Los consumidores pudieran estar próximos a sentir un respiro económico a raíz de la continua baja en el costo del combustible. La inflación en la nación americana se situó en el 8.5 % en julio, seis décimas menos que en su punto máximo de 9.1% el pasado julio, lo que tendrá un efecto en la Isla, que actualmente tiene una tasa de 6.4%.
El Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, ofreció esta tarde una conferencia de prensa sobre el allanamiento de la propiedad del expresidente Donald Trump en el resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
Según Garland, el Departamento de Justicia presentó una moción en el distrito sur del estado de Florida para revelar los documentos relacionados con el allanamiento aprobado por el tribunal federal que el FBI realizó el pasado lunes.
El Secretario aseguró que todo el procedimiento se realizó según los estatutos de la ley y enfatizó tres puntos:
“Primero, aprobé personalmente la decisión de solicitar una orden de allanamiento en este asunto.
En segundo lugar, el departamento no toma esa decisión a la ligera. Siempre que sea posible, es una práctica estándar buscar medios menos intrusivos como alternativa a una búsqueda y limitar el alcance de cualquier búsqueda que se lleve a cabo.
En tercer lugar, permítanme abordar los recientes ataques infundados al profesionalismo del FBI y agentes y fiscales del Departamento de Justicia. No permaneceré en silencio cuando su integridad sea atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y el Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas. Todos los días protegen al pueblo estadounidense de delitos violentos, terrorismo y otras amenazas a su seguridad mientras salvaguardan nuestros derechos civiles. Lo hacen con un gran sacrificio personal y riesgo para ellos mismos. Me siento honrado de trabajar junto a ellos. Esto es todo lo que puedo decir ahora mismo”, concluyó Garland.
Las personas que no estén al día con sus vacunas contra el covid-19, pero que han estado expuestas a alguna persona infectada con el coronavirus ya no tendrán que aislarse y hacer cuarentena, según las nuevas guías divulgadas este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que marcan una nueva etapa en el manejo de la pandemia.
En cambio, esas personas expuestas al virus deberán usar una mascarilla de alta calidad durante 10 días en entornos interiores y realizarse la prueba al quinto día de contagio. Hasta ahora, los CDC recomendaban quedarse en casa. Pero las personas contagiadas
También quedó eliminada la regla de los seis pies de distancia o el distanciamiento físico.
La agencia, sin embargo, mantuvo la recomendación para que las personas contagiadas permanezcan aisladas por un periodo de 5 días y usen una mascarilla de alta calidad si van a estar en contacto con otras personas en la casa o en público.
Si bien las personas que muestran síntomas de covid deben hacerse la prueba, las nuevas recomendaciones señalan que no será necesario realizar pruebas generalizadas a personas asintomáticas en escenarios comunitarios o en los cuales se congregan personas. Las pruebas diagnósticas generalizadas aún podrían realizarse en ciertos entornos, como centros de cuido, centros correccionales y refugios para personas sin hogar.
Al realizar el anuncio, la agencia explicó que los cambios respondían a una disminución significativa en el riesgo de enfermarse o de morir debido a los altos niveles de inmunidad alcanzados y la disponibilidad de herramientas de prevención y tratamiento efectivas para lidiar con el virus.
Los cambio llegan producen más de dos años y medio del inicio de la pandemia, que en Puerto Rico provocó la imposición de toques de queda y el cierre de la economía.
El allanamiento de ayer en Educación está conectado a una pesquisa por irregularidades en el uso de fondos federales alegadamente cometidas por el gerente de la Secretaría Auxiliar de Educación Técnica de la agencia, Kelvin Pagán La Luz. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, corroboró que la oficina del funcionario, quien fue relevado de su puesto ayer, fue allanada.
Fuente: El Nuevo Día
Decenas de reportes de actividad sospechosa que no se remitieron al gobierno federal; errores y análisis imprecisos en los reportes de bancos y cuentas de clientes en el extranjero; ausencia de un programa adecuado para prevenir que se lavara dinero a través de estas; y la falta de un oficial de cumplimiento que tuviera autonomía para tomar las decisiones necesarias, son varias de las violaciones de ley de Bancrédito, el banco de Luis Herrera Velutini, vinculado a la esquema de sobornos de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
Fuente: El Nuevo Día
El presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, afirmó ayer que la exsenadora Zoé Laboy no tendría los votos necesarios para ser confirmada como procuradora de la mujer.El presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, afirmó ayer que la exsenadora Zoé Laboy no tendría los votos necesarios para ser confirmada como procuradora de la mujer.
Fuente: El Vocero
El secretario de Salud, Carlos Mellado, y la directora ejecutiva de ASES, Edna Marín Ramos, estimaron que la cifra de personas sin cobertura médica rondaría entre 240,000 a 300,000 personas, o lo mismo que entre el 10% al 13% de la población. Sin embargo, reiteraron que el número exacto es difícil de puntualizar por una serie de factores, como la pérdida de empleo, la migración y la acogida a la tarjeta de salud del gobierno, Plan Vital.
Fuente: Metro PR
Mientras que un consultor contributivo asegura conocer cientos de casos en los que ciudadanos solicitaron el crédito para sus menores dependientes y ya aparecían reclamados, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés ) no pudo brindar información acerca de reclamaciones de este tipo que haya recibido por parte de puertorriqueños.
Tampoco pudo precisar cómo están trabajando este tipo de casos ya que “esto del Child Tax Credit de este año es nuevo, entonces la información no está muy clara”, comentó Alejandra Castro, portavoz del IRS.
Castro se refiere a que fue en 2021 que este crédito contributivo se extendió a más personas en Puerto Rico, anteriormente una familia podía solicitarlo si contaba con tres menores o más.
En una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV) una mujer relató el proceso en el que lleva meses esperando recibir el beneficio, luego de que su nieto, de quien tiene la custodia, fue reclamado por alguien cuya identidad desconoce.
La abuela aseguró que durante una llamada con el personal de servicio al contribuyente del IRS le indicaron que su nieto había estado siendo reclamado por años y que son “millones” los casos de fraude al Child Tax Credit en Puerto Rico.
Por su parte, el contador público autorizado Giancarlo Esquilín explicó que muchos puertorriqueños se toparon con este escenario en el que el fraude habría estado ocurriendo anteriormente.
“Quizás había sido ese el caso por años y nunca se dieron cuenta porque nunca habían radicado planilla [federal]”, añadió.
¿Cuál es el proceso para denunciar el fraude ante el IRS?
Esquilín detalló que en casos de robo de identidad lo que procede es radicar la planilla en papel y enviarla por correo al IRS.
Esto implica que el proceso de evaluación e investigación se dilate pues, según explicó, la agencia “ha tenido un atraso significativo en el procesamiento de planillas y formularios radicados en papel”.
Incluso, el también contador público autorizado, indicó que hay planillas de 2019 que aún no han sido procesadas.
¿Qué pasa cuando los padres están divorciados?
Castro enfatizó en que en muchas ocasiones lo que sucede es que los padres están separados y no se ponen de acuerdo para decidir quién reclamará al menor.
Ante situaciones como esta le correspondería reclamar el beneficio a la persona con quien el menor haya vivido mayor tiempo durante ese año. Cosa que se demuestra a través de una serie de documentos que pueden incluir certificado de nacimiento, documentos escolares, entre otros, expuso la portavoz.
Igualmente, esto debe ir acompañado de una declaración jurada y la planilla radicada en papel.
Sin embargo, Esquilín recalcó que en su oficina la mayoría de los casos de planillas rechazadas no tuvieron que ver con desacuerdos entre los padres “si no que era que cuando se comunicaba uno con el IRS en otro estado ya alguien había solicitado el Child Tax Credit para ese dependiente”.
Cuarto Poder contactó al Departamento de Hacienda para saber si tenían conocimiento sobre este tipo de fraude, pero la agencia afirmó que no esta a cargo de este programa y por lo tanto no tienen información al respecto.
No obstante, Hacienda contó con personal capacitado por el IRS para brindar apoyo a personas en el proceso de radicación de planillas federales en centros destacados en diferentes puntos de la isla.
Cuarto Poder solicitó el número de planillas que al ser radicadas en estos centros habrían sido rechazadas, pero al momento de esta publicación no ha obtenido esa información.
Luego de evaluar todos los hechos y pruebas de la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia, el Panel sobre el FEI acogió su recomendación de no asignar un Fel al exsecretario de Salud y la exsecretaria del Departamento de la Familia, Rafael Rodriguez Mercado y Glorimar Andujar Matos, respectivamente.
Este caso se originó con un referido al Departamento de Justicia de parte de la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.
La misma se relacionaba con el alegado pago ilegal de nómina a varios empleados del Departamento de Salud (DS) con fondos de Medicaid con el propósito de realizar tareas no pertinentes a dicho programa.
Además, incluyó el hallazgo de un pago ilegal denominado con fondos federales del PAN al empleado Gian J. Vale del Río, asignado en destaque en Salud.
La Investigación Preliminar destaca entre sus hallazgos lo siguiente:
• Que no surgió prueba de que Andújar Matos tuviera control sobre el manejo de esos fondos porque las operaciones de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (DSEF) le competería a su administrador. Tampoco hubo prueba que relacionara a dicha funcionaria con el desembolso ilegal de los fondos del PAN por concepto del pago del salario de Vale del Río durante su destaque en Salud. Asimismo, no existe prueba de que por esos hechos Ia ADSEF perdiera fondos públicos.
• En cuanto a la alegación contra Quiñones Suárez sobre su expediente de personal, no existe prueba de que ésta se lo llevara de ADSEF. Más aún, no surgió prueba de que algún funcionario del DF o de ADSEF le hubiera requerido a ella que devolviera, el expediente que alegadamente se llevo.
• Tomando en consideración que los fondos Medicaid son custodiados por el gobierno federal hasta el momento en que son solicitados y todos los errores administrativos que provocaron que se tuviera que reembolsar los aludidos fondos Medicaid, la Investigación subraya que no existe causa suficiente para entender que el exsecretario Rodríguez Mercado cometió el delito de malversación de fondos públicos. En vista de ello, la Investigación Preliminar concluyó que no existe causa suficiente para creer que el doctor Rodríguez Mercado, ni la Dra. Concepción Quiñones de Longo, exsubsecretaria de Salud, cometieron delito por los hechos investigados.
Asimismo, determino que tampoco incurrieron en conducta delictiva la exadministradora de ADSEF, Surima Quiñones Suárez, ni la Lcda. Glorimar Andújar. Por consiguiente, se aconsejó no designar un FEI para realizar una investigación a fondo.
La Fiscalía Federal anunció esta tarde que presentará antes de este viernes un ofrecimiento de cambio de alegato al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.
El ex ejecutivo municipal tendrá 10 días para evaluar el ofrecimiento de los fiscales y determinar si cambia su alegación de no culpabilidad en los tres cargos por corrupción pública que pesan en su contra en el foro federal.
De no aceptar la oferta, el “pre trial” pudiera comenzar en septiembre de este mismo año con la presentación de cuatro a cinco testigos tanto por parte de la Fiscalía como de la defensa lo que extendería el juicio por dos semanas, se informó hoy en una vista de status del caso ante la jueza federal Aida Delgado Colón.
Por su parte, la defensa del ex mandatario municipal, liderada por el abogado Osvaldo Carlo Linares adelantó que no ha podido tener acceso a la extracción de información de un teléfono celular que presentó como evidencia el Ministerio Público. La Fiscalía notificó que no había recibido la notificación de este problema con anticipación a la vista de hoy.
La acusación de un Gran Jurado imputa a Pérez Otero cuatro cargos: conspiración para cometer soborno y pago de comisiones ilegales con fondos federales (cinco años de cárcel), ayuda y asistencia en la comisión de soborno (10 años de cárcel), extorsión so color de autoridad (20 años de cárcel) y un cargo de confiscación.
Se alega que Pérez Otero recibió $5,000 mensuales de parte de un empresario que se presume es Oscar Santamaría Torres, que ya se declaró culpable por pagar sobornos al también convicto alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado. Los pagos se emitieron entre fines de 2019 y mayo de 2021 para asegurar negocios a las compañías del contratista en el municipio.
Se alega que el total aproximado de los pagos es al menos $85,000.