Aunque ya se han discutido ideas para lo que pueda ser el futuro de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que ahora tendrá el nombre de Distrito Deportivo Roberto Clemente, y hay por lo menos unos $14 millones reservados para ese futuro desarrollo, todavía habrá que esperar porque se completen unas gestiones legales en torno a la titularidad de los terrenos, para dar los primeros pasos hacia el rescate de lo que fue el gran sueño del ídolo del béisbol.
Al menos 50,000 personas podrían entrar al Plan Vital de aprobarse una solicitud que la Administración de Seguros de Salud (ASES) presentará a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) con el fin de equiparar el nivel de ingreso para cualificar al 100% del nivel de pobreza federal para los estados continentales y el Distrito de Columbia.
De acuerdo con la directora ejecutiva de la dependencia, Edna Marín Ramos, la meta es poder presentar el reclamo ante el gobierno federal este 2023.
La medida en cuestión es el proyecto de la Cámara 1470, que “usa el Índice de precios de la construcción (CPI, en inglés) para establecer los topes actuales en $210,000 para vivienda unifamiliar y $250,000 para vivienda multifamiliar”, según la exposición de motivos.
En contraste, los topes actuales de interés social según los establece la Ley 47-1987 están entre $121,000 y $137,000.
La Junta de Retiro del Gobierno ha recibido sobre medio centenar de consultas de interesados en regresar a laborar en el servicio público tras la aprobación, hace un mes, de un reglamento para regir la reinserción de jubilados y de personas que se fueron del gobierno mediante un programa de transición voluntaria.
El Nuevo Día
La contralora Yesmín Valdivieso, confirmó el inicio de una auditoría sobre las fallas estructurales y vicios de construcción en el puente atirantado de Naranjito. El puente atirantado de Naranjito se inauguró el 24 de octubre de 2008.
A pesar de conocer sobre fallas estructurales, la ACT no le reclamó al contratista Las Piedras Construction y a ninguno de los involucrados en la obra, ni investigó las causas de los problemas y continuó pagando las facturas, que alcanzaron los $31 millones.
El alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes,Luis Javier Hernández Ortiz aseguró que en noviembre, se reunió con el titular de COR3 y el coordinador de FEMA quienes se comprometieron a hacer reembolsos en el período navideño pero esto no ha ocurrido. A cuatro meses del paso de Fiona, los alcaldes temen que se atrasen los trabajos como: medidas de protección, limpieza y recogido de escombros, material vegetativo y enseres, y otras obras más grandes de mitigación.
Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) ya había dado su visto bueno al contrato para privatizar el sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), volverá a evaluar el acuerdo ante las enmiendas que se incorporaron al borrador original.
Ayer, la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se reunió en la mañana para aprobar de forma unánime el contrato, que según informó la propia dependencia recogía los comentarios y solicitudes de todos sus miembros, incluyendo los representantes del interés público.
“La Junta de Supervisión evaluará los cambios aprobados por la P3 antes de tomar una decisión definitiva”, indicó la JCF en declaraciones escritas a través de su portavoz de prensa Sylvette Santiago.
Como parte del trámite, el contrato también debe ser aprobado por la Junta de Gobierno de la AEE y el Negociado de Energía
El Negociado todavía no ha emitido su certificación y hasta el momento la reunión de la Junta de la AEE está en calendario para el 25 de enero.
Los detalles del contrato no se conocen porque la Ley para las alianzas público privadas requiere que el proceso se mantenga confidencial hasta que se firme el acuerdo. Pero la noticia de que la Junta de la AAPP tomó la decisión de forma unánime causó un revuelo en el Partido Popular Democrático (PPD), cuyo reglamento rechaza la privatización de los servicios esenciales.
Inicialmente el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau Santiago, habían expresado reparos ante la transacción. Un solo voto en contra o una abstención hubiera detenido la transacción, que requiere unanimidad.
Pero la semana pasada cambiaron de parecer y enviaron una carta al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia indicándole que avalarían la transacción, si acogía seis puntos, que señalaban atenderían los problemas contenidos en el contrato que cedió a LUMA Energy la administración de la red de distribución y transmisión de energía. Es decir, que sus dos representantes ante la Junta de Gobierno de la AAPP votarían a favor del contrato, como ocurrió ayer.
La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, Liza Ortiz Camacho, quien representa al presidente cameral y Eduardo Ferrer Ríos, quien representa al presidente del Senado.
Poco después de conocerse la noticia, el representante José “Cheito” Rivera Madera denunció que la decisión se tomó sin consultar al caucus rojo y pidió la renuncia de Ortiz Camacho. Su compañero de partido, el representante Jesús Manuel Ortiz González, cuestionó la determinación de Ortiz Camacho y de Ferrer Ríos, y clamó por la celebración de una conferencia legislativa del PPD.
El representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, un crítico del contrato de LUMA y de la privatización de los activos de la AEE, se enfrascó en una pelea virtual con el presidente de la Cámara, a quien acusó de darle la espalda al pueblo y de hacerle creer a la Alianza de las Comunidades, que rechazaba la transacción.
El senador popular Juan Zaragoza Gómez censuró la falta de transparencia y exigió que publicara en contrato recién aprobado por la Junta de la AAPP.
Los líderes legislativos han justificado su cambio de postura asegurando que el contrato se enmendó para procurar que no aumente la factura de la luz, se mantengan los empleados de la AEE que pasarían al operador privado y exista mayor transparencia y rendición de cuentas.
Pero al momento no se conocen los pormenores del acuerdo, que según diversos medios cede la flota de plantas de la AEE a la empresa Genera PR, una filial de New Fortress Energy, que construyó el terminal de gas en San Juan sin los permisos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés). El contrato no contiene una cláusula de patrono sucesor, lo que no otorga garantías a los empleados de la AEE y abre la puerta a que se repitan los desplazamientos que dieron al inicio del contrato de LUMA Energy. Tampoco exigirá al operador privado invertir de su capital en la operación y administración de las generatrices.
Organizaciones ambientales como Queremos Sol y Cambio han rechazado la transacción, mientras que el representante de los consumidores ante la Junta de la AEE, Tomás Torres Placa, aseguró que no existen las condiciones para aprobar ese contrato en este momento.
Actualmente la AEE produce el 80% de la generación a través de combustibles fósiles e hidroeléctricas, la empresa AES produce el 7.3% a través de carbón, EcoEléctrica 8.5% con gas natural y un 4.2% se produce a través de alternativas renovables.
La aprobación del contrato que privatizaría el sistema de generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la bendición de los líderes legislativos del Partido Popular Democrático (PPD) desembocó en un fuego que amenaza con propagarse en la Cámara de Representantes.
Ayer, luego de que la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se reunió un domingo para aprobar el polémico contrato, empezaron los chispazos.
El representante José “Cheito” Rivera Madera denunció que la decisión se tomó sin consultar al caucus rojo y que contradecía el reglamento del PPD, que en noviembre pasado aprobaron los miembros de ese partido, y que claramente establece que la colectividad no apoyará la privatización de los servicios esenciales.
De inmediato, pidió la renuncia de Liza Ortiz Camacho, la representantes del interés público que representa al presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez. Su colega, el representante Jesús Manuel Ortiz González, también cuestionó la determinación de Ortiz Camacho y de Eduardo Ferrer Ríos, el otro representante del interés público que representa al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Además de explicaciones, Ortiz González pidió que se convocara la conferencia legislativa del PPD.
La Junta aprobó el contrato de forma unánime, pero una sola abstención o un voto en contra hubiera paralizado la transacción.
La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, y las dos personas en representación del interés público.
Pero lejos de apaciguarse la pelea, la candela siguió hoy a pesar del día de asueto.
Molesto, con los comentarios del representante independiente Luis Raúl Torres, quien abandonó el PPD precisamente por sus posturas neoliberales, el presidente de la Cámara soltó un zarpazo en su contra a través de sus redes sociales y que reproducimos de forma íntegra:
Compañero Luis Raúl Torres Cruz, usted no sabe cómo diferir ni presentar sus reclamos o posiciones personales con respeto y deferencia, como este servidor siempre lo ha hecho.
Su reclamo filosófico es para las gradas, dado a que usted ni ningún otro compañero del Partido Popular Democrático en Cámara y Senado ha radicado legislación para eliminar la participación y evaluación de los representantes del interés público en la junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
Por el contrario, solo ha radicado legislación para mantener la política pública vigente.
Por tanto, en repetidas ocasiones con su voto afirmativo, usted ha avalado la estructura para el análisis y aprobación de propuestas para la generación de energía eléctrica en manos del sector privado.
Usted tiene que aprender a respetar la diversidad de ideas, pero no hacia un solo lado. Tampoco es responsable su costumbre, a través de toda su carrera política, de levantarse e irse cada vez que difieren de una postura suya. Ya lo conocemos.
Mientras usted le hace eco a los intransigentes que perdieron la representación de los trabajadores por levantarse de la mesa, nosotros adelantamos las causas del pueblo en el proceso administrativo, incluyendo que:
1. cualquier ahorro alcanzado represente o se refleje, a su vez, en una reducción de la tarifa en las facturas de energía eléctrica.
2. Ninguna alianza pública privada que viabilice la generación de energía eléctrica a través de operadores privados debe representar o arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos.
3. Ningún contrato resultante podrá servir de subterfugio para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.
4. Para la ejecución de cualquier contrato o alianza se debe priorizar el ofrecimiento de servicios por parte de empresas y empleados locales.
5. La rendición de cuentas, el acceso a la información y métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente.
6. Las extensiones y acuerdos posteriores deberán contar con la aprobación del interés público, según lo requiere la Ley.
No es serio andar con un switch de prender y apagar para cuándo es más conveniente ser popular… YO SOY POPULAR SIEMPRE.
La cosa no acabó ahí. Torres Cruz, quien ayer aseguró que los líderes legislativos le dieron la espalda al pueblo al apoyar la privatización de las plantas generatrices, respondió:
Don Tatito Hernández:
Aquí el único que cambio posturas fue usted. Y mi diferencia en esos asuntos los conoce claramente usted y el País.
El que dijo que no había transparencia y que no se debía aprobar la APP de Generación en agosto del 22 fue usted y se lo hizo creer a la Alianza de las Comunidades. Pero no voy a caer en los personalismos. Vamos a discutir públicamente las diferencias de lo ocurrido.
El que no cumplió con lo establecido en la Asamblea de Reglamento del PPD de no aprobar más privatizaciones de servicios esenciales fueron usted y el Presidente del Senado.
Y no puedo entender a los que cambian de posturas constantemente.
#EvalúeUsted
Inicialmente, ambos líderes legislativos expresaron reparos a la privatización de generación, pero cambiaron de postura a inicios de la semana pasada cuando enviaron una carta al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en la cual le informaban que darían su aval a la transacción si su administración acogía seis puntos, entre ellos mayor transparencia y garantía de trabajo a los empleados de la AEE que pasarían a la empresa privada.
Pese a ese reclamo de acceso a la información y de transparencia, no se conocen los detalles del contrato porque la Ley de las alianzas público privadas mantiene el trámite confidencial hasta que se firme el acuerdo contractual entre el gobierno y el operador privado.
Pero diversos medios han indicado que Genera PR, con vínculos a New Fortress Energy, es la empresa escogida y que el contrato no tiene una cláusula de patrono sucesor, lo que no otorga garantías a los empleados de la AEE, como ocurrió con el contrato de LUMA Energy.
Actualmente la AEE produce el 80% de la generación a través de combustibles fósiles e hidroeléctricas, la empresa AES produce el 7.3% a través de carbón, EcoEléctrica 8.5% con gas natural y un 4.2% se produce a través de alternativas renovables.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anticipó hoy que la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) aprobará de forma unánime el contrato que privatizaría la administración del sistema de generación eléctrica, lo que deja entrever que procura un acuerdo con los líderes legislativos, que inicialmente mostraron resistencia a esa transacción.
Esta semana el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, enviaron una carta al mandatario indicando que darían su aval a la contratación si atendía seis puntos que resolverían los problemas de falta de transparencia y de protección a los empleados que quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que confrontó el contrato que cedió a LUMA Energy la administración del sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica.
Ayer y hoy, Pierluisi Urrutia reiteró que solicitó al director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, y a Omar Marrero Díaz, secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, que incorporen dichos señalamientos al contrato, cuyo borrador indicó ya se encuentra en la etapa de aprobación de las diversas agencias.
“Yo espero en que en el futuro bien cercano esa alianza público privada sea aprobada por la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. Ya yo pedí que se acojan, en la medida posible, los planteamientos que hicieron los presidentes de Cámara y Senado y sé que eso se está dando por las conversaciones que he tenido con tanto Omar Marrero como con Fermín Fontanés”, apuntó el primer ejecutivo durante una actividad en Carolina.
“Me parece que vamos a poder lograr el cometido. Es decir que la Junta unánimemente apruebe esa alianza. Eso no se ha dado, pero yo pienso que se va a lograr”, añadió.
Esta mañana, la Junta de Directores de la AAPP se reunió para discutir la transacción, un proceso que dista de la tirantez que permeó durante el proceso de aprobación de la extensión del contrato de LUMA Energy y que los líderes legislativos indicaron impugnaran ante la jueza federal que atiende la quiebra gubernamental.
“Es correcto. Según informó el Gobernador, hay una reunión de Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) convocada para mañana (hoy) viernes, 13 de enero de 2023. Durante la misma, se estará discutiendo el proyecto de alianza público-privada para la operación de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, dicha reunión no será para la aprobación del proyecto”, indicó Fontanés Gómez en declaraciones escritas.
“Dicho proyecto se encuentra aún en el curso de las aprobaciones correspondientes, que incluyen la Junta de Supervisión Fiscal, el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Junta de la AAPP, la Junta de Gobierno de la AEE y, finalmente, el Gobernador”, añadió.
La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Marrero Díaz, Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, y dos personas en representación del interés público, que fueron recomendados por los líderes legislativos, Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.
Hernández Montañez y Dalmau Santiago había expresado reparos ante la privatización del sistema de generación. El Presidente Cameral hasta condicionó su voto a favor del contrato para la privatización del sistema de generación a cambio de la cancelación del contrato de LUMA Energy, cosa que no ocurrió. Pero esta semana comenzaron a modificar su postura.
Sin el voto de los representantes del interés público, la AAPP no puede tomar acuerdos, según la Ley 29 de 2009 o Ley de Alianzas Público Privadas. Además, la Ley 20 de 2018 o Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico estipula “que cualquier transacción de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) que no involucre la venta de activos de la AEE” requiere el voto afirmativo de ambos representantes del interés público.
Pese a que el proceso de selección del operador de las planteas generatrices es confidencial, trascendió que el comité evaluador nombrado por la AAPP seleccionó a Encanto Power LLC, propiedad de New Fortress Energy.
Diversas organizaciones ambientales y el representante del consumidor ante la Junta de la AEE, Tomás Torres Placa se oponen a la privatización de los recursos de generación. El representante independiente Luis Raúl Torres Cruz también emplazó a los dos representantes del interés público ante la Junta de la AAPP a votar en contra de la transacción.
La Oficina del Comisionado Electoral (OCE) concluyó hoy que no existió coordinación entre el Comité Pedro Pierluisi, Inc. y el Súper Pac Salvemos a Puerto Rico. Por tanto, archivó una querella ante su consideración presentada por Jorge Dávila Torres, quien dirigió la campaña primarista de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
El comisionado electoral Walter Vélez Martínez había archivado la querella por falta de jurisdicción, pero luego reabrió el proceso tras surgir evidencia nueva en el contexto de la convicción de Joseph Fuentes Fernández y de Salvemos a Puerto Rico por mentir en sus informe a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) para encubrir la identidad de los verdaderos donantes del comité de acción política, que promovió una campaña en contra de los contrincantes políticos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Fuentes Fernández es el presidente y tesorero de Salvemos a Puerto Rico. Actualmente extingue una pena de 14 meses de prisión. Luego cumplirá tres años de libertad supervisada.
“Se determinó ARCHIVAR la Querella, a tenor con la Sección 4.5 del Reglamento Núm. 13 sobre Procedimientos Adjudicativos ante la Oficina del Contralor Electoral, al no haberse encontrado evidencia de que Salvemos a Puerto Rico y el Comité Pedro Pierluisi, Inc. o Salvemos a Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista hayan coordinado gastos entre sí” afirmó Vélez Martínez en la determinación final de 14 páginas.
Como parte del trámite, el Contralor Electoral evaluó documentos presentados ante la FEC y facturas de varias agencias de publicidad, incluyendo a De la Cruz & Asociados, que ofreció servicios al comité de acción política y al Comité Pedro Pierluisi, pero no de forma simultánea.
“Tampoco se detectó que De la Cruz hubiera prestado servicios al Comité (Pedro Pierluisi) y, antes del paso de 90 días, hubiera prestado servicios a SPR (Salvemos a Puerto Rico), luego de haber adquirido conocimiento sobre los planes, proyectos, estrategias, actividades o necesidades del Comité. Por lo cual, basado en los estatutos legales antes expuestos la OCE no puede concluir que existió coordinación de gastos entre SPR y el Comité”, apuntó Vélez Martínez.
Mira el documento aquí: Resolución Oficina Comisionado Electoral