El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump hará hoy a las 10:00 a.m. un “importante anuncio” que se cree que será su intención de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024.
El anuncio lo hará desde Mar-a-Lago, su residencia en la exclusiva isla de Palm Beach (sureste de Florida), donde estableció su domicilio privado antes de dejar la Presidencia de Estados Unidos.
Noticel
Los estimados del gobierno de Puerto Rico sobre los daños que provocó el paso del huracán Fiona por la Isla el 18 de septiembre apuntan a una cifra que ronda los $5,000 millones, de los cuales la mayoría fueron daños en el sistema eléctrico. La cifra abarca los daños en infraestructura pública y no se incluyen las pérdidas individuales o de otro tipo.
El juicio contra la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano quedó pautado para finales junio del año próximo, mientras el ministerio público estimó que el proceso se extenderá un mes.
Hoy, en una vista previa al juicio ante el juez federal Daniel Domínguez, la fiscal federal María Montañez Concepción informó que sentará a declarar a unos 15 testigos y que presentará como evidencia grabaciones de conversaciones de la acusada.
Montañez Concepción también informó que espera completar las peticiones de información de la defensa de la exlegisladora penepé para el 28 de noviembre.
El licenciado Francisco Rebollo Casalduc, abogado por designación de oficio de Charbonier Laureano, se ausentó de la vista, que se celebró mediante el mecanismo de videoconferencia. Pero estuvo representado por Benito Rodríguez Massó, abogado de la otra coacusada y exempleada legislativa, Frances Acevedo Ceballos.
Ante una pregunta sobre la posibilidad de disponer de este caso a través de una alegación de culpa, tanto la defensa como el ministerio público descartaron esa posibilidad.
“La señora Charbonier y su esposo, el señor Montes, van a ejercer su derecho a un juicio por jurado. Lo dijeron desde el primer día y eso no ha cambiado”, afirmó la licenciada Anita Hill Adames.
Hill Adames representa a Orlando Montes Rivera. La licenciada Cherelle Herbert representa a su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier.
En torno al tiempo de preparación para juicio, la licenciada Hill Adames mencionó que la fiscalía entregó a la defensa 10,580 grabaciones de llamadas y otras 100 llamadas encubiertas. Reconoció que no todas las llamadas eran relevantes al caso, pero que la defensa tenía que escucharlas y evaluarlas todas.
También detalló los juicios en su calendario así como los juicios de Rebollo Casalduc, que los mantendrían ocupados hasta finales de marzo del año entrante. Rebollo Casalduc es abogado de uno de los acusados de la llamada Masacre de la Tómbola y la abogada representa a un acusado por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti. Así las cosas, las partes acordaron iniciar el juicio el martes 20 de junio de 2023.
Ei 7 de agosto de 2020, un gran jurado federal acusó a Charbonier Laureano junto a su esposo, a su hijo y a su entonces empleada de participar en un alegado esquema fraudulento mediante el cual cobró comisiones ilegales o “kickbacks” para quedarse con una tajada del salario de esa empleada.
Un apagón se registró pasado el mediodía de hoy lunes y dejó a más de 175,000 clientes sin energía eléctrica.
El portal de LUMA Energy reporta que 175,972 clientes se encontraban sin servicio de energía eléctrica.
De acuerdo al portal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Central Palo Seco y AES están fuera de servicio tras esta avería en la línea 50900 de Luma Energy.
Luma comunicó a través de su cuenta de Twitter que está trabajando con la AEE y otros colaboradores privados para reestablecer el servicio lo antes posible. También exhortaron a la ciudadanía a conservar energía, especialmente durante la horas pico entre 6:00 y 10:00 pm.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó que, en o antes del 1 de diciembre, 98,270 empleados de distintas dependencias del gobierno de Puerto Rico recibirán un bono de $2,954, según establecido en el Plan de Ajuste (PAD) del Gobierno Central.
Además, el PAD establece un bono mayor a los 9,452 empleados representados por la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU)/ AFSCME quienes recibirán $11,360 debido a que apoyaron el Plan de Ajuste. Este pago estipulado en el PAD es como consecuencia de que el gobierno sobrepasó las expectativas de recaudo por lo que puede pagar a sus acreedores dinero adicional.
“Nuestro compromiso con los servidores públicos es inquebrantable. Los ajustes que hemos hecho en nuestras finanzas han dado resultados y ahora nos toca cumplir con nuestros empleados públicos, quienes se han visto afectados con los recortes presupuestarios del pasado mientras el Gobierno atravesaba una quiebra fiscal. Seguiremos, a paso firme, estableciendo estrategias que abonen al crecimiento de la economía, mientras reconocemos la labor de servicio de nuestros empleados gubernamentales”, explicó el gobernador.
Los empleados que cualifican para recibir el Bono del PAD son aquellos servidores públicos elegibles para recibir el Bono de Navidad y que sean empleados de una entidad pública que está sujeta al Plan Fiscal del Gobierno Central certificado. El gobierno de Puerto Rico logró que la Junta de Supervisión incluyera al número máximo de servidores públicos para recibir esta bonificación, dado que son ellos quienes deben certificar anualmente la elegibilidad, siempre y cuando se sobrepasen los resultados financieros establecidos en el Plan Fiscal certificado.
Al igual que el Bono de Navidad, el Bono del PAD se considera como parte del ingreso ordinario de los servidores públicos y estará sujeto a las retenciones federales y estatales correspondientes.
Por los pasados 5 años el gobierno central estuvo inmerso en un proceso de quiebra, el cual culminó este año con la aprobación de un Plan de Ajuste aprobado por el Tribunal Federal. Este Plan de Ajuste incluyó un recorte de 80 por ciento en el pago de la deuda del gobierno central.
Pese a que no ha llegado a la Fortaleza, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adelantó hoy los argumentos que usará para vetar el proyecto que ordena la cancelación del contrato de LUMA Energy.
También consignó sus reparos a otra medida que pasaría la supervisión del polémico contrato a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Actualmente, la fiscalización del acuerdo contractual recae sobre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que no cuenta con el peritaje y el personal para realizar dicha tarea.
Como parte de una estrategia política, la delegación del Partido Popular Democrático impulsa 6 medidas para transformar el abatido sistema eléctrico del país, entre ellas, la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordena la cancelación del contrato y que pasó el crisol de la Legislatura sin votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Todas las medidas se encuentran en el trámite final antes de pasar a la rúbrica del mandatario.
Al aprobar las medidas, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez preludió el choque con el Ejecutivo por su postura en defensa del operador privado y aseguró que esta posición tendrá un costo político para Pierluisi Urrutia, cuya figura se ha erosionado por la cercanía a personas investigadas o procesadas a nivel federal por cargos de corrupción pública.
El acuerdo suplementario para la administración de la red eléctrica expira el 30 de noviembre. Diversos sectores han pedido que se rescinda el contrato de LUMA debido a una larga lista de señalamientos, que van de desde la falta de transparencia y de empleados hasta el costo leonino del acuerdo, que generaría al consorcio canadiense al menos $1,500 millones en 15 años sin que tenga que invertir un solo centavo de su capital.
“En su momento, yo los voy a evaluar, pero ya conocen que en el área de energía yo estoy bien pendiente a los requisitos de la Ley PROMESA, porque esa ley aplica en Puerto Rico. Es ley suprema. Estoy pendiente de los requisitos del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que aplica. De igual manera, el Plan Fiscal del gobierno aplica. Yo arranco por ahí porque si el proyecto incumple con esos requisitos básicamente estoy impedido de firmarlo”, afirmó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa.
“Por otro lado, hay asuntos de política pública que son importantes para mí. Hay una transformación en curso, una reconstrucción en curso. Lo último que quiere el pueblo de Puerto Rico es que eso se atrase. Así cualquier cosa que yo vea que puede causar una dilación o un atraso. No lo voy a ver con buenos ojos. Eso lo dijo la Secretaria del Departamento de Energía cuando estuvo aquí. Ella dijo aquí lo que queremos es que todos los que tienen que ver con el sistema eléctrico que hagan su parte. Está LUMA. Está la Autoridad de Energía Eléctrica, FEMA no está dando apoyo”, agregó.
En mayo del año pasado, Pierluisi Urrutia vetó una medida que aplazaba la entrada en vigor del contrato, que inició el 1 de junio de 2021.
“Lo he dicho y lo repito. El 1ro de diciembre vamos a tener a LUMA y yo espero, que cada vez más, brindando un mejor servicio a nuestro pueblo. LUMA ahora mismo tiene alrededor de cerca de 40 proyectos con la aprobación de FEMA, más tiene sometidos ante FEMA 50 adicionales, que son proyectos de reconstrucción de la red eléctrica. Para mí es bien importante que so no se atrase, que eso siga su curso”, apuntaló.
Después de una ristra de apagones, la comisionada residente Jenniffer González Colón se unió a las voces que abogan por la salida de LUMA y en octubre pasado exigió la cancelación del contrato.
“La Junta de Supervisión Fiscal no puede obligar al gobierno de Puerto Rico a mantener un contrato que no le sirve a la gente, que no le sirve a la infraestructura y que lo que está haciendo es costándole millones de dólares en producción local, no solamente en compañías, en farmacéuticas, en los negocios, que tienen que estar comprando plantas, buscando otros mecanismos de energía porque la que tenemos no es suficiente, no es certera y tiene demasiadas ambivalencias”, afirmó la potencial retadora de Pierluisi Urrutia en la candidatura a la gobernación en el 2024.
El Proyecto de la Cámara 1397, que busca que la supervisión del contrato del operador privado de la red recaiga sobre la AEE y no la AAPP como ocurre ahora, debe regresar a la Cámara para que refrende enmiendas incluidas en el Senado.
Sobre esa medida, Pierluisi Urrutia indicó que constituía un conflicto encomendarle esa tarea de fiscalización a la corporación pública.
“Estaría un tanto extraño que una de las entidades que tiene que cumplir con lo que dispone el contrato a su vez sea la que supervise el asunto. De entrada, no se bien la propuesta, pero en su momento yo voy a recibir el asesoramiento de todas las agencias y tomo mi decisión”, respondió.
Ante la falta de mano de obra para trabajos de reconstrucción, tanto el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, enfatizaron que lo mismo ocurre con los profesionales cualificados para ofrecer servicios especializados como la ingeniería.
Hernández Ortiz, alcalde de Villalba destacó la dificultad para reclutar personal profesional –necesario tanto para la construcción de proyectos como para su inspección– se hace evidente en programas como el de Revitalización Urbana, que funciona con fondos CDBG-DR, y para el cual solo se han comenzado dos de 327 obras a pesar de que el dinero debe desembolsarse en o antes de 2025. Mientras el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Faustino González, dijo que de ninguna manera recomienda que se flexibilicen los requisitos para que personas puedan inspeccionar construcciones. Dijo que el Colegio cuenta con una matrícula de 7,500 ingenieros y agrimensores, cantidad que consideró “suficiente” para que el país enfrente el proceso de reconstrucción.