Puerto Rico paga una especie de impuesto anual de cerca de $14 millones en la compra de combustible debido a las limitaciones y a los costos onerosos que acarrean las leyes de cabotaje, estimó un análisis del Cato Institute.

Esta ley federal dispone que solo podrán participar del comercio marítimo en Estados Unidos, incluyendo sus territorios y posesiones, los navíos tripulados por ciudadanos americanos y construidos en territorio estadounidense por compañías nacionales.

En un artículo titulado “La Ley Jones está obligando a Puerto Rico a pagar un precio artificialmente alto por la energía” publicado ayer en el blog del think tank, Colin Grabow y Alfredo Carrillo Obregon compararon el efecto del Jones Act o la Ley de Marina Mercante de 1920 en la importación de combustible a Puerto Rico con la República Dominicana, a quien no le aplica dicho estatuto, ante el disloque mundial que ha sufrido el precio del petróleo y del gas natural por la invasión de Rusia a Ucrania hace cinco meses.

“En 2019, Puerto Rico consumió 38,000 barriles de productos de petróleo por día, es decir, casi 14 millones por año. Por cada dólar que aumenta el costo de un barril como resultado de la ley de cabotaje, Puerto Rico paga efectivamente un impuesto de $14 millones de dólares al año. A esto hay que añadir las decenas de millones de dólares que Puerto Rico potencialmente se ahorraría en caso de poder acceder al gas natural licuado (GNL) estadounidense, según funcionarios puertorriqueños”, señaló el dúo.

“La capacidad de comprar propano a Estados Unidos sin duda generaría aún más ahorros. Por otra parte, se estima que el tener que usar barcazas autorizadas bajo la ley de cabotaje para transportar combustibles dentro de territorio puertorriqueño impone entre $3 y $5 millones en costos adicionales anuales”, agregó.

Los investigadores explican que ante el dilema del alza súbita en los derivados del petróleo, algunos países, como la República Dominicana, han optado por comprar combustible a Estados Unidos, para paliar el golpe de dicho aumento, pero que Puerto Rico ha tenido que recurrir a importaciones de países tan distantes como Omán, que colinda con Arabia Saudita y Yemen en el occidente de Asia debido a los costos de las leyes proteccionistas federales.

“Mientras que en Estados Unidos la producción de energía y las exportaciones de combustibles (principalmente gas natural licuado) han aumentado substancialmente, el acceso que pudiera tener Puerto Rico a estos recursos está severamente restringido por los altos costos de utilizar buques petroleros que cumplan con los requisitos de la ley de cabotaje”, argumentó el dúo de investigadores.

“Esto es así si es que, en primer lugar, estos barcos existen. En el caso del gas natural, no existen buques para el transporte de este combustible que cumplan con los requisitos de la Ley Jones, dejando al transporte al granel del GNL estadounidense hacia la isla en una situación imposible. La Ley Jones significa que el GLN estadounidense puede ser transportado por los buques tanque a otros países pero no a otras partes de Estados Unidos”, abundó.

En 2019, Puerto Rico importó $557 millones de gas natural licuado. De ese total, solo $121,000 correspondían a importaciones estadounidenses. En contraste, la República Dominicana importó $318.2 millones, de los cuales $34.4 millones o 10.82% correspondían a gas natural licuado estadounidense.

Pero ya para el año 2021, las importaciones de gas natural licuado estadounidense a la República Dominicana habían aumentado a $477.4 millones o un 96.4% del total de sus importaciones. En Puerto Rico, pasó todo lo contrario. La proporción de las importaciones totales de gas natural licuado estadounidense disminuyó entre 2019 y 2021, para situarse en tan solo 0.002% del total en este último año.

Según los investigadores, también existe una división marcada entre ambas islas en cuanto a la proporción de importaciones del petróleo combustible (fuel oil) que utilizan para generar energía eléctrica. En el 2021, la República Dominicana compró el 80.2% de sus importaciones de combustibles a Estados Unidos, mientras que Puerto Rico sólo adquirió el 0.56% de sus importaciones totales.

En el caso del propano, desde el 2019, la República Dominicana importa casi el 100% de Estados Unidos. En cambio, el año pasado Puerto Rico compró el 4.1%.

“Como ocurre en el caso del GNL, no es posible transportar GLP (gas licuado de petróleo) a granel vía marítima dentro del territorio estadounidense debido a que no hay barcos autorizados bajo la ley de cabotaje que puedan transportar este combustible”, insistieron los analistas.

Actualmente, la Cámara de Representantes de Puerto Rico busca que la compra de petróleo se excluya del alcance de la leyes de cabotaje durante el conflicto bélico ruso. El mes pasado, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Ortiz, también reveló a Cuarto Poder (WAPA-TV) que el Departamento de Energía federal evalúa extender una dispensa especial a Puerto Rico para evitar una crisis en el sistema eléctrico por falta de combustible.

En el extenso artículo, Grabow y Carrillo Obregón criticaron que el archipiélago no pudiera beneficiarse de la compra de gas natural licuado y gas licuado de petróleo debido a una añeja ley proteccionista.

“Que la República Dominicana obtenga la mayoría de sus combustibles de los Estados Unidos mientras que Puerto Rico —un territorio estadounidense habitado por ciudadanos estadounidenses— no haga lo mismo es una situación absurda y vergonzosa. Esta realidad tan distorsionada solo es posible gracias al mal concebido proteccionismo de la Ley Jones. Esperemos que la isla obtenga una exención a esta ley arcaica para que pueda hacer un mejor uso de los productos domésticos y beneficiarse de un muy necesitado ahorro al momento de satisfacer las necesidades energéticas de sus ciudadanos”, concluyeron.

Fuente: Cato Institute