Jenniffer González votará en contra de las enmiendas propuestas por los republicanos al proyecto de status

Luego que el líder de la minoría republicana en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, Bruce Westerman(Arkansas), dijo que presentará enmiendas, la comisionada residente Jenniffer González dijo que votará en contra de las propuestas de sus compañeros de partido porque “son intentos para que no se haga nada” con el tema del status.

Las enmiendas republicanas presentadas el martes incluyen impedir que el referéndum entre en vigor si la legislación se convierte en ley – lo que no se prevé-, exigir una súper mayoría de dos tercios de los votos a la alternativa ganadora y para el Congreso aceptar los resultados, imponer el inglés como idioma oficial de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico, bloquear la estadidad hasta que el gobierno puertorriqueño pague toda la deuda y exigir la devolución de los fondos federales de emergencia antes de cualquier cambio de status.

Fuente: El Nuevo Día

Marchan hoy contra Luma Energy 

Desde hoy a las 9:00 a.m. habrá una marcha contra LUMA Energy. El consorcio LUMA Energy, dijo que “aunque respetamos el derecho a protestar, la realidad es que hay algunos que optan por jugar a la política e ignorar el hecho de que LUMA heredó un sistema eléctrico que sufrió por años, sino décadas, de abandono bajo la operadora previa”.


Fuente: Noticel

Había fondos federales para mitigar parte del alza en el costo de la luz y no se usaron

El  Negociado de Energía dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) omitió información sobre la disponibilidad de $44.5 millones en fondos federales que hubieran mitigado el aumento de 15.9% en la factura de luz para el trimestre en curso.

 LUMA Energy deberá presentar hoy una “reconciliación actualizada” de los factores de la factura para agosto y septiembre.

 Los $44.5 millones sobre los que la AEE no habría informado corresponden a aportaciones adicionales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para cubrir gastos de compra de combustible tras los sismos del 2020. 

Fuente: El Nuevo Día

Muere medida que sacaría dinero del Fondo para mitigar alzas de agua y luz

La medida que impulsaba el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para sacar $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y destinarlos a mitigar el alza en los servicios de agua potable y electricidad, murió en la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado.

El proyecto, que recibió un informe negativo elaborado por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía y la Comisión de Gobierno, no obtuvo los votos necesarios para pasar a la evaluación del pleno de la Cámara Alta.

Los senadores y senadoras Javier Aponte Dalmau, Elizabeth Rosa Vélez, Ada García Montes, Rosamar Trujillo Plumey, Migdalia González Arroyo, Marially González Huertas, María de Lourdes Santiago Negrón, Joanne Rodríguez Veve,  José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, y José Vargas Vidot avalaron el informe negativo.

Votaron en contra de la aprobación del informe Carmelo Ríos Santiago, Gregorio Matías Rosario y Nitza Morán Trinidad.

En expresiones a la prensa ayer y esta mañana, el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos, Javier Aponte Dalmau, anticipó que la polémica pieza legislativa no contaba con los votos para pasar el crisol del Senado.

Pese a que se trataba de una medida de administración, el Proyecto del Senado 931 enfrentó reparos porque propone desangrar al Fondo para asignar $145 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para ofrecer un alivio temporero a la ciudadanía y sin identificar una fuente de repago para devolverle el dinero a la corporación pública, que provee servicios médicos a las trabajadoras y trabajadores lesionados en el empleo.

El alza en la luz corresponde al aumento en el costo del combustible que se usa para generar electricidad, pero el incremento del agua forma parte del plan fiscal de la corporación pública aprobado por la Junta de Control Fiscal.

Mira el documento aquí: Informe Proyecto del Senado 931

Gobernador desafía la Junta Fiscal y asegura no frenará reforma laboral en sector privado

Mediante carta, la Junta de Control Fiscal ordenó hoy al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia detener la aplicación de la Ley 41, que amplió derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del sector privado.

Pero el mandatario en declaraciones escritas aseguró que no frenará la implementación del estatuto.

“El gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá la Ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley PROMESA no faculta a la Junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá la enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, afirmó Pierluisi Urrutia.

El presidente de la Junta, David Skeel, realizó la petición en una misiva de 10 páginas enviada hoy  a Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. En la carta, Skeel solicitó información al ejecutivo para evaluar el impacto del estatuto a la luz de los requerimientos de Promesa y su cumplimiento con plan fiscal certificado. También ordenó detener su implementación hasta que el ente fiscal culmine su análisis.

“Además, instamos al Gobierno a emitir una declaración pública que confirme dicha suspensión para evitar confusiones entre los patronos privados que se preparan para la implementación de la ley, a pesar de que ya se haya determinado que perjudica y/o anula los propósitos de PROMESA”, indicó Skeel.

El ejecutivo tiene hasta el 22 de julio para entregar la información requerida.

El pasado 20 de junio, a través de un mensaje televisado, el primer ejecutivo anunció que había estampado su firma al Proyecto de la Cámara 1244 que restituyó derechos que los empleados y empleadas del sector privado habían perdido al aprobarse la Ley 4 del 2017. Al realizar el anuncio, Pierluisi Urrutia rechazó los planteamientos esbozados por la JCF, luego de que la Legislatura aprobó la medida. En ese momento como ahora, el ente fiscal esgrimió que Pierluisi Urrutia no podía firmar la medida porque era inconsistente con el plan fiscal certificado. También alegó que la pieza legislativa tendría un efecto adverso en la economía.

Gobernador veta medida que reducía deuda de la AEE

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó hoy una medida que hubiera creado la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica o el proyecto de Cámara 1383, una pieza legislativa que la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió era inconsistente con el plan fiscal certificado.

Esta medida recortaba en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, emplazó al mandatario a convertirla en Ley como una propuesta permanente para atender el alto costo de producir energía en Puerto Rico.

En la carta al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el mandatario argumentó que esta medida era “tan deficiente de su faz” que en vez adelantar el plan de reestructuración de la deuda de la AEE lo atrasaría y también aumentaría el riesgo de que se nombre a un síndico “cuya función principal sería garantizar el pago de la totalidad de la misma”.

También señaló que el proceso de negociación de la deuda de la corporación pública se litigaba en el ámbito federal bajo las disposiciones del Título III de Promesa.

“El PC 1383 es contrario a nuestro ordenamiento jurídico vigente”, indicó.

Pierluisi Urrutia también vetó el Proyecto de la Cámara 6 que creaba la Ley para la Transparencia Fiscal y eliminaba el manto de secretividad que cobija a la JCF y al gobierno en los procesos relacionados a la Ley Promesa y la quiebra gubernamental.

En las misivas enviadas al Senado, el mandatario informó que impartió un veto a  un total de ochos medidas. Estás son:

-Proyecto de la Cámara 774, que buscada enmendar la Ley de Política Pública Energética para incorporar el principio de justicia ambiental, darle a la AEE la facultad de delegar o transferir las operaciones de generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico, prohibir que la compañía matriz del consorcio que administra el sistema de transmisión y distribución participe en el proceso de reconstrucción de la red eléctrica, y quitarle al Negociado de Energía la facultad para supervisar contratos de las alianzas público privadas, entre otros cambios.

-Proyecto de la cámara 775 que enmendaba la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico.

-Proyecto de la Cámara 985 que proponía incluir a Gilberto Concepción de Gracia en la lista de hombres y mujeres próceres de Puerto Rico.

-Proyecto de la Cámara 1133 concedía un aumento al salario base de las personas cuyos ingresos dependen de propinas.

-Proyecto de la Cámara 775 para enmendar la Ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico para eliminar exenciones en los contratos de las alianzas relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica

-Resolución Conjunta de la Cámara 39 para ordenar a la secretaria de corrección atender los reclamos de los confinados y sus familiares relacionados a situaciones en la cárcel El Limón de Mayagüez  y por mal manejo de los protocolos de covid-19.

-Resolución Conjunta a Cámara 323 que ordenaba la implementación de sistemas de ventilación y desinfección contra el covid-19 en las facilidades educativas del Departamento de Educación.

En el caso de la medida para aumentar el salario mínimo de los empleados y empleadas por propina, Pierluisi Urrutia indicó que aunque la medida era loable, las consideraciones que pretende aplicar ya están contenidas en la política pública establecida por la Ley 47-2021 o Ley del Salario Mínimo, aprobada el 27 de septiembre de 2021.

Corrección intercepta cargamento de alegada droga en cárcel de Ponce

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informó hoy que oficiales de custodia de la institución Anexo Ponce Mínima detectaron 50 paquetes de alegada droga dentro de cajas cuya rotulación indicaba que contenían Bio Clorox.

“Esta mañana personal de custodia de la institución recibió materiales de mantenimiento entre ellos unas cajas que alegadamente contenían Bio Clorox.  El oficial a cargo notificó a sus superiores quienes activaron a personal de la División de Inteligencia y a la Unidad Canina para la inspección de las cajas.  El can del DCR marcó como positivo a drogas la mercancía por lo que se notificó al task force del FBI y la DEA, agencias que colaboran con el DCR y el Negociado de la Policía (NPPR) en la investigación de estos hechos para determinar qué tipo de sustancia es y cómo llegó a los almacenes”, sostuvo la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.

Escobar Pabón indicó que ordenó la paralización de la entrega de mercancía en todos los almacenes mientras se realiza una inspección en estas instalaciones.

“Inaceptable” el servicio de Autoexpreso para el Gobierno

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, describió como “inaceptables” los incidentes recientes en el manejo del sistema de AutoExpreso, pero admitió que el contrato con la empresa operadora no contiene cláusulas que permitan responsabilizarla por estas fallas.

Dijo que “a finales de agosto estaremos recibiendo las propuestas. Entre finales de septiembre y octubre debemos estar adjudicando ese contrato para entonces comenzar esa transición a un nuevo operador que vaya a montar un sistema nuevo’. 

Fuente: El Vocero