Investigaciones Federales (FBI), la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura Federal (CISA), el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), el Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC) y la organización sin fines de lucro Obsidis Consortia.
“El Puerto Rico Cyber Force es un esfuerzo que busca capacitar y darle participación a ciudadanos de manera voluntaria en asuntos relacionados a seguridad cibernética. Los participantes tendrán la oportunidad de colaborar con entidades de seguridad tanto estatales como federales en la prevención, intercambio de información, respuesta y recuperación de ataques para aumentar la resiliencia y disminuir las vulnerabilidades en los sistemas del Gobierno de Puerto Rico”, explicó Martínez.
“Esta iniciativa es un ejemplo de cómo se puede lograr mucho más cuando se trabaja en equipo. La misión cibernética del FBI es imponer riesgo y consecuencias a criminales cibernéticos, a través de nuestra combinación única de autoridades, capacidades y relaciones de colaboración como esta.” dijo el Agente Especial a Cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González. “Esa misión comienza con el intercambio de información oportuno y consistente, que es propósito primordial del Puerto Rico Cyber Force”, manifestó el agente especial del FBI, Joseph González.
N’gai Oliveras, representante de CISA, expresó su entero compromiso con la iniciativa de PRITS. “De nuestra parte tendrán todo el apoyo tanto en el proceso de capacitación a los ciudadanos, como en cualquier iniciativa de prevención de incidentes, tanto en el gobierno como con el sector privado. La seguridad cibernética tenemos que atenderla de forma holística y en colaboración con la ciudadanía”, expresó Oliveras.
La directora de PRITS añadió que “los interesados podrán unirse al Puerto Rico Cyber Force a través de Obsidis Consortia, una organización sin fines de lucro que busca desarrollar profesionales de la tecnología de la información, estudiantes y entusiastas en seguridad de la información y promover la privacidad”.
En tanto, José Arroyo de Obsidis Consortia indicó que “es imperativo unir esfuerzos para combatir el problema de ciberseguridad. Obsidis Consortia entiende que una comunidad unida es más fuerte que esfuerzos individuales. El Puerto Rico Cyber Force es el comienzo de un movimiento para reforzar la capacidad de atender la constante amenaza de ciberseguridad en Puerto Rico, estableciendo raíces fuertes de entendimiento sobre un tema que está en constante evolución”.
El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, destacó que “el Departamento de Seguridad Pública tiene el compromiso con PRITS de recibir y trabajar los reportes de incidentes reportados, y coordinar la participación del personal en los adiestramientos que recibe el Centro de Fusión de Puerto Rico sobre ciberseguridad. Además, le brindaremos espacios en los ejercicios de mesa que se realizan en el Centro”.
Torres, explicó además que estos grupos de trabajo se realizan para atender las diferentes emergencias o amenazas. “Se realizan de forma unificada entre agencias estatales y federales, de esta forma, cada agencia puede conocer cuáles serán las funciones de todas las entidades durante una emergencia”.
El grupo llevará a cabo sesiones de capacitación sobre seguridad cibernética y ejercicios para explorar y mitigar vulnerabilidades en sistemas de información, proveerá apoyo y asesoría sobre ciberseguridad y le llevará mensajes de concienciación sobre seguridad cibernética a la ciudadanía. Los enfoques de la colaboración entre las entidades son la prevención de ataques cibernéticos, el desarrollo de un plan de apoyo para la respuesta a incidentes, y mantener un intercambio de información activo y constante.
Los interesados en conocer detalles adicionales, unirse al Puerto Rico Cyber Force o reportar vulnerabilidades o actividad maliciosa pueden acceder a cyberforce.pr.gov.
La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve anunció el comienzo de vistas públicas para la discusión del Proyecto del Senado 495, que busca requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico.
Según la senadora Rodríguez Veve, la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores establece que una menor de 18 años no puede someterse a una limpieza dental o extraerse un diente sin el consentimiento de sus padres, por lo tanto, tampoco debería poder practicarse un aborto sin el consentimiento de sus padres.
Una revisión de la Ley 246 establece en el Artículo 41 — Tratamiento Médico y otros asuntos que “para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica, a un menor, no será necesaria la autorización de los padres”.
“Cuando se requiera una intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización de uno de los padres con patria potestad del menor. En caso de que ambos padres se nieguen a dar su consentimiento para dicho tratamiento, cualquier familiar, así como el médico o funcionario del hospital en que se encuentre o esté en tratamiento el menor, o un Trabajador Social o Técnico de Servicios a la Familia del Departamento, podrá peticionar una orden ante el tribunal autorizando la intervención médica para dicho menor”, reza la Ley 246.
“Si la petición se realizare por otra persona que no fuera el médico del menor, tendrá que acompañarse un certificado suscrito por el médico que brindará el tratamiento al menor, el cual contendrá una breve descripción de dicho tratamiento y la necesidad y urgencia de brindar el mismo. El médico estará disponible para ser interrogado por el tribunal.
El Departamento estará facultado para autorizar tratamiento médico y/o intervención quirúrgica que el menor necesite sin autorización previa solamente en casos de emergencia”, agrega el estatuto.
Rodríguez Veve agregó que si una menor de 18 años fue abusada sexualmente y embarazada por su progenitor, tutor o familiar puede recurrir a un tribunal para pedir auxilio y que se le permita abortar.
“La pregunta es: ¿se hace un aborto y después qué? ¿Vuelve a la casa para seguir siendo víctima del padre?”, cuestionó la senadora.
La senadora informó que las vistas comienzan el 2 de mayo y continuarán los días 4, 9 y 15 de mayo.
Por su parte, la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, sostuvo que en la actualidad doce estados de los Estados Unidos prohíben el aborto totalmente y 24 estados requieren algún tipo de intervención por parte de los padres o custodios legales en el proceso decisional de una menor de edad de someterse a un procedimiento de aborto.
De estas jurisdicciones, la mayoría requiere sólo el consentimiento uno de los padres, la minoría requieren el consentimiento de ambos; algunos estados requieren la notificación previa y consentimiento de ambos padres; mientras que otros solo requieren notificación previa a los padres.
Se informó que estarán citados:
Clínica Darlington Medical Associates
Women Medical Pavilion
Clínica Iella
Clínica Planificación Familiar
Dr. Alberto De la Vega, Hospital Universitario
ACLU
Edna Aubray
Edgar Aubray
Dra. Yiddish Álvarez
Lcdo. Carlos Pérez
Departamento de salud
Departamento de la Familia
Departamento de Justicia
Negociado de la Policía
Proyecto Matria
Aborto Libre
Pese al informe negativo que recibió su designación, la principal oficial de la Oficina de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico (PRITS, en inglés), Nannette Martínez Ortiz, no pedirá al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia el retiro del nombramiento.
El lunes pasado, el Senado dejó sobre la mesa el nombramiento de Martínez Ortiz y el nombramiento del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Hiram Torres Montalvo, que podrían bajar para la evaluación de la Cámara Alta en cualquier momento. El Senado sesiona hoy a partir de la 1:00 p.m.
Ambos nombramientos recibieron una recomendación de rechazo de la Comisión de Nombramientos, que preside José Luis Dalmau Santiago.
“No he recibido más información y no puedo especular. No puedo hablar sobre teorías que pueda tener sobre qué puede ser la razón o qué es lo puede estar detrás de una recomendación de rechazo de mi nombramiento. Yo sí puedo hablar lo que yo veo. Lo que mi equipo ve. Yo veo una mujer trabajando en esta oficina, echándola hacia adelante desde hace dos años y cuatro meses”, afirmó la funcionaria en rueda de prensa para ofrecer detalles sobre un nuevo esfuerzo para combatir ciberataques.
“Yo veo mucho trabajo que hemos hecho y mucho trabajo que queda por hacer. Yo pienso continuar con mi trabajo siempre que me lo permitan y el Senado hará el suyo”, añadió.
Sobre si prefiere que el nombramiento baje al hemiciclo para votación y rechazo, Martínez Ortiz respondió que esa decisión queda a discreción del primer ejecutivo.
El informe negativo sometido al pleno del Senado tiene 11 páginas.
“Al concluir la vista pública, y luego de evaluadas las contestaciones de la designada a las
preguntas realizadas principalmente por el Presidente de esta Comisión, Hon. Jose Luis Dalmau Santiago, y de otros senadores, aún persisten dudas sobre la información provista por la Directora Ejecutiva del PRITS, principalmente sobre los contratos otorgados y las cuantías que se han desembolsado en los últimos años”, señala el informe.
“A todo lo anterior se añaden dos asuntos extremadamente importantes para el Pueblo de Puerto Rico acontecidos en las últimas semanas. Veamos: El primer asunto es lo concerniente a la implementación del marbete electrónico programado en primera instancia para entrar en vigor en el verano del 2022 y el cual se mantiene en suspenso y bajo una nueva promesa de implementación para el verano de este año. Se ilustra con esto la falta de efectividad y eficiencia de PRITS en la implantación de servicios para el pueblo, lo que denota una falta de compromiso y de sentido de urgencia a la hora de proveer mecanismos que faciliten el acceso a los servicios públicos de la ciudadanía. En segundo plano, se encuentra el asunto de
la seguridad cibernética ampliamente discutida en la vista pública de la designada”, agrega.
El otro asunto que dejó inquietudes entre los senadores y senadoras, según el informe negativo, fue el ataque cibernético a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se comprometió información personal y sensitiva de los abonados de la corporación pública.
El Colegio de Abogados de Puerto Rico es parte de una controversia por el uso del lenguaje de género luego que el licenciado Hiram Sánchez Martínez denunciara la censura de un escrito que redactó para la revista “Ley y Foro” que publica la organización profesional.
Sánchez Martínez dijo que hace meses el licenciado Alberto Medina Carrero le convocó para escribir en la versión digital de la revista y al presentar su primera entrada titulada: “¿Colegio de Abogades?” publicó el “cuento” en la edición del lunes, 17 de abril de 2023.
Sin embargo, al otro día, 18 de abril de 2023 el escrito sometido ya no estaba en línea y el presidente del Colegio, licenciado Manuel Quilichini dijo a Sánchez Martínez que el texto había causado un gran revuelo, al punto de que había habido una reunión de emergencia la noche antes de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio.
“Resultó en que las personas en ascuas le solicitaran que retirara el texto porque este constituía una burla a los derechos de las personas allí aludidas y que ese tipo de material y mensaje no debía tener espacio en las páginas del Colegio”, sostuvo el licenciado Sánchez Martínez.
Dijo además que el presidente del Colegio consultó con los expresidentes del Colegio, licenciado Julio Fontanet y Eduardo Villanueva, y ambos habían opinado que el Colegio no podía censurar la opinión de un colegiado y que, en todo caso, él debía reinstalar la entrada.
El licenciado Sánchez Martínez dijo que se le informó que el escrito sería publicado nuevamente el miércoles 19 de abril de 2023 con una nota “aclaratoria” para acompañarla y que si quería hacer alguna exposición al respecto, que también podía escribirla.
“Rechacé la sugerencia de que yo justificara lo escrito; simplemente respondí que mi texto podía defenderse por sí solo; y que quien discrepara de su contenido tenía el derecho de publicar su disenso”, sostuvo el licenciado Sánchez Martínez.
Cuarto Poder (WAPA-TV) se comunicó con el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico para obtener su versión de los hechos pero al momento no han emitido declaraciones.
Reproducimos el texto sometido por el licenciado Hiram Sánchez Martínez a la revista “Ley y Foro” a continuación.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia no encontró pruebas que sustentaran alegaciones de que el exalcalde de Trujillo Alto, José L. Cruz Cruz, incumplió con sus deberes en torno a su asistencia regular y al sancionar a un empleado que fue procesado criminalmente.
Por ello, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) decidió archivar el asunto, indicó el organismo investigador en una comunicación escrita en la cual no menciona el nombre del empleado sancionado, ni que el cuestionamiento surgió luego de que trascendió que las autoridades investigaban al ahora convicto exalcalde.
La madrugada del 9 de diciembre de 2021, agentes del Negociado Federal de Investigaciones arrestaron al entonces alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y a Radamés Benítez Cardona, entonces ayudante ejecutivo de Cruz Cruz por participar en un esquema de sobornos a cambio de conceder contratos municipales a empresas del convicto contratista Oscar Santamaría.
Más tarde trascendió que las autoridades federales le tenían el ojo encima al alcalde quien eventualmente renunció al cargo tras aceptar un acuerdo con las autoridades federales y admitir que recibió sobornos de contratistas municipales. Según la investigación federal, Benítez Cardona sirvió de enlace entre los contratistas convictos y Cruz Cruz.
En la comunicación escrita, el Panel del FEI detalla que el referido del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, precisaba que sus fiscales habían corroborado que las denuncias planteadas por Manuel Alonso López, coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana, no estaban basadas en hechos fácticos o prueba corroborable.
Relata el informe de la División de Integridad Pública, acogido por el PFEI, que luego de entrevistar múltiples testigos y funcionarios del municipio, así como documentación oficial, el alcalde ejerció su rol de supervisor dentro de los parámetros del ordenamiento, y cumplió con su jornada habitual de trabajo.
La querella planteada por Alonso López cuestionaba que el entonces alcalde no sancionó administrativamente a su ayudante especial, luego de incurrir en conducta de naturaleza penal.
También denunció que, según reseñaban informes públicos, el alcalde se ausentaba constantemente de sus labores al frente del municipio.
La investigación de Justicia arrojó que Cruz Cruz ordenó a Ia División Legal del Municipio, una investigación administrativa sobre las actuaciones de su ayudante. Al concluir la misma, aplicó las sanciones que le fueron recomendadas.
Igualmente, se corroboró que el exalcalde desempeñaba sus funciones como Ejecutivo Municipal, pero que la limitación de acceder a entrevistas de prensa, permitió la impresión pública de que no asistía a sus deberes.
La División de Integridad Pública constató mediante documentación oficial, la asistencia del
exalcalde a 44 actividades oficiales, como su firma en innumerables documentos que especificaban su rol oficial.
De conformidad con todo Io relacionado sobre sus inacciones administrativas o ausencia de sus deberes, la División de Integridad Pública concluyó que no existía causa suficiente para creer que Cruz Cruz hubiese incurrido en conducta delictiva sobre estos aspectos que fueron investigados.