La secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, rechazó que un incendio provocara el colapso del portal de la agencia y destruyera la los discos duros del sistema de información del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como indican documentos oficiales.

Pero admitió que fluctuaciones de voltaje afectaron los sistemas operativos de la agencia e informó que enmendará las resoluciones que mencionan el fuego para incluir la información correcta.

“Es urgente aclarar que en ningún momento ha surgido incendio alguno en el centro de Cómputos, ni se han quemado los discos en el sistema informático del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, afirmó en declaraciones escritas después que El Nuevo Día reportó sobre el colapso de la página web.

“Los servidores del DRNA trabajan de manera virtual sobre una infraestructura de servidores compartidos. Debido a fluctuaciones eléctricas antes y durante el huracán Fiona, los sistemas de control del sistema de almacenaje de datos sufrió desperfectos que no nos permite la sincronización de los dos sistemas. Actualmente, estamos en conversaciones con personal de Dell para solucionar la situación”, agregó.

El oficial examinador Samuel Acosta Camacho consignó en dos resoluciones, que emitió el 23 de septiembre, que la página web de la agencia “colapsó debido a una fluctuación de voltaje, que ocasionó un incendio que destruyó los discos duros del sistema de información”. El incendio, según el funcionario, ocurrió el lunes 12 de septiembre.

Debido a esta situación y el paso del huracán Fiona, Acosta Camacho extendió el periodo de consulta del Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica y del Plan de Implementación Estatal para las Áreas de No Logro con el Estándar Nacional de Calidad de Aire Ambiental de Dióxido de Azufre.

El periodo para que la agencia recibiera comentarios para ambas consultas culminaba el 26 de septiembre, pero por el problema con la página web la agencia extendió el término hasta el 7 de octubre hasta las 4:00 p.m.

“Si bien así surge de una Orden y Notificación del DRNA sobre unos procesos reglamentarios y emitida el pasado 23 de septiembre, lo cierto es que es errónea esa justificación para extender el período de comentarios públicos hasta el 7 de octubre sobre las enmiendas al Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica y el State of Implementation Plan, asuntos en los cuales hemos estado trabajando intensamente”, afirmó la titular de Recursos Naturales.

“Dicha Orden y Notificación será enmendada con la información correcta sobre la causa real de la extensión del proceso. La nueva fecha no será alterada y el Aviso ya fue emitido públicamente, según requiere la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Mientras, evaluaremos el procedimiento interno que condujo a cometer el error en la información provista”, agregó.

Informó que recibe ayuda del Puerto Rico Innovative and Technology Services para atender la situación.

Mira los documentos que mencionan el fuego aquí: Resoluciones DRNA

A poco más de un año de plantar pie en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR-TV), 10 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se enfrentan a la incertidumbre de tener que moverse a otra agencia o corporación pública.

Peor aún, el gobierno busca dónde ubicarlos en otras agencias en momentos en que hacen falta celadores y personal diestro para ayudar a restaurar el sistema eléctrico tras el paso del huracán Fiona. En medio de la lentitud de LUMA Energy para restaurar la energía, alcaldes rojos y azules han reclamado la activación de esos empleados desplazados para dar la mano en la energización de sus pueblos.

El 1 de junio de 2021, seis celadores de líneas, tres técnicos de telecomunicaciones y un probador de contador pasaron a WIPR, como parte del proceso de movilidad que inició con la privatización de la red eléctrica.

Ese mismo día, el consorcio privado LUMA Energy asumió la administración del sistema de transmisión y distribución y las operaciones de facturación y servicio al cliente de la AEE. La corporación pública solo quedó a cargo de la generación, pero a la espera de la privatización de dicho sistema y la eventual desaparición de la utilidad pública.

Pero el 12 de septiembre esos empleados recibieron una carta de la Oficina de Recursos Humanos de WIPR citándolos a una reunión el próximo día para “orientarlos sobre alternativas de movilidad para la AEE u otras agencias y corporaciones públicas”. En esa reunión del 13 de septiembre también participó personal de la AEE y de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno.

La carta no ofrece una razón que justifique su reubicación, pero, según le dijeron en la orientación, se debe a que WIPR no cuenta con los fondos para pagar sus planes de pensiones.

En declaraciones escritas, la portavoz de prensa de WIPR indicó que la reubicación contemplaba a 9 empleados puesto que uno se acogería a la jubilación en octubre.

“Conforme a la Ley 120-20218 y la Ley 8-2017, le corresponde al Gobierno de Puerto Rico el pago por los empleados en movilidad. La Corporación ha realizado las gestiones pertinentes para poder tener los fondos que se asignarían para el pago de dicha nómina. Pero la Junta de Control Fiscal no ha permitido que el Gobierno Central asigne a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, dichos fondos relacionados a nómina. Es importante señalar que desde abril de 2019 a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública no le es permitido por la Junta de Control recibir fondos de este tipo”, indicó la portavoz Marietty Lasanta Berríos.

“Sobre dónde serán asignados los compañeros, conforme a la Ley 8-2017, seguirán trabajando para el Gobierno de Puerto Rico”, agregó.

Cuando surgieron críticas al plan de movilidad porque permitió el trasladado de personal diestro de la AEE a agencias que no tenían tareas para asignarles o los designaban a trabajos para los cuales estaban sobre cualificados, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia prometió que el proceso se realizaría con sensibilidad y que tanto su salario como los pagos a sus planes de pensiones estarían garantizados hasta que se retiraran del servicio público.