Aunque las barcazas y megageneradores de emergencia que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) prometió traer a la Isla para estabilizar el sistema de energía tras el paso del huracán Fiona aún no han llegado, se espera que estén en la Isla antes de que comience la próxima temporada de huracanes.
Aunque no significa que no tengan algún servicio de Internet, se estima que hay medio millón de familias que no tienen lo que se clasifica como banda ancha. Hay municipios como Añasco, Vieques y otros del centro como Corozal, Comerío y Barranquitas, que solo tienen entre un 23% a un 40% de los hogares con acceso a banda ancha. En otros pueblos como Las Marías, San Germán y Cabo Rojo la cantidad de hogares con acceso a internet es del 30% al 48%.
El Nuevo Día
El contrato para privatizar la operación y el mantenimiento de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) impone una nueva carga económica a la corporación pública, que podría redundar en un aumento en la factura de la luz, advirtió el representante de los consumidores Tomás Torres Placa en su voto disidente.
“Mediante este acuerdo, se contrata a un tercero para la operación, mantenimiento y el “decommissioning” de las plantas térmicas existentes de la AEE. Este acuerdo conlleva un pago fijo anual más un pago de incentivos en seis áreas: Eficiencia de Costos Operacionales; Factor de Disponibilidad Equivalente; Cumplimiento en Seguridad; Cumplimiento Ambiental; Desarrollo de Informes; y Ahorro de Combustible. Este costo se une al costo del operador del sistema de transmisión y distribución, lo cual limita los recursos financieros de la AEE para
enfrentar sus demás obligaciones, resultando en posibles aumentos en la tarifa”, señaló Torres Placa en la explicación que acompañó su decisión y que la Junta de Gobierno de la AEE hoy colgó en su página de internet.
En su voto disidente, el ingeniero argumentó que el acuerdo resulta innecesario porque la AEE invirtió de sus recursos para estabilizar el sistema de producción de energía y tiene un plan para atender los retos que enfrenta ante la fragilidad de su infraestructura.
“El grupo ejecutivo de la AEE ha realizado mejoras significativas al sistema de generación lo cual va a ser suplementado por generación de emergencia temporera por FEMA para estabilizar el suplido de energía mientras se realizan trabajos de mantenimiento en las unidades principales de mayor capacidad en la isla, por lo que ya existe una ruta seguir en cuanto al mantenimiento y reparación de las unidades”, apuntaló.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó una partida de $9,500 millones para reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso de los huracanes Irma y María. También otorgó cerca de $2,000 millones para mejoras de emergencia y recientemente autorizó otros $700 millones para tomar medidas para estabilizar el frágil sistema eléctrico, como establecer barcazas de generación temporeras.
Ayer, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó el contrato en una reunión que se extendió unas dos horas. El presidente del cuerpo Fernando Gil Enseñat, Carlos Yamín Rivera, Gerardo Lorán-Butrón y Memphis Cabán Rodríguez avalaron el acuerdo para que el consorcio Genera PR, administre las plantas generatrices de la AEE por un término de 10 años en una movida que crearía un monopolio privado en la producción de energía. Solo Torres Placa rechazó el acuerdo y pidió que se divulgara su voto disidente.
La aprobación del contrato tomó impulso, luego de que la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) convocara una reunión el domingo para aprobar de forma unánime la transacción. En esa votación, los llamados representantes del interés público, Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, avalaron el contrato tras incorporar “enmiendas” al acuerdo de administración y operación solicitadas por los líderes legislativos.
Pese a que se les conoce como representantes del interés público, ambos abogados fueron recomendados y representan al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Por tanto, la transacción cuenta con la bendición de la Pava, aunque su reglamento interno rechaza la privatización de servicios esenciales.
El presidente cameral y el presidente del Senado inicialmente expresaron reparos ante la transacción, pero la semana pasada revelaron que darían su aval al contrato si se acogían seis recomendaciones, que incluían medidas para bajar la factura de la luz y de protección a los empleados de la AEE para evitar el desplazamiento ocurrido cuando LUMA Energy asumió la administración del sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica.
Pero conforme afloran detalles del acuerdo, que no exige al operador privado invertir un centavo de su propio capital en la operación, crecen las preocupaciones de que el contrato tenga las mismas deficiencias que el acuerdo de LUMA Energy, que no tiene garras para su fiscalización.
En su exposición escrita, el ingeniero Torres Placa también apuntó que el contrato no tenía garantías suficientes para los empleados de la corporación pública, que pasarían al operador privado, aunque ofrecía mejores condiciones que las contenidas en el contrato de LUMA. El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, había reconocido que el contrato no contemplaba una cláusula de patrono sucesor.
Censuró la falta de transparencia que ha permeado durante el proceso. Mencionó, por ejemplo, que el Negociado de Energía no facilitó un proceso de consulta abierto con participación ciudadana. El Negociado ni siquiera informó que había aprobado el domingo pasado el certificado de cumplimiento, dando el visto bueno al contrato. Ese dato trascendió ayer de manera incidental durante la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE.
Torres Placa también recalcó que nuevamente la AAPP quedaría a cargo de la administración del contrato a pesar de su falta de pericia y los problemas que ha confrontado para fiscalizar el contrato de LUMA Energy.
Ahora el contrato pasa a la Oficina del Gobernador que tiene un plazo de 30 días para la firma. Esta función, según El Vocero, se le delegó a la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales.
La Junta de Control Fiscal revisará las últimas enmiendas, pero ya había dado su aval al borrador original.
Organizaciones ambientales como Queremos Sol y Cambio han rechazado la transacción, mientras que algunos legisladores del PPD han pedido cuentas a sus líderes por apoyar el contrato. El Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Proyecto Dignidad y el representante independiente Luis Raúl Torres también se oponen al contrato, que técnicamente liquidaría la AEE.
El rechazo surge, entre otras razones, por la trayectoria de New Fortress Energy, que forma parte del consorcio Genera PR, y no cuenta con experiencia en la administración de un sistema del tamaño de la AEE. También existen señalamientos de conflicto de interés ya que New Fortress tiene un contrato de $1,500 millones para suplir gas natural a la AEE y a la vez mantiene una disputa con la AEE por incumplimiento con dicho contrato. A pesar de que la empresa señaló al periódico El Vocero que ha cumplido con ese acuerdo, la AEE reclama una deuda de $35 millones. Además, ha surgido preocupación porque la transacción daría a la empresa acceso a información de competidores.
Mira el documento aquí: Voto Disidente Tomás Torres Placa
El mismo día en que se inauguró el puente atirantado, el 24 de octubre de 2008, mientras el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá buscaba la reelección once días después, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Luis Trinidad Garay, firmó un relevo de responsabilidad pública eximiendo a la compañía Las Piedras Construction de “daños que puedan sufrir terceras personas” para poder inaugurar antes de tiempo el puente en Naranjito.
Las Piedras Construction presentó una carta a El Nuevo Día en la que la Autoridad de Carreteras autorizó la apertura del puente atirantado antes de tiempo para las elecciones de 2008, a sabiendas de que el trabajo estaba incompleto y que no se había ejecutado una fase final crítica para garantizar su funcionalidad y la seguridad del público.
Acevedo Vilá dijo por su parte desconocer sobre esto y aseguró nunca solicitó que se inaugurara la estructura antes de tiempo.
De los 6,500 casos por desplazamiento que atendió Ayuda Legal Puerto Rico durante el 2022, el 70% -o 4,550- correspondían a mujeres jefas de familia.Más del 50% de las 6,500 familias asistidas indicaron tener un ingreso anual menor de $15,000.
La Junta de Control Fiscal sostendrá este viernes su primera reunión pública del año, un encuentro en el que no se espera que se discuta el contrato para ceder a un consorcio privado la operación de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Entre las principales propuestas que contempla el Plan Fiscal está la creación del Fondo de Servicios Esenciales Municipales, para mitigar la eliminación del Fondo de Equiparación.
Se trata de $150 millones que provendrían del sobrante del gobierno central.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan desestimó esta tarde la demanda que presentó la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA) contra el Municipio de San Juan por prohibir la portación de armas en las guaguas contratadas por el ayuntamiento para transportar a las personas a las Fiestas de la Calle San Sebastián este fin de semana.
“En vista de lo anteriormente expuesto, se declara Ha Lugar la moción de desestimación
presentada por el Municipio de San Juan. En su consecuencia se dicta Sentencia desestimando la demanda presentada”, reza la sentencia de 14 páginas.
El municipio utilizará detectores de metales para garantizar que las personas que acudan a las fiestas en trasporte público no lleven armas de fuego como parte de las medidas de seguridad que adoptó.
“Nos parece importante aclarar que la presente prohibición no se trata de un discrimen específico contra las personas que tienen licencia de armas, sino que la prohibición les aplica a todas las personas, tengan o no licencia de portación de armas. También reiteramos que no se trata de una prohibición de que las personas no transiten por las vías públicas del Viejo San Juan o se estacionen en los puntos de estacionamiento del Municipio, sino que solo, para efectos de las guaguas contratadas por el Municipio, no se podrá tener arma de fuego”, apuntó el togado.
“Esto no afecta a que cualquier persona que tenga una licencia de portar armas y decida acudir con su arma lo haga y disfrute de la actividad al igual que el resto de los ciudadanos”, agregó.
La vista en su fondo se celebró esta mañana y Cuevas Ramos había dejado entrever que se inclinaba a favorecer la postura del Municipio de San Juan puesto que la portación de armas no es un derecho absoluto.
Lee la sentencia aquí: CODEPOLA vs Municipio de San Juan
La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó hoy el polémico contrato que cede la generación eléctrica del país a un operador privado, que tiene una cuestionada trayectoria de desempeño en Puerto Rico.
La decisión no fue unánime.
El representante de los consumidores, Tomás Torres Placa, votó en contra, mientras que los otros miembros: el presidente del cuerpo Fernando Gil Enseñat, Carlos Yamín Rivera, Gerardo Lorán-Butrón y Memphis Cabán Rodríguez avalaron el contrato para que el consorcio Genera PR, administre las plantas generatrices de la AEE por un término de 10 años en una movida que crearía un monopolio en la producción de energía.
Torres Placa emitió un voto disidente explicativo, que pidió que se divulgara públicamente.
“Este contrato aunque es a 10 años contiene cláusulas que a partir del sexto año, a partir del quinto, se pueden revisar los ‘fees'”, indicó Gil Enseñat antes de la votación.
Añadió que el contrato contenía bonificaciones y penalidades atadas a seis criterios de cumplimientos, que van desde la eficiencia operacional hasta el ahorro en el combustible. Planteó también que el acuerdo “era la mejor opción para los empleados existentes de la AEE” porque ofrecía mayores garantías que contratos similares y que atendía muchas de las preocupaciones expuestas en los medios de comunicación en los pasados días.
La aprobación se realizó con premura, luego de que la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se convocó el domingo en la mañana para aprobar de forma unánime la transacción. En esa votación, los llamados representantes del interés público, Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, avalaron el contrato tras incorporar “enmiendas” al acuerdo de administración y operación solicitadas por los líderes legislativos.
Pese a que se les conoce como representantes del interés público, ambos abogados fueron recomendados y representan al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Es decir, que esta transacción cuenta con la bendición de la Pava, aunque su reglamento interno rechaza la privatización de servicios esenciales.
Inicialmente el presidente cameral y el presidente del Senado expresaron reparos ante la transacción, pero la semana pasada informaron sorpresivamente que darían su aval al contrato si se acogían sus recomendaciones.
La reunión de la Junta de Gobierno de la AEE estaba pautada para la semana entrante, pero ayer a última hora se calendarizó para la tarde de hoy.
Hoy, Gil Enseñat indicó que el Negociado de Energía emitió una certificación de cumplimiento aprobando la transacción el pasado domingo, pero el documento no colgó en el portal de la agencia para conocimiento público. La Junta de Control Fiscal también había ofrecido su endoso al acuerdo aunque revisaría las enmiendas incorporadas al borrador original.
Todavía no se conocen los pormenores del acuerdo porque se trata de un proceso confidencial, pero ya trascendió que cede la flota de plantas de la AEE al consorcio Genera PR, que incluye a New Fortress Energy, la empresa que construyó el terminal de gas en San Juan sin los permisos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés). El contrato no contiene una cláusula de patrono sucesor. Por tanto, no otorgaría garantías a los empleados de la AEE y abriendo la puerta a que se repitan los desplazamientos que dieron al inicio del contrato de LUMA Energy, que administra la red de transmisión y distribución. Tampoco exigirá al operador privado invertir de su capital en la operación y administración de las generatrices.
Además, New Fortress Energy mantiene una disputa con la AEE por incumplimiento con un contrato para proveer gas a la corporación pública. Pese a que New Fortress señaló ayer al periódico El Vocero que ha cumplido con ese acuerdo, la AEE reclama una deuda de $35 millones. Esa relación contractual con la AEE plantea un posible conflicto de interés porque otorga el acuerdo a un contratista, que mantiene un contrato por $1,500 millones con la corporación pública. También ha surgido preocupación porque la transacción daría a la empresa acceso a información de competidores.
El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, y los líderes legislativos dijeron el martes pasado en el programa Cuarto Poder (WAPA-TV), que estos asuntos se habían atendido en el contrato.
Organizaciones ambientales como Queremos Sol y Cambio han rechazado la transacción, mientras que algunos legisladores del PPD han pedido cuentas a sus líderes por apoyar el contrato. El Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Proyecto Dignidad y el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz también se oponen al contrato, que técnicamente liquidaría la AEE.
Actualmente la AEE produce el 80% de la generación a través de combustibles fósiles e hidroeléctricas, la empresa AES produce el 7.3% a través de carbón, EcoEléctrica 8.5% con gas natural y un 4.2% se produce a través de alternativas renovables.