El Departamento de Asuntos del Consumidor informó que los precios de la gasolina amanecieron con nuevos aumentos. La gasolina regular marca Shell se venderá en algunas estaciones a $1.35 centavos, la ‘premium’ a $1.50 y el diésel a $1.44 centavos.
En el renglón de la gasolina ‘premium’, los precios varían por marca desde 136.7 a 150.7 centavos el litro.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de Estados Unidos, el 80% de Puerto Rico está bajo tiempo anormalmente seco, mientras que el 18% está en el nivel de sequía moderada.
Según el Monitor de Sequía, un tiempo anormalmente seco significa que hay poca lluvia, mientras que la sequía moderada implica que los cultivos y los agricultores se preparan para la falta de agua, aumenta el peligro de incendios, el nivel de los embalses disminuye y quedan expuestas las orillas de los lagos.
De los once embalses, Toa Vaca está en nivel de ajuste operacional, mientras que Carite, Guajataca y Cerrillos están en nivel de observación. Mientras los dos principales embalses de la isla, Carraízo y La Plata están cerca del nivel de observación.
Fuente: El Vocero
El Comité de Pedro Pierluisi solicitó a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) la desestimación sumaria de la querella que se reabrió a finales de mayo, relacionada con la supuesta coordinación entre el equipo de campaña del gobernador y el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico (Super PAC). Esta querella había sido desestimada en septiembre de 2020, pero luego del arresto por las autoridades federales del creador del Super PAC y amigo del gobernador, Joseph “Joey” Fuentes Fernández.
Fuente: Noticel
En Puerto Rico solo está vigente el programa federal de asistencia a los adultos mayores pobres, personas ciegas y con discapacidad (AABD, en inglés), que provee una ayuda sustancialmente menor al Seguro Social Suplementario (SSI). En 2020, se estimó que la extensión del SSI a la isla costaría $2,270 millones anuales. Mientras, por el AABD, el gobierno federal otorga unos $26 millones anuales a Puerto Rico, a los que se suman $6.2 millones de fondos estatales.
Fuente: El Nuevo Día
El gobernador Pedro Pierluisi junto al liderato de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), anunció que ya fueron aprobados 15 proyectos dirigidos a restaurar el sistema de generación, transmisión y distribución eléctrica en la isla.El gobernador precisó que la cantidad total de proyectos para el sistema energético es de 216 y deben estar listos en ocho años.
Fuente: El Nuevo Día
Un jurado de siete hombres y cinco mujeres encontró esta tarde culpable al exrepresentante del Partido Nuevo Progresista, Néstor Alonso Vega, de participar en un esquema de sobornos ilegales o “kickbacks” para quedarse con una tajada del salario de un empleado.
Alonso Vega enfrentaba nueve cargos de robo y soborno de fondos federales y por defraudar al estado de servicios honestos. Según el ministerio público, se apropió de $40,000 a través del cual supuestamente infló el salario de un empleado de su oficina cameral para quedarse con una partida de su sueldo como requerimiento para mantener el empleo.
En la mañana, el juez federal Raúl Arias Marxuach denegó una petición de desestimación presentada por el licenciado Michael Corona Muñoz.
Durante el juicio, el fiscal Scott Anderson sentó a declarar a ocho testigos. La defensa no presentó testigos.
Previo a que el jurado se retirara a deliberar, la defensa alegó que la evidencia de las grabaciones fue planificada por el empleado Alexis Torres y que en ningún momento Alonso Vega habló de un plan entre ellos. Sostuvo que Torres fabricó el caso.
Mientras, Fiscalía dijo que Torres le dio miles de dólares a Alonso en el carro y en ningún momento se escucha a Alonso cuestionar por qué le estaban dando ese dinero.
El juez instruyó al jurado que no tuviera en consideración las alegaciones de que Alonso Vega sostenía relaciones sexuales con empleadas en su oficina porque no es pertinente al caso de corrupción.
A la salida del juicio Corona expresó a la prensa que el dinero recibido por Alonso Vega de parte de Torres era “adeudado” por adelantos personales que le había hecho a su empleado con quien tenía una relación de confianza.
Además, elaboró sobre lo que mencionó durante su argumento final acerca de un aparente “proceso de espionaje político” de parte de Torres para la campaña de las primarias por la gobernación de Wanda Vázquez.
Según Corona esta teoría no surge “de la nada”, si no que el mismo Torres admitió haber grabado a varios legisladores y facilitado las grabaciones presentadas como evidencia por la fiscalía, al equipo de la exgobernadora.
A cuestionamientos de la prensa sobre si las expresiones de Alonso Vega en las grabaciones acerca de que ambos guardaran silencio son incriminatorias, Corona sostuvo que no lo son. Según el abogado “si lo pones en el contexto de que están hablando de el despido de Alexis Torres por hacerle espionaje contra los políticos y estamos hablando de una campaña política ese año, pues usted puede […] entender que cuando el está diciendo tumba, él está protegiendo a Alexis Torres de todas las grabaciones que le hizo ilegales a todo el equipo de Pierluisi”.
El abogado confirmó que apelará la decisión del jurado y que buscará que se tome en cuenta que Alonso Vega es no vidente para la determinación del tipo de sentencia que se le imponga.
Mientras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) revocó hoy la concesión de uso de playa y casa rodante a la corporación del expresidente de la Junta de Subastas de Carreteras, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, informó que refirió la situación a la oficina de Recursos Humanos de dicha agencia.
“Moisés Sánchez Loperena no es presidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras desde el 2021”, explicó González Montalvo en declaraciones escritas ante cuestionamientos de este diario.
Fue la pasada semana cuando el medio ¡Ey, boricua! reveló que Sánchez Loperena, quien ahora sabemos que dejó de presidir la Junta de Subastas de la ACT el año pasado, instaló una casa rodante y se apropió de más de 30 pies de playa en el kilómetro 13.9, carretera PR-102, en la comunidad de Joyuda, Cabo Rojo, luego que su empresa Blue Bay Village LLC obtuviera un permiso ilegítimo de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre.
En una historia de seguimiento de Cuarto Poder (WAPA-TV), revelamos que fue el propio exsecretario Rafael Machargo quien firmó la concesión.
Esta tarde, el periodista Marcos Pérez Ramírez, de ¡Ey Boricua! confirmó mediante documentos lo que durante la mañana la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, dejase entrever en entrevista radial con la compañera Milly Méndez, de Cuarto Poder, a través del espacio Dígame la Verdad, de Radio Isla 1320: que la concesión sería revocada.
Blue Bay Village, LLC, la empresa que dirige Sánchez Loperena, se había quedado con más de 30 pies de playa con tan solo instalar un camper. Y todo fue aprobado con la firma del otrora secretario del DRNA, Rafael Machargo, en febrero del año pasado.
Así lo dice el documento de la concesión otorgada el 8 de febrero del 2021 por el DRNA que firmó el entonces secretario Machargo. González Montalvo indicó que desde el 16 de septiembre de 2021, la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras está presidida por Marco García Gallina, ayudante especial del director ejecutivo.
Esto quiere decir que, en efecto, Sánchez Loperena figuraba como presidente de la Junta de Subasta del ACT cuando recibió el espaldarazo de Machargo y el DRNA para la concesión.
“En estos momentos nos mantenemos alertas ante la situación que lo vincula a una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). A su vez, la situación ha sido inmediatamente referida a la oficina de Recursos Humanos de la ACT, para la evaluación correspondiente”, señaló González Montalvo.
DECISIÓN DE RECURSOS NATURALES
En comunicado de prensa, divulgado en la tarde de hoy, Rodríguez Vega, informó que revocó el permiso otorgado para que un “camper trailer” ocupara bienes de dominio público en el barrio Joyuda del Municipio de Cabo Rojo.
También ordenó que “cualquier material, equipo y/o estructura construida y/o colocada -autorizada o no autorizada- en la concesión revocada, deberá ser eliminada y removida de las aguas territoriales, los terrenos bajo estas y la zona marítimo terrestre en un término de 10 días calendario.”
En su orden, la funcionaria exigió al dueño de la casa rodante demoler y remover cualquier estructura con cimientos en un lapso no mayor de 45 días con los adecuados permisos requeridos y aprobados por la Oficina de Gerencia de Permisos. También deberá establecer un plan de restauración evaluado y aprobado por el DRNA.
Según la investigación y revisión del expediente realizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la concesión se otorgó a Blue Bay Village LLC/Willidy Vega Acevedo, Moisés A. Sánchez Loperena, el 8 de febrero de 2021.
Sin embargo, del expediente no surgen documentos necesarios, como un documento ambiental ni el de cumplimiento con un artículo de la Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley 416-2006, artículo 4(B)(3). Tampoco el concesionario presentó evidencia de haberse acogido a una Exclusión Categórica. No obstante, la Resolución R-11-17 de Exclusiones Categóricas, aplicables al momento de solicitar la concesión, establece que la acción propuesta no podrá estar ubicada en áreas con riesgos de inundación, derrumbes o marejadas. Esa área costanera de Joyuda es de alto peligro de inundación por marejadas.
De la investigación realizada surgió que “el concesionario realizó construcciones no autorizadas, como la construcción de una verja en tubo galvanizado y tela eslabonada (”cyclone fence”), piso en concreto y tablado en madera, el cual no estaba autorizado por la concesión”.
El DRNA determinó que “la concesión se otorgó sin considerar todos los criterios necesarios o información que no corresponde a la realidad”.
El exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, cumplirá 24 meses de prisión tras confesar su participación en el esquema de sobornos que involucra la empresa de recogido de basura, Waste Collection, y su otrora presidente Oscar Santamaría Torres.
Arroyo Chiqués es el primer alcalde o funcionario público sentenciado por esta pesquisa federal en curso.
El hombre, de 56 años, se entregará voluntariamente a las autoridades y tras cumplir el término de cárcel estará durante dos años bajo libertad supervisada.
En la vista de imposición de sentencia, que se celebró esta tarde mediante videoconferencia, el abogado Ernesto Hernández Milán impugnó con éxito la petición de sentencia del ministerio público, que pedía 46 meses de prisión, y aseguró que Arroyo Chiqués ofreció “cooperación sustancial” al implicar en este esquema de corrupción a los dueños de J.R Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas.
Según el abogado, Arroyo Chiqués también ofreció información sobre una reunión en la que estuvo el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, quien es investigado por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, y el ahora exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, arrestado el mes pasado por agentes del FBI.
Hernández Milán contó que en esa reunión se discutió que Arroyo Chiqués firmaría el contrato de la empresa de recogido de basura antes de dejar el cargo y se garantizó la continuidad del esquema con la presencia del candidato y próximo alcalde de Aguas Buenas a partir del 2017.
“El ofreció todo lo que sabía el primer día que se reunió con los agentes federales y el ministerio público. Después de esto, en menos de dos semanas se declaró culpable”, apuntó el Hernández Milán.
“El gobierno me dijo que no lo va a aceptar como un testigo, pero eso no borra que él proveyó cooperación sustancial. Si el gobierno rehúsa presentar una moción que reconozca la cooperación sustancial o una moción de válvula de seguridad, hay jurisprudencia que establece que la defensa puede pedir ese remedio”, agregó.
La defensa abogó a favor de una sentencia suspendida.
La jueza Silvia Carreño Coll no acogió la recomendación del ministerio público, que la semana pasada presentó un memorando suplicando a la togada la pena de 46 meses para que enviara un mensaje inequívoco para disuadir a otras personas de incurrir en este tipo de conducta.
Aunque imponer la sentencia, Carreño Coll indicó que no existían documentos que consignaran un acuerdo de colaboración con el ministerio público, recalcó que en este caso ameritaba apartarse de las guías de sentencia y de la recomendación de la Fiscalía Federal.
Previo a dictar la sentencia de 24 meses de prisión, la togada repasó los detalles de la alegación de culpa, las condiciones médicas del exalcalde popular y mencionó las cartas que recibió de amigos, vecinos y excompañeros de trabajo pidiendo indulgencia para el ahora convicto.
“Estas personas creen que usted se puede rehabilitar y que todavía puede contribuir mucho a la sociedad”, apuntaló.
Antes de escuchar la sentencia, Arroyo Chiqués pidió disculpas a los ciudadanos de Estados Unidos y de Puerto Rico por sus acciones.
“Pido perdón a la gente de Aguas Buenas”, afirmó en una breve alocución.
En su memo la semana pasada, el fiscal federal Nicholas Cannon consignó que Arroyo Chiqués se comunicó con las autoridades federales antes de que tocaran a su puerta y luego de las alegaciones de culpa y acuerdos de colaboración del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, de Santamaría Torres y del presidente de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos. Ninguno ha sido sentenciado todavía, pero se exponen a un máximo de 5 años de cárcel.
Hoy, Cannon planteó que el exalcalde popular se benefició del acuerdo puesto que solo se declaró culpable por un delito y debido a que el ministerio público limitó el periodo de la conspiración a un año, del 2016 al 2017.
“No anticipamos que él va a continuar cooperando de ninguna manera, pero sí reconocemos que aceptó responsabilidad total por sus acciones”, señaló el fiscal.
Pero no objetó la decisión de la jueza de imponer una sentencia más leniente, ni que Arroyo Chiqués se entregara de forma voluntaria.
De manera sorpresiva, Arroyo Chiqués se declaró culpable el pasado 16 de diciembre de negociar un soborno mensual de $5,000 a cambio de otorgar un contrato de 10 años a Waste Collection. El ahora convicto firmó el contrato en su último año como alcalde.
Según la denuncia y el documento de aceptación de culpa, Arroyo Chiqués, quien dirigió los destinos de Aguas Buenas del 2005 al 2017, comenzó a recibir el pago ilegal en efectivo en el 2016. Los pagos continuaron hasta junio del 2021 y después de su retiro de la política.
El pasado 13 de abril la cuenta de Twitter de Discover Puerto Rico publicó una imagen de la casa del convicto por corrupción Anaudi Hernández con un mensaje en inglés que decía: “A veces, las palabras no son necesarias. Que el resto de tu semana sea tan impresionante como las vistas que disfrutarás en #PRdise”.
La imagen también estaba acompañada de los hashtags #ItsTimeToBook y #DiscoverPuertoRico además de un emoji de pin con la dirección “Casa Herdz- Aguadilla”.
Posteriormente el tweet fue eliminado.
Edward Zayas, principal oficial de estrategias de Discover Puerto Rico expresó: “La imagen surge de las publicaciones una visitante de Puerto Rico. Discover Puerto Rico, al ver que se trataba de una foto que por su calidad podía ayudar al mercadeo de la Isla como destino turístico pidió a la autora permiso para incluir la foto en nuestras publicaciones en las redes sociales. Cuando fuimos enterados de que la foto fue tomada en la misma propiedad que hace unos años estuvo en controversias por las investigaciones sobre corrupción decidimos eliminar la imagen. Discover Puerto Rico usa imágenes distintos tipos de alojamientos y provenientes de nuestros fotógrafos, influencers y turistas en general para promover a Puerto Rico como destino turístico. Tanto los hoteles como los paradores y los alquileres a corto plazo son incluidos en nuestra gama de imágenes usadas para promocionar nuestro archipiélago. Discover Puerto Rico no tiene injerencia alguna en torno a las propiedades que pueden ser incluidas en las plataformas de alojamientos. Nuestro personal tampoco pudo identificar inicialmente que se trataba de la propiedad que generó controversias hace unos años, pero al ser notificados del asunto, tomamos de inmediato la acción correspondiente”.