La abogada de Julio Herrera Velutini, el banquero venezolano coacusado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, aseguró que no hubo quid pro quo y que se debe recordar que si la ex mandataria nombró a Víctor Bonilla como jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) como quiera el funcionario tendría que haber pasado por la confirmación del Senado Dijo además que ha recibido documentos y unas grabaciones como prueba por parte de la Fiscalía pero en ninguna de las grabaciones están ninguno de los tres denunciados en este caso. Aseguró que su cliente no negociará para declararse culpable.
Un jurado federal encontró ayer culpables a Arnaldo Irizarry y Alejandro Riera Fernández por participar del fraude de $9 millones al Municipio de Mayagüez así como por fraude electrónico a una institución financiera y lavado de dinero. El exjuez Irizarry fungió como asesor legal del alcalde de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez mientras que Riera Fernández trabajó como director ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI). Irizarry y Riera Fernández fueron los únicos dos de siete acusados en enfrentar los cargos en un juicio, pues el resto se declaró culpable.
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Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, aseguró que “ninguno se quedaría en el limbo”.
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Un hombre que adeuda miles de dólares por pensión alimentaria a sus tres hijos, enfrenta casos criminales y tiene órdenes de arresto, no ha rendido cuentas a las autoridades.
Stephanie Jackson, expareja y madre de sus dos hijos mayores denunció a Cuarto Poder (WAPA-TV) la odisea que ha vivido para intentar cobrar la pensión de sus hijos y aseguró que el individuo tiene un patrón de estafar y de incumplir las órdenes de los tribunales.
“Esta persona no cumple con la pensión fijada en el tribunal, no cumple con las fechas, no cumple con la cantidad ni con el por ciento que obviamente que le toca en lo que son gastos escolares”, expresó Jackson.
Por otra parte, la exsocia del hombre, Jonairis Porrata, relató cómo perdió sus ahorros familiares al hacer un negocio del que no pudo cobrar ni recuperar su inversión.
Luego de que la mujer hiciera una publicación en sus redes sociales en la que denunciaba el fraude del cual había sido víctima, decenas de personas le escribieron asegurando haber sido estafadas por la misma persona.
Mientras tanto, Cuarto Poder encontró que el sujeto tiene sobre diez casos activos en los tribunales y dos órdenes de arresto que no se han ejecutado. Aunque la mayoría de los casos que enfrenta son por cobro de dinero, existen otros por robo y venta ilegal de vehículos.
Al momento, se sabe que el hombre reside en el estado de la Florida.
Por su parte, el Departamento de Justicia, aseguró a Cuarto Poder que investiga la situación.
ASUME dice que las traducciones de documentos no tardan meses en tramitarse, pero ese no fue el caso de Jackson
Debido a que el sujeto se encuentra fuera de Puerto Rico, el caso que Jackson lleva tramitando con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), tuvo que ser abierto en la jurisdicción de la Florida, proceso que tardó meses a la espera de una traducción de sentencia.
En declaraciones escritas, ASUME, indicó a Cuarto Poder que abrir un caso intergubernamental “puede demorar unos diez días, una vez es recibido por el estado. Sin embargo, esto podría variar dependiendo si el caso tiene todos los requisitos para continuar su curso de acción”, dicta el documento.
En una entrevista para Los Datos son los Datos (WAPA-TV), la designada administradora de ASUME, Nicole Martínez, negó que las traducciones de documentos tarden meses en tramitarse.
“Como le dije, nuestras traducciones a septiembre 30, se debían únicamente dos traducciones”, recalcó Martínez.
Sin embargo, Jackson explicó que, desde el inicio, hizo todos los trámites y proveyó todos los documentos que le requirió la agencia y no fue hasta el mes pasado que finamente se abrió su caso en la Florida.
“¿Cuánto tú te puedes tardar transcribiendo una sentencia de una sola hoja? Llegamos a julio y yo dando seguimiento a la oficina, eso pasó en marzo”, cuestionó.
La joven madre, comparte su frustración hacia la agencia con otra expareja del padre de sus hijos, quien también ha confrontado trabas en el proceso de abrir un caso a nivel local.
La segunda expareja prefirió no ser identificada, pero compartió a Cuarto Poder que ASUME extravió los documentos que había sometido para abrir su caso y cobrar la pensión de su hija de tres años.
En una ocasión, ambas mujeres se presentaron juntas en las oficinas de la agencia para pedir información sobre el estatus de sus respectivos casos, pero solo pudieron identificar el caso de Jackson.
En ese momento la mujer se percató de que en ASUME no había existía ningún caso a su nombre.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó hoy una medida que establecía un protocolo para el manejo de las escuelas públicas cerradas o, en proceso, de cerrarse, luego de que grupos comunitarios clamaran por su aprobación.
Esta mañana, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat urgió al primer ejecutivo a firmar el Proyecto del Senado 274, que creaba un rango de prioridades públicas y comunitarias al destinar un nuevo uso a más de 500 escuelas cerradas en Puerto Rico.
En un parte de prensa, Pierluisi Urrutia indicó que mediante carta, a los presidentes legislativos que ya existía un procedimiento para la atención de los planteles en desuso a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), lo que quedó evidenciado con tres medidas que convirtió en ley hoy y que transfieren escuelas a los municipios de Isabela y Arecibo.
El primer ejecutivo sostuvo que la creación de la Comisión Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas, además de representar duplicidad de esfuerzos y mayor burocracia en el trámite de los planteles escolares en desuso, tenía un impacto fiscal en los gastos del gobierno que no estaba contemplado en el Plan Fiscal ni en el Presupuesto del Año Fiscal 2023 para el Gobierno de Puerto Rico, pues la medida no identificaba recursos.
En esa línea, Pierluisi Urrutia expresó que es política pública de su administración agilizar los trámites ante el CEDBI y que ha dado instrucciones en esa dirección. De hecho, desde la creación del CEDBI y hasta octubre de 2022, se han aprobado 362 transacciones de arrendamientos o usufructos para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas. Además, el CEDBI ha autorizado 51 transacciones de compraventa para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas y actualmente tiene otras 51 transacciones de planteles escolares en proceso con entidades públicas y privadas.
Con respecto a la Resolución Conjunta del Senado 127, a través de la cual se ordenaba al DTOP transferir libre de costo, incluyendo cualquier deuda, la finca 6095 al municipio de Morovis, el gobernador comentó que la medida contiene errores técnicos y procesales que imposibilitan su firma más sin embargo indicó que por la vía administrativa comenzará, en cumplimiento con las leyes aplicables, el proceso para que las familias que residen en esos predios puedan recibir sus respectivos títulos de propiedad, sin el riesgo de que los problemas técnicos de esta medida pudieran afectar los propósitos de inscripción en el Registro de la Propiedad.
Con el objetivo de que se identifiquen los recursos fiscales para satisfacer y mejorar el ambiente laboral del sector de la salud pública, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, firmó hoy el Proyecto de la Cámara 1154 que define como esenciales los servicios de salud en la Isla.
A esos efectos, como ya había adelantado el gobernador, se revisarán los tarifarios que reciben los profesionales de la salud y proveedores de servicios dentro del Plan de Salud del Gobierno. También, se evaluará la asignación de presupuesto para el mantenimiento o mejoras a las instalaciones hospitalarias del Estado en especial a las que componen el Centro de Médico de Puerto Rico. Asimismo, se revisarán las escalas salariales y será prioridad reclutar personal, al igual que reabrir los puestos vacantes necesarios para subsanar la sobrecarga de trabajo que enfrentan los empleados de hospitales del Gobierno.
“Nuestros profesionales de la salud han demostrado su gran dedicación y esmero para atender a nuestro pueblo y durante la pandemia por el Covid-19 su esfuerzo y entrega fue clave para mantener nuestros hospitales bajo control. Esta medida reitera el compromiso que tengo con la salud de nuestro pueblo y con estos profesionales para que estén bien remunerados y cuenten con las mejores condiciones laborales”, sostuvo el primer ejecutivo en un comunicado de prensa.
Sobre este proyecto cameral, endosado en vistas públicas por la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el Departamento de Justicia determinó que no existe impedimento legal o constitucional para su firma. Esta medida se une a la Resolución Conjunta de la Cámara 324 que Pierluisi firmó la semana pasada en la que se ordena a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) transferir al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe el edificio principal del hospital y el estacionamiento.
Pierluisi Urrutia también firmó dos medidas vinculadas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Al darle paso al Proyecto de la Cámara 1170 se crea el Incentivo de Responsabilidad Vial para conceder un descuento de 30% en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia de conducir a toda persona que el DTOP certifique que no ha tenido multas en el periodo de 12 meses previos a la renovación de la licencia vehicular. Este descuento estará disponible para uso en un solo vehículo registrado a nombre de la persona a la que se le concederá el descuento durante el periodo del marbete. La otra pieza legislativa que contó con el aval del gobernador es el Proyecto de la Cámara 864 que reemplaza el concepto de delito menos grave por falta administrativa en los casos en que conductores de vehículos pesados-ómnibus público y transporte incurran en exceso de velocidad.
Al recibir la recomendación positiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) el gobernador firmó el Proyecto del Senado 80 que enmienda la Ley de la OATRH a los fines de que se ofrezcan cursos de capacitación y estudios continuados en materias financieras y de gerencia de proyectos a los empleados de las agencias del Gobierno. También, dio paso al Proyecto del Senado 480 que enmienda la Ley de la Industria Hípica de Puerto Rico para que el dinero acumulado, por razón de caducidad, sea inmediatamente remitido por las personas naturales o jurídicas operadoras de los hipódromos, y depositado después de cada día de carreras, en una cuenta especial de una institución bancaria local donde devengue intereses.
El gobernador firmó las Resoluciones Conjuntas del Senado (RCS) 100,110 y 111 para que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evalúe varias transferencias a los municipios de Isabela y Arecibo. En el caso de la RCS 100 se solicita que se considere la posibilidad de transferir libre de costo al pueblo de Isabela la titularidad del terreno y la estructura de la antigua escuela Emilia Castillo viuda de Abreu. Mientras, con las RCS 110 y 111 se solicita que el CEDBI evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico del terreno e instalaciones que albergan a la antigua escuela elemental Félix Rosario Ríos, así como a la que fue la escuela superior Dra. María Cadilla de Martínez, respectivamente.
Por último, Pierluisi dio paso al Proyecto de la Cámara 158 que enmienda la Ley para crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña (CAJUP) a los fines de ampliar la temática de derechos juveniles a ser discutidos durante la Cumbre.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) autorizó la designación de dos fiscales especiales independientes para investigar a la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, y otros dos exfuncionarios de dicha agencia.
De esa forma, el panel integrado por tres exjueces acogió la recomendación del Departamento de Justicia, que realizó la investigación preliminar. Así las cosas, designó a Emilio Arill García, como fiscal especial independiente y a Zulma Fúster Troche coma fiscal delegada. El dúo investigará alegaciones en contra de Rivera Martínez, la exadministradora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el ingeniero Miguel Santiago Irizarry.
De acuerdo a Ia investigación preliminar, el caso se inició luego que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, remitió un referido a Justicia pidiendo indagar sobre supuestas irregularidades en el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras.
De la mencionada investigación, según el parte de prensa, surgió, entre otros hallazgos, que los funcionarios antes mencionados, alegadamente, utilizaron propiedad pública para gestiones personales y haber utilizado o permitido que se utilizarán fondos públicos para fines no autorizados por ley.
“Conforme a los documentos que se incluyen en el récord que nos fue remitido con el informe de investigación preliminar, surge prueba tendente a demostrar que los aludidos funcionarios podrían haber incurrido en violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y al Código de Rentas Internas de 2011, según relacionamos antes”, precisa el Panel en la resolución del 8 de noviembre.
Los fiscales especiales contarán con un término de 90 días para realizar su investigación, según dispone la Ley Núm. 2-1988, contados a partir de la notificación de la Resolución del Panel.